Javier Salvador. Periodista
Seis de noviembre de 2012. El Tribunal Constitucional de España, máximo garante de la salvaguarda de la Carta Magna que todo lo rige se reúne a las cinco de la tarde para decidir si la palabra “matrimonio” puede utilizarse en caso de la unión legal de dos personas del mismo sexo, es decir, lo que se viene a llamar matrimonio homosexual, matrimonio de gays o de lesbianas. Miles de personas esperan el dictamen, sobre todo los afectados, es decir, aquellos que desde el año 2005 se vienen casando en este país aún siendo del mismo sexo.
Pero esa intervención del Tribunal Constitucional se produce a raíz de un recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Popular. Extraño esto, porque recuerdo que la primera boda gay de Almería la celebró el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, hoy presidente de la Diputación. Y no entiendo que si estaban en contra aprovechase el caso para salir en los periódicos como alcalde progre.
No obstante, lo que me preocupa de esta situación, de la reunión de hoy, es su coste, efectividad y tiempo de resolución. Hoy, seis de noviembre de 2012, me preocupa mucho más que existan casi cinco millones de parados, casi seis según la encuesta de población activa. Y no se trata de quitarle importancia a algo que supongo que mantendrá en vilo a alguno de los 20.000 matrimonios gays celebrados en España, pero también imagino que no les hará falta a ninguno de ellos el pronunciamiento de ningún tribunal para sentirse matrimonio en mayor o menor medida.
No obstante, en estos momentos, quizás y sólo quizás, nos interesaría mucho más que el Constitucional se pronunciase sobre el actual procedimiento de embargos de viviendas en este país, cuando ése es uno de los derechos que recoge la Carta Magna o, al menos, así lo reflejaron en el artículo 47 de la Constitución española, que dice textualmente: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Pero hace unas horas nos enteramos de que nada menos que un diputado de la Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, el número 3 del PP en esta comunidad, ha pedido a un juez que le embargue la prestación por desempleo a una mujer que no paga la hipoteca de su casa. Bueno lo de su casa es relativo, porque una sentencia de divorcio adjudicaba la vivienda a su marido. Y ojo, no se arranquen los pelos de tanto tirarse porque aún hay más.
Resulta que este joven abogado y brillante político, o no sé si será al revés, representa en el pleito nada más y nada menos que a Bankia. Sí, sí, no se descojonen que es verdad.
Es decir, que un diputado del PP que cobra como abogado de Bankia, a la que todos los españoles le vamos a prestar dinero a la fuerza, ha pedido que le embarguen la prestación por desempleo, el paro, a una mujer porque no paga la casa de la que fue literalmente expulsada por un juez.
En fin, a lo que vamos, que hoy seis de noviembre de 2012, con toda probabilidad, el Tribunal Constitucional aprobará que se reconozca con la palabra “matrimonio” a las uniones homosexuales que se vienen celebrando desde el 2005. Digo yo, que ya que están reunidos podrían ponerse de acuerdo en alguna cosilla más.
