martes. 27.02.2024

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Artículo segundo.- En todo caso están comprendidos en la amnistía a): Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos…”

Una de esas cosas que te enseñan en casa es aquello de ser pudoroso, entendido como esa necesidad de ser educadamente recatado en el comportamiento, honesto, modesto, es decir, una persona que no se significa por sobresalir pisando a nadie, y que se resume en un sencillo y cariñoso mandato: “honradez”. Y hasta no hace muchos años, esa honestidad y honradez era una seña de identidad muy española, aparte de nuestro gen picaresco. Así cuando ibas a un lugar te gustaba si el paisaje merecía la pena, la comida era sabrosa y asequible, pero por encima de todo te gustaba si encontrabas gente honesta. El trato, por encima o a la par de los servicios.

Cuando se pierde el pudor, cuando todo da igual, el modelo se rompe. Da igual que quien da sea un mercenario que sólo quiere tu dinero o tu voto, o que quien recibe sea un cabroncete con pintas al que todo le importa un carajo porque sencillamente no quiere estar ahí ni en ningún otro lado, sólo destruir. Como esos que dice el dicho popular de “para lo que me queda en el convento…”

Pues con la ley de amnistía, el pronunciamiento de “ocho jueces conservadores” del Consejo General del Poder Judicial y demás voces del coro, pasa exactamente eso. Se ha perdido el pudor.

Un dominico francés llamado Jean Lacordaire dejó como, llamémosle, regla para la posteridad que “honrado es aquel que mide sus derechos por sus deberes”. Así, pues es muy complicado que un órgano judicial que lleva cinco años batallando políticamente para no ser renovado, hasta tener por primera vez en la historia de este país un caso de okupas en el más alto órgano de dirección del tercer poder del Estado, el Judicial, sea relevante.  Lacordaire dejó esa cita en el 1800, ¿antigua verdad? Pues de esas fechas son nuestro Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debe ser que en aquellos años se pensaba más que ahora.

Para que nos hagamos una idea. Un poder del Estado que pide que no se interfiera en sus asuntos, el Judicial, emite un comunicado respondiendo a una nota de prensa de dos partidos políticos sobre una medida que tomarán en breve, valiéndose para ello del poder que les confiere la Constitución Española. Es decir, van a presentar una ley que debe ser votada. Y como es una ley especial, que afecta directamente a esos principios básicos de la Carta Magna, pues sencillamente debe ser Ley Orgánica. Creo que hasta ahí se entiende y, por tanto, se deduce, que es una norma que hacen quienes pueden hacerla, que son los diputados y senadores como poder legislativo, los que hacen las leyes, y que si cuenta con mayoría suficiente saldrá adelante.

El resto son castillos de fuegos artificiales que tratan de aprovechar el desconocimiento, la incultura o la apatía de la gente para generar confusión. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque al final lleva al descrédito. Los medios comunicación saben muy bien de esos efectos, porque de significarse tanto a la derecha o izquierda del panorama político, han perdido una fuerza que ahora radica en youtubers e instagramers. Y sí, da miedo, pero la gente busca refugios cuando el estándar ya no genera confianza, y con ello se convierten en carne cañón para los populismos.

¿De verdad que el Poder Judicial quiere llegar a ese punto? ¿Señores que ocupan un puesto que hace más de cinco años que no les corresponde hablando de la legitimidad de otros? No lo veo.

Y para que todos nos llevemos las manos a la cabeza, dejo algo tan transparente y aceptado como la Ley 46/1977, de 15 de octubre:

Artículo primero.

I. Quedan amnistiados:

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

II. A. los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.

Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.

b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.

c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.

d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Artículo tercero.

Los beneficios de esta Ley se extienden a los quebrantamientos de condenas impuestas por delitos amnistiados, a los de extrañamiento acordados por conmutación de otras penas y al incumplimiento de condiciones establecidas en indultos particulares.

Artículo cuarto.

Quedan también amnistiadas las faltas disciplinarias judiciales e infracciones administrativas o gubernativas realizadas con intencionalidad política, con la sola exclusión de las tributarias.

Artículo quinto.

Están comprendidas en esta Ley las infracciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad.

Artículo sexto.

La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio.

Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación.

Artículo séptimo.

Los efectos y beneficios de la amnistía a que se refieren los cuatro primeros artículos serán en cada caso los siguientes:

a) La reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos Cuerpos, si hubiesen sido separados. Los funcionarios repuestos no tendrán derecho al percibo de haberes por el tiempo en que no hubieren prestado servicios efectivos, pero se les reconocerá la antigüedad que les corresponda como si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios.

b) El reconocimiento a los herederos de los fallecidos del derecho a percibir las prestaciones debidas.

c) La eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido.

d) La percepción de haber pasivo que corresponda, en el caso de los militares profesionales, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha del acto amnistiado.

e) La percepción del haber pasivo que corresponda a los miembros de las Fuerzas de Orden Público, incluso los que hubiesen pertenecido a Cuerpos extinguidos.

Artículo octavo.

La amnistía deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, derivados de los hechos contemplados en los artículos primero y quinto de la presente Ley, restituyendo a los afectados todos los derechos que tendrían en el momento de aplicación de la misma de no haberse producido aquellas medidas, incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social y Mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del Estado.

Artículo noveno.

La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los Jueces, Tribunales y Autoridades Judiciales correspondientes, quienes adoptarán, de acuerdo con las Leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta Ley, cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso y la jurisdicción de que se trate.

La decisión se adoptará en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos.

La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, del ministerio fiscal. La acción para solicitarla será pública.

Artículo diez.

La autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura de los que estuviesen declarados en rebeldía.

Artículo once.

No obstante lo dispuesto en el artículo noveno, la Administración aplicará la amnistía de oficio en los procedimientos administrativos en tramitación y a instancia de parte, en cualquier caso.

Articulo once bis.

Las acciones para el reconocimiento de los derechos establecidos en esta Ley serán imprescriptibles. No obstante, los efectos económicos de los derechos reconocidos estarán sujetos a las distintas normas de prescripción del Ordenamiento Jurídico.

(Declarado inconstitucional en cuanto declara imprescriptibles las acciones laborales incluidas en los arts. 5 y 8 de esta ley, según establece la Sentencia del TC 147/1986, de 25 de noviembre. Ref. BOE-T-1986-32272)

Artículo doce.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid a quince de octubre de mil novecientos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente de las Cortes,

ANTONIO HERNANDEZ GIL

Un país sin pudor
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