Elena Torres, teleprensa.com Almería
Aún no siendo casi ninguno ejemplo de nada y por lo tanto ‘nadie pueda dar lecciones de nada’ como tanto les gusta decir para rebatir a sus rivales, lo cierto es que los comportamientos políticos son bastante diferentes en unos y otros partidos.
Por ejemplo, durante dos días seguidos han debido comparecer ante la Policía, que se encuentra en fase de investigación, dos concejales socialistas para explicar algunas irregularidades detectadas en torno a un presunto fraude por cobro de subvenciones para cursos de formación que no se han impartido. Un día se persona en la Comisaría el edil de Roquetas de Mar imputado y tras optar por no declarar ante los agentes, alegando que desconoce la instrucción, decide dejar sus cargos tanto en el partido como en el Ayuntamiento, a cuya corporación pertenecía.
No obstante, el hombre, Juan Fernando Ortega Paniagua, contesta a cuantos medios le piden explicaciones y asegura estar muy tranquilo porque entiende que las cuentas están claras y los cursos se han impartido y además ‘han gustado’ a los alumnos. A pesar de ello, como estos procesos son más largos de lo que uno deseara y dada que la imputación puede pesar sobre él todavía durante algún tiempo decide ‘quitarse de en medio’ y no enmarañar ni institución ni partido, a sabiendas que todos están demasiados tocados por la corrupción en los últimos tiempos y ello provoca la desafección de la sociedad de la vida política. Exagerado o no, se vea o no culpable, lo cierto es que prefiere la retirada a titulares con las siglas del PSOE cuestionadas. Es empresario y todo indica que ha optado por pasar página, al menos de momento, y seguir con su trabajo.
El otro concejal también socialista, José Luis Leseduarte, que ha declarado ante la Policía es de Vícar. En su caso ni siquiera tiene vínculo empresarial con el centro de formación que se investiga. Lo mismo, sale de su declaración y manda nota a los medios donde explica la situación, como ha sido su declaración y que no está imputado, entre otras razones, por lo que no va a dejar ni su acta de concejal ni su vida política.
Como digo, el asunto es ‘casi igual’ al visto hace unos meses cuando el alcalde de Roquetas de Mar y presidente del Partido Popular en Almería , Gabriel Amat, fue citado a declarar ante una jueza, -nada de policía ni fase preliminar-, por el caso La Fabriquilla. Entró con ‘escolta’, salió más escoltado si cabe y… calló. Evitó todo lo que pudo la celebración de plenos, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación en donde también es presidente, y como tuvo que convocarlos finalmente, pues utilizó todos los medios a su alcance para ‘boicotearlos’. Al menos así interpreto yo convocatorias de pleno a las 8 horas cuando habitualmente se celebran a las 10 o las 11, al menos ‘casi nunca’ antes de las 9. Además se quitó de encima el asunto rápidamente y en cuestión de minutos, diez poco más, se fundió cualquier posibilidad de aclarar el asunto a la ciudadanía porque muy al contrario de lo que crea, un pleno es una oportunidad para dirigirse a los vecinos. Amat se empeña en hacernos creer que sólo debe hablar en el juzgado y se lava las manos. Sin explicaciones públicas ni rubor ninguno, repite como alcaldable y ésta ya es la quinta vez. A quien tanto le molestan 30 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, con hasta seis caras diferentes a lo largo del tiempo, no le importa en absoluto que sea su jeta después de 20 años la que siga al frente de la política municipal de Roquetas. Varas de medir.
