Javier A. Salvador, teleprensa.com
Un Guardia Civil entra en un tren acompañado de un amigo. Encuentran a una chica en un vagón y el colega del agente se sienta junto a ella, le dice que la va a penetrar analmente y con tanta fuerza que le va a sacar su pene por la boca.
Aún no se asusten que hay mucho más.
Mientras el valiente hombretón se ceba con la chica, acosándola, el agente de la Guardia Civil tira de móvil y empieza a grabar. Se escuchan sus risas. El agresor se siente respaldado, su amigo es agente de la autoridad, piensa que nadie le va a hacer nada y pasa a la acción, sube un escalón en sus ansias delictivas y le mete la mano entre las piernas a la chica. Ella se la aparta e intenta huir, pero el agresor no lo permite.
Vuelve a meter su mano entre las piernas de la joven, y el agente sigue riendo. Y graba con el móvil. En un momento de la brutal escena aparece una cuarta persona que protege a la chica. Le agreden brutalmente por intervenir, pero consigue poner en fuga a la víctima. El resto de la historia sigue en la comisaría, juzgados y centros de salud que certifican la agresión.
Al agente le condenan a una pena mínima, seis meses de inhabilitación para cargo o empleo público, lo que implicaría la pérdida de su condición de agente. Pero su padre, como es lógico y natural, intenta salvar a su hijo por muy culpable que sea. Se trata de un concejal del Partido Popular que, además, es el secretario general del partido en su localidad. Consigue los contactos y las firmas para que el ministerio de Justicia lleve su petición de indulto hasta el Consejo de Ministros. El culpable es indultado y aquí no ha pasado nada.
Carmen y Carlos son dos personas normales, como usted y yo. Un día de huelga general salieron a la calle a protestar y siguieron a un piquete “informativo”. Los ánimos se calentaron en un bar y alguien, -nadie asegura que fuesen Carmen o Carlos-, causó daños en el local, pintadas, amenazas. Intimidaron a los dueños que finalmente cerraron ese día de huelga que ellos no compartían.
La Policía actuó y de entre todos les pidió la documentación a Carmen, madre de una niña y en paro desde hace años. El segundo documento de identidad es el de Carlos Cano, un joven de 25 años, estudiante de medicina. No tiene que ser mal estudiante para haber entrado en esa carrera, la que más nota de corte exige. Se manifiesta por solidaridad con el resto y porque quiere encontrar trabajo cuando acabe sus estudios. Ninguno de ellos tiene antecedentes.
Meses después les llaman a declarar y poco más tarde juicio y condena. Tres años de cárcel para cada uno.
El proceso sigue, la Audiencia Provincial, incomprensiblemente, valida una sentencia dictada por un juez de apellido Piñar y que ha sido protagonista de las más variopintas decisiones judiciales en Granada de la última década.
Lo cierto es que Carmen y Carlos, que sepamos, no tienen enchufe en el Partido Popular para que rápidamente les faciliten un indulto por una sentencia que miles de personas denuncian como desproporcionada en las calles de Granada, de toda Andalucía y en miles de muestras de apoyo que cada minuto va en aumento en las redes sociales.
Para que lo tengan claro, para que entienda que no se trata de Carmen y Carlos, sino de todos nosotros, no creo ni que sea necesario seguir hablando del tema. Actuemos.
#carmenycarlosabsolución
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