Javier A. Salvador, teleprensa.com
Dos funcionarios de la Diputación Provincial de Almería firmaron en julio un certificado según el cual las obras de Olula del Río proyectadas desde 2014 no habían comenzado, cuando el propio ayuntamiento colgaba en internet el 18 de Mayo, dos meses antes, la foto de su plaza terminada a unos días de las elecciones. Puede que les engañasen, pero se supone que ese acta se hizo en el lugar en cuestión después de inspeccionar los lugares en los que no debían haber empezado las obras ¿Falsearon, adulteraron la realidad? Ahora toca saber si lo hicieron de motu proprio u obligados por sus jefes políticos, y claro, junto a los técnicos de ese acta van detrás los firmantes del informe jurídico, el de secretaría, los dos informes preceptivos de intervención sobre gasto y o fiscalización, para empezar.
La consiga de partido es que como político sólo se firma lo que los técnicos ponen delante, aunque de cara a la galería más de uno se dará golpes en el pecho de que por su gente mata. Mentira.
Para que se hagan una idea, es muy posible que en el pleno de Diputación Gabriel Amat o cualquiera de su acólitos salgan con lo de siempre “nos vamos a querellar… ya estamos hartos de infamias… el periodista es un canalla”, pero eso es de cara a los medios de comunicación, porque cuando les llama el fiscal, el juez o el que lleve la investigación, lo primero que van a soltar por su boca es “a mi me lo puso delante un técnico señoría… yo sólo soy un político que nunca ha querido hacer mal a su pueblo”, además de todas esas cosas que puedan ponerles a salvo con la ley en la mano.
En Almería el colectivo de funcionarios relacionados con la obra pública conoce perfectamente el caso del que fue jefe de servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento de Almería, imputado en el caso del Mesón Gitano. Para refrescar la memoria a todos contaremos que este señor, junto a otros colegas suyos, está en pleno proceso judicial por el presunto amaño de un contrato de obra pública. Además, por medio de una sociedad de su difunta esposa, mantenía una estrecha relación con la empresa constructora Facto, de hecho la empresa de su mujer era copropietaria de la constructora pese a lo que participaba en procesos de adjudicación. Dicen que había pactado con el ayuntamiento no tirar de la manta si no había expediente disciplinario que agravase su ya complicada situación procesal y personal, y entre todos veían cómo salían adelante.
Pues vayan y pregúntenle, porque hay expediente y en el juzgado se las va a ver más que solo. Claro, que el hecho de que el hermano del actual concejal de Urbanismo y posible nuevo alcalde de Almería si Ciudadanos de Albert Rivera lo permite, trabajase también en esa empresa no tiene nada que ver. Tampoco se les ha ocurrido a los investigadores tirar del historial de contrataciones de la empresa en cuestión y ver cuántos familiares del equipo de gobierno de los últimos años han pasado por ahí, y concretamente relacionados con obras públicas.
En el caso Olula no va a ser diferente y si los funcionarios no espabilan, si se creen la protección que les va garantizar su político de turno o el más alto funcionario de la casa , el que siempre baila al son del jefe de turno, les recomiendo que miren hacia la Alcazaba y recuerden el caso del Mesón Gitano para hacer números de cuántos políticos hay imputados y cuántos técnicos están hasta las cejas.
Pues se lo voy a contar yo, cero políticos frente a siete técnicos y un empresario.
Y contesto desde aquí a una pregunta sobre por qué cambiamos el titular de la última información e hicimos desaparecer el verbo falsificar que utilizamos de la primera versión para describir aquello que falsea o adultera algo y no imputando delito a nadie, que eso debe hacerlo un juez. No se trata de anticiparnos a las amenazas de Gabriel Amat o Javier Aureliano García, presidente del PP y secretario provincial del mismo respectivamente, - a las que ya estamos acostumbrados-, sino de tener piedad de esos funcionarios a los que han enfangado hasta las orejas porque tienen hijos, esposas, familiares y amigos que también se conectan a internet y sí, sólo por ellos, por los terceros, decidimos tener el miramiento que los propios políticos y los medios a los que mantienen cautivos publicitariamente no tienen normalmente cuando alguien es declarado enemigo del régimen.
Es el momento de saltar del barco y ponerse a salvo, pero que esta vez no sean los del puente de mando los primeros en quedar a buen recaudo.
