Mark Zuckerberg (Meta/Facebook) y Elon Musk (X/Twitter), entre otros magnates tecnológicos, han dado un paso adelante que en Estados Unidos puede ser intrascendente porque allí hay una norma que les protege: la Sección 230 de la Communications Decency Act, que exime a las redes sociales de la responsabilidad por el contenido creado por los usuarios. Pero los recientes pronunciamientos públicos de los grandes señores del sector, en los que se erigen abiertamente como medios de comunicación, tienen importantes connotaciones en estados de derecho como el español, donde absolutamente todos estamos sometidos al imperio de las leyes que se promulgan públicamente. Dicho de otro modo, todos somos igualmente libres de hacer y decir aquello que nos salga del alma, pues nuestra libertad se limita únicamente cuando atacamos los derechos y libertades de otros. Ese equilibrio lo establecemos con las leyes y, en España, tenemos unas muy concretas que son un escudo natural ante personajes como Zuckerberg y Musk en esta carrera sin sentido por demostrar quién es más amigo de Donald Trump.
Desde el momento en que ambos consideran que sus plataformas son medios de comunicación que sustituyen de hecho a los que denominan como “medios tradicionales”, no hay que buscar la forma de que un juez acepte que existe una similitud, pues ellos mismos, sus creadores, se definen como tales.
A partir de ahí, como medios de comunicación, en España no tenemos la Sección 230 de la Communications Decency Act, sino el artículo 120.2 del Código Penal, que dice que son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares.
Esto quiere decir que, si desde una cuenta de una red social se calumnia o injuria a una persona, lo primero es actuar contra el criminalmente responsable. Ahora bien, si ese criminalmente responsable se llama @periocodelospalotes190 y tras ese nombre no somos capaces de encontrar a una persona física o jurídica, es obvio que el responsable civil subsidiario inmediato es el medio de comunicación que difunde la injuria o la calumnia.
Pero pongamos por ejemplo que encontramos a la persona que hay detrás de @periocodelospalotes190, que tiene la lengua muy larga pero la cartera muy corta, es decir, que no tiene para hacer frente a la responsabilidad que generan sus propios actos. Entonces volvemos al principio de responsabilidad civil subsidiaria; es decir, exactamente igual que se aplica en cualquier medio de comunicación.
En este país llamado España, si te caes en la calle porque pisas una losa rota, el ayuntamiento de turno asume la responsabilidad de pagar los daños generados. El dueño del periódico paga por lo que publica su medio de comunicación y el empresario por las infracciones de sus empleados en los establecimientos que dirige. Frente a esto, Mark Zuckerberg ha dicho que “es momento de enfocarnos menos en eliminar contenido y más en reducir errores, simplificar nuestros sistemas y recuperar nuestras raíces de dar voz a las personas”. Anuncia esta barra libre para publicar lo que cada uno quiera luciendo un reloj que vale algo así como un millón de euros, porque para eso es uno de los hombres más ricos del mundo.
Estos ricos han hecho dinero, precisamente, viviendo al margen de las normas porque no había donde encajarlos. Pero ahora son ellos mismos quienes proclaman a los cuatro vientos qué son y cómo quieren que se les considere: medios de comunicación.
Y esto, lo quieran o no, es una provocación en toda regla para que un juez les diga que sí, que perfecto, pues como medio hablemos de tu responsabilidad civil subsidiaria por esa libertad que proporcionas sin la debida diligencia que establecen las normas que rigen este Estado de Derecho que se llama España.
En Estados Unidos, antes de que se aprobara la Sección 230 de la Communications Decency Act, las indemnizaciones fueron de entre 100 y 180 millones de dólares. Ahí lo dejo.
(*) Javier Salvador es periodista, graduado en Derecho, master en Abogacía y jurista experto en Derecho al Honor.
