Todo ha cambiado tanto que debemos asumir que, con ello, las reglas del juego también deben cambiar. Esta es, desde hace muchos años, una sociedad donde la interrelación entre las personas se produce por medio de entornos digitales, ya sean aplicaciones, redes sociales o como queramos llamar a esos espacios donde nos metemos, donde se habla de nosotros o donde hablamos de otros.
Y si esa interrelación es en un entorno digital, es ahí donde se van a generar los conflictos.
Tomemos como ejemplo los ya famosos vídeos en los que holandeses y alemanes —entre muchos otros que tienen al sector agrícola almeriense como pagafantas de sus frustraciones— acusan periódicamente al agro de maltrato a la mano de obra inmigrante, condiciones inhumanas en los asentamientos, etc. Claro que, primer apunte: esos ataques se producen precisamente desde países en los que la ultraderecha ya gobierna. Es decir, el mensaje que lanzan no coincide con su realidad social, ni con las preferencias de sus consumidores. Y eso tiene lecturas.
La segunda clave de estas situaciones de ataque a la dignidad, reputación u honor de empresas referentes en el sector es que los medios de comunicación en los que se publican estas supuestas informaciones documentadas suelen tener una ínfima repercusión en su audiencia directa —la de su entorno real— en comparación con la capacidad de viralización que tienen estos mismos mensajes en redes sociales. Y ahí es donde quiero llegar.
Luchamos con viejos planteamientos frente a nuevas realidades, que no son tan diferentes ni excepcionales, y ahí es donde hemos generado nuestras propias trampas: queremos apagar fuegos que se propagan con viento a su favor utilizando mangueras de jardín. Y ojo: la era digital, su supuesta escasa regulación y, por ende, su sometimiento a lo ya tipificado, nos da unas opciones increíbles para tapar bocas. Dicho de otra forma: lee el Código Penal como una jueza de 26 años que, a los 14, ya tenía cuentas en Tuenti o Snapchat.
Y ahora vamos a lo práctico. Las grandes redes sociales operan en un espacio geográfico único, el de su dominio, que cuenta con empresas a las que dirigirte en cada país donde facturan publicidad —España, por ejemplo—. Por tanto, si quiero bloquear un contenido en una red social, o en varias de ellas, ya no me dirijo al medio de comunicación holandés que lo produjo, sino a la red que es visible desde mi país y donde me está haciendo buena parte del daño. Y si no quieren actuar, pues allí nos veremos: es decir, donde pueda pedir su responsabilidad civil. Y que paguen. Puedes pensar que el planteamiento es muy heavy, pero la realidad de hoy es que se instruyen causas hipermediáticas basadas en demandas construidas con recortes de prensa. Imagina, por ejemplo, que en vez de tomarle declaración al presidente del Gobierno en Moncloa, consigues que tenga que dar la cara el máximo responsable de una red social cualquiera en España.
Dicho de otro modo, en una realidad donde todo está por redefinir, no hay nada imposible mientras la injuria, la calumnia o los ataques al honor y a la dignidad de las personas —y ojo, que los no inmigrantes también la tienen— sean perfectamente identificables.
Y ahora imagina que un vídeo que amenaza con machacarte la campaña desaparece de las redes rápidamente y solo puede verse en la web del medio de comunicación que lo crea. ¿Te haría tanto daño?
