domingo. 16.06.2024

Hay que preguntarse si sería sostenible la actual Diputación Provincial de Almería con Javier Aureliano García Molina imputado o investigado judicialmente por el caso mascarillas, siendo presidente de la institución y del Partido Popular en la provincia; con Fernando Giménez, vicepresidente de la institución imputado en la misma causa y Oscar Liria, vicepresidente en el momento de la redada de la Guardia Civil, detenido, imputado y pillado con los sobres con dinero en su casa. Caso mascarillas Almería: compra de dos millones en material sanitario en plena Covid. Mordida de un millón de euros según las indagaciones de la Guardia Civil.

Mirémoslo desde otro ángulo. La pregunta que muchos se hacen es en qué cambia que el asunto del #casomascarillas, ya sea el de la Diputación de Almería, el del hermano de Ayuso, el de su novio o el del ex asesor del ex ministro Ávalos, se vea en una Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. 

Más allá de verles desfilar por la comisión sin la protección de sus medios de comunicación pretorianos, asesores y otros escudos, una comisión es un espacio en el que un interrogatorio bien hecho, puede si no demostrar, sí dejar en evidencia los indicios suficientes para que, una vez recogidos en las conclusiones  de la comisión, el Ministerio Fiscal se vea en la obligación de actuar.

En el caso de Almería, donde a nadie escapa que han sido utilizados todos los resortes habidos y por haber, judiciales y extrajudiciales, para evitar la imputación de Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y del Partido Popular, ésta es la vía más inmediata para poner en evidencia que algo ha fallado hasta la fecha.

Las claves están en el artículo 76 de la Constitución Española y en el 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Es decir, que las conclusiones no afectan a las resoluciones judiciales, pero las evidencias obligan al Ministerio Fiscal a actuar en consecuencia.

El trabajo de la Diputación Provincial de Almería o el PP provincial es, por tanto y a partir de ahora, intentar que desde los medios de comunicación más afines a sus ideales políticos o más dependientes de ellos en publicidad institucional, se pinte el caso como una trama familiar, centrada en el vicepresidente Oscar Liria y su círculo de confianza de Fines. Pero claro, en Almería es conocido que el círculo más íntimo del vicepresidente detenido era precisamente el formado con Javier Aureliano García Molina y Fernando Giménez. Liria, vicepresidente y diputado de obras públicas organizó la compra de mascarillas que Fernando Giménez, vicepresidente y diputado creo que de cambio climático y turismo, que da igual de lo que fuese, instruyó administrativamente el expediente y Javier Aureliano García Molina lo firmó y autorizó como presidente. Todo en tres días, con un golpe a la caja pública de más de dos millones de euros y una mordida o comisión derivada de un millón de euros que, según las investigaciones de la Guardia Civil publicadas a hasta ahora, Liria controlaba. De hecho, en el momento que le detuvieron le intervinieron una serie de sobres, todos iguales y con determinadas cantidades de dinero negro. 

Vamos, que cualquiera podría llegar a pensar que estaban listos para hacer un reparto o que los acaba de recibir.

Entre la documentación con la que van a contar los diputados con derecho a preguntar estará la actuación judicial, pero también pueden pedir nuevos documentos. Pueden tener acceso a la relación de llamadas entre Liria y Aureliano durante esos días, es decir, cotejar los números de unos y otros con los del resto de encausados o, sencillamente, ciñéndolo a la relación de los llamados a declarar en el Congreso respecto a este caso… Y casualidad, todos están imputados o investigados, excepto el presidente de la Diputación de Almería.

Entre esas llamadas que se cruzan unos y otros tienen especial interés las realizadas inmediatamente después de que Aureliano le diga a los integrantes de su grupo privado de whatsapp, Giménez y Liria, que ya basta de mensajes por esa red social, al entender que no existía ninguna necesidad de dejar mensajes escritos. Totalmente visionario, pues ese chat hoy forma parte del sumario de la causa.

El siguiente problema, y no voy a extenderme mucho más, es la territorialidad de la trama. Desde el PP se pretende desvincular al presidente de su partido del caso, casi como que desterrando toda responsabilidad hacia Fines. Bien, hablamos de la localidad de la que era concejal Oscar Liria, donde el alcalde, su hijo y un montón de gente más fue detenido. El mismo alcalde que para sacar pecho, meses después de la redada y en plena investigación judicial, inaugura un espacio escénico con el nombre de Javier Aureliano García Molina que él mismo inaugura, una inversión millonaria de la Diputación Provincial hecha en el pretendido epicentro del caso de corrupción. A renglón seguido el alcalde detenido e imputado, vuelve a contar con la confianza de su partido para presentarte a las municipales de 2023.

Documentados todos estos indicios en una comisión en el Congreso de los Diputados, junto a otros que obviamente no se van a conocer hasta el último momento porque aquí también entran las estrategias del acusador particular, que es prácticamente el papel que adoptan los grupos políticos, aportarán conclusiones solventes que, de no haberlo hecho antes, pueden empujar severamente a la fiscalía hacia el camino de llamar a Javier Aureliano García Molina como imputado en el caso mascarillas.

Y llegados a ese punto en el que presidente de la Diputación, vicepresidente primero imputado y vicepresidente segundo detenido, imputado y pillado con los sobres con dinero en su casa ¿sería sostenible su permanencia en el escenario público?¿Lo permitiría el PP de Juanma Moreno?

Efectos del caso mascarillas Almería en el Congreso
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