Las redes sociales como Facebook, X y similares, y las empresas tipo Airbnb, Uber, Blablacar, Glovo, etc., siempre han crecido de igual manera. El ingrediente principal de su éxito nunca ha sido su apariencia de gratuidad ni el supuesto principio de economía colaborativa —me meo con la definición—, sino su etérea posición respecto a los impuestos de los países en los que operan.
Volvamos a lo básico. Pagar impuestos es una mierda. Incómodo, injusto y siempre inoportuno, pero resulta que de esos impuestos no solo salen los sueldos de los empleados públicos del Estado, autonomías, diputaciones o ayuntamientos, sino que también se paga el asfalto de las calles por las que andas, los hospitales, colegios, universidades y todo eso que damos por hecho que son nuestros derechos. Y aquí hay que entender algo: en la mayor parte de los países que puedes encontrar desde Melilla hacia abajo o desde Canarias hacia poniente, nuestros “derechos” son sencillamente sus anhelos, logros que aún deben conquistar.
Bien, puestas las bases del mundo real, entendamos que esos megamillonarios crecen en buena medida gracias a lo que no colaboran para que tú vivas tan mal y oprimido como lo haces en esta España de hoy. ¿Se entiende la ironía, verdad?
Ellos generan sus fortunas, en la mayor parte de los casos, con comisiones sobre lo que otros hacen, pero que sus plataformas te ponen en la puerta de tu casa, en la pantalla de tu teléfono… siempre que estés en un país desarrollado. Seamos sinceros: les importa un carajo el mercado de la República Democrática del Congo, a pesar de tener más del doble de habitantes que España, cinco veces más nuestro tamaño en kilómetros cuadrados y recursos naturales para aburrir. Pero en el Congo están por desarrollar.
Ahora bien, el salto que han dado esos megamillonarios para influir en la opinión de la gente requiere una respuesta. No sé si debe ser la que propone el Gobierno de España o la que tiene en sus manos el Poder Judicial, aplicando a esas redes sociales principios tan básicos como el de responsabilidad civil subsidiaria que se aplica a los medios de comunicación. Si es mentira, si el que lo cuenta no existe y tú como plataforma lo has promocionado con tu algoritmo, la responsabilidad del daño causado es, cuando menos, subsidiariamente tuya.
Hasta no hace mucho era impensable que esas empresas de repartidores que van a tu casa en bici, moto, patín o haciendo piruetas para llevarte el bocata y la lata de cerveza fuesen empuradas por montarse el festín a costa de falsos autónomos. Y al final cayeron de la mano de sentencias que generaron jurisprudencia.
No tardaremos mucho en encontrarnos a compañías de seguros que se nieguen a pagar indemnizaciones por accidente a los ocupantes de un coche que estuviese prestando un servicio de Blablacar, sencillamente porque sus propietarios están cobrando por una actividad para la que no tienen licencia alguna. Por tanto, llegará el momento en que un juez declare la responsabilidad civil subsidiaria de los Blablacar de turno en defecto de las aseguradoras.
Y ahí está la madre del cordero. Serán servicios y no aspirantes a dioses cuando asuman con sus propios beneficios el daño que puedan causar con sus megachulis ideas de economía colaborativa y medios de comunicación alternativos.
Todo esto se puede resumir en tres líneas. Si no hacemos nada y de manera urgente, al igual que se atreven a influir en la formación de gobiernos, no tardarán en convertir la ficción en realidad y lanzar preguntas como: ¿Quién sería más justo haciendo un interrogatorio a una víctima de violencia machista, el pistolas o una inteligencia artificial?
