La diferencia entre los ciudadanos españoles o personas residentes en España frente a muchos otros es que los primeros saben que hay unas leyes que les protegen, normas que regulan la convivencia y nuestro modo de vida. Todos tenemos claro que si a cualquiera de quienes viven aquí les obligan a firmar un trato bajo amenazas, con violencia expresa o con temor racional a que ese mal anunciado se lleve a cabo, ese contrato es nulo. Tarde o temprano la víctima quedará liberada de esa obligación y, más que probablemente, debidamente indemnizada por el daño sufrido bajo esa coacción o amenaza revestida de supuesto acuerdo o contrato.
Bien. Tenemos un principio claro. La amenaza y la coacción no validan un contrato o acuerdo.
Es cierto que en el caso de España rápidamente tiraríamos del código civil mirando hacia la falta o vicios en el consentimiento y, como consecuencia, la nulidad. Caso resuelto y el malo paga.
Pero en la esfera internacional tenemos tratados, no leyes comunes ni mucho menos universales, y lo más parecido a ellas es algo que seguimos denominando con un latinajo (ius cogens), precisamente para que no se entienda, porque su valor es también difícil de entender.
Digamos que es ironía jurídica de mal gusto.
Y si lo aplicamos a Venezuela nos encontramos con que un presidente de un país, en este caso EE.UU. al que le quedan única y exclusivamente tres años de mandato, y que no podrá volver a presentarse porque la constitución de esa nación lo prohíbe, está hipotecando a los que vengan detrás a resarcir el daño que hoy pueda hacer.
Venezuela será expoliada, pero durante tres años. Imagino que ahora también lo estaba siendo por gente de dentro, pero esa es otra historia.
Ningún acuerdo o tratado bilateral que se firme en estas circunstancias tendrá validez alguna para la comunidad internacional. Precisamente porque ninguno de esos países aceptaría que fuese legal en su propio territorio un contrato firmado en esas condiciones de consentimiento. Bueno de ausencia de este.
En Estados Unidos, más allá de Demócratas y Republicanos en el panorama político, existe un sistema judicial que lo mismo que condena a una empresa a pagar indemnizaciones inimaginablemente multimillonarias por una responsabilidad civil subsidiaria que jamás seríamos capaces de sacar adelante en España, tiene mazo suficiente para enmendar la plana a su presidente y resarcir a sus víctimas.
Dicho de otro modo. Es cuestión de tiempo. Trump caerá y sus conciudadanos pagarán a futuro los platos rotos. Los pagaremos entre todos porque ese principio de confianza sobre los mínimos razonables se ha quebrado definitivamente.
Es Trump. Son tres años más y lo único que podemos hacer es demostrarles a sus empresas, a los EE.UU., que podemos vivir sin ellos. Que no son bienvenidos en nuestras casas en estas condiciones y que, como decían las abuelas, ya pagará el inglés el vino que se bebió. Tengamos claro que a un presidente que baila como un idiota, se expresa como un idiota y razona como un idiota, sólo se le puede tratar como a ese engreído sin fundamento al que hay que padecer, pero por el que jamás nos dejaremos convencer si no somos eso: idiotas.
