Luchar contra la inmigración ilegal es legítimo; luchar contra la inmigración, sencillamente, es absurdo. España necesita mano de obra extranjera para seguir siendo la huerta de Europa y para mantener una economía que, en los últimos años, ha alcanzado cifras de empleo récord. Hoy hay más personas cotizando a la Seguridad Social que nunca en nuestra historia, y esto coincide precisamente con la incorporación de miles de trabajadoras y trabajadores migrantes.
El mercado laboral absorbe esa mano de obra porque la necesita, y es gracias a su aportación que podemos atender las demandas de esa Unión Europea a la que pedimos pasta constantemente, cumplir con estándares de calidad y garantizar el futuro de nuestras pensiones.
Negar esta realidad es negar la evidencia y condenarnos a la decadencia.
Pero recapitulemos.
En los últimos años, la inmigración en España se ha convertido en un asunto envenenado por discursos de odio, instrumentalizado por quienes buscan dividirnos en extremos totalmente polarizados y obtener rédito político a costa de la convivencia y la dignidad humana.
Como periodista, lo he vivido todo: desde la llegada, hace más de dos décadas, al puerto de Almerimar, de un pesquero desvencijado con más de un centenar de personas a bordo —niños que apenas eran bebés, de mirada perdida, que no sabían qué diablos hacían en un muelle rodeados de cámaras— a, cómo no, el desembarco de cadáveres encontrados en el mar. Como abogado, se me ponen los pelos como escarpias cuando veo imágenes y leo comentarios en redes sociales y medios de comunicación llamando a cacerías, sin que como conjunto hagamos nada al respecto de manera contundente. Pero el asunto es más grave visto desde una provincia que primero fue emigrante y ahora los recibe. Por ello, no podemos permitirnos que la extrema derecha imponga su relato ni desvíe el foco de los verdaderos responsables y beneficiarios de la inmigración ilegal.
No es suficiente condenar la llegada de personas en patera, ni alarmarse ante imágenes de lanchas repletas atravesando el Mediterráneo o el Atlántico. Debemos preguntarnos: ¿quién fabrica esas embarcaciones?, ¿quiénes organizan los viajes?, ¿quién les provee el combustible?, ¿quiénes reabastecen esas lanchas en alta mar? No hablamos solo de redes de tráfico de personas o de narcotráfico, sino de todo un entramado de organizaciones y empresas, muchas veces invisibles, que se enriquecen explotando la vulnerabilidad humana.
Pero la cadena de la explotación no termina ahí. Una vez llegan a nuestras costas, existen redes que no actúan bajo el amparo humanitario, sino que esperan y captan a estas personas ofreciéndoles trabajo ilegal y sueldos miserables. ¿Quiénes son esos intermediarios, esas empresas, esas organizaciones oscuras que se benefician de la desesperación y la falta de alternativas?
La economía sumergida, el fraude laboral y la explotación son males estructurales que no pueden ser blanqueados ni tolerados. Esos tienen que ser el objetivo.
