Javier Salvador teleprensa.es
Llevo mucho tiempo esperando, porque sabía que las sentencias tenían que empezar a caer, y ya comienzan a hacerlo. Me refiero a las que tiran hacia atrás esos proyectos que se pensaban, con una interpretación un poco “heavy” de la normativa urbanística, y que al final es el Tribunal Superior de Justicia el que, después de algunos años, viene y remata. Estamos, además, a punto de vivir un espectáculo lamentable, que será el que protagonicen las organizaciones ecologistas si empiezan una batalla pública para llevarse la gloria de haber sido el primero en denunciar, en llevar al juzgado o paralizar tal asunto. Poco recomendable si quieren mantener la credibilidad conseguida en estos momentos, como también lo es iniciar venganzas particulares aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, cuando además esos ajustes de cuentas tienen que ver más con subvenciones que con defensas del medio ambiente. Pero cada cual es soberano de sus actos, como yo lo soy de mi opinión y hoy toca mojarse.
Hay algo que no entiendo en todo este lío que nos traemos con las presuntas irregularidades urbanísticas que los juzgados empiezan a dejar de llamar presuntas para convertirlas en irregularidades a secas. Por ejemplo, si se derriba una casa en Vera y se demuestra que se construyó con una licencia ilegal concedida por el Ayuntamiento local, lo que no puedo comprender es por qué no se imputa al alcalde, en este caso un tal Félix López, como corresponsable de la historia. No digo que lo dejen dentro de la casa mientras las palas llevan a cabo el derribo, pero lo incomprensible es que se pase de largo por la figura de la máxima autoridad local sin que le salpique. A ver, el nombre de Almería suena peor que nunca en países como el Reino Unido por hechos como los de Vera, el Almanzora en general, ya sea alto, bajo o medio, y nadie hace nada contra quienes autorizaron las ilegalidades, pero sí tenemos capacidad para machacarle la casa al “guiri”. Pero si alguien tiene dudas de algo, un Ayuntamiento que se plantea indemnizar a los mismos que la justicia española condena, tampoco es que nos ayude a darle una mínima pizca de lógica a la ensaladilla urbanística almeriense. Este alcalde, en concreto, es del Partido Andalucista, o lo era, o esa ha sido alguna de las siglas con las que ha debido concurrir alguna vez a los comicios.
Pero lo del PA es un accidente, casi hasta lo es que tengan un alcalde, pero esa es otra historia.
En Níjar ha tenido que ser el TSJ, algo así como el más alto tribunal, quien diga eso de ¡paren las máquinas! Porque si por su anterior alcalde fuese Marina de Aguamarga no sería un proyecto guardado para la historia como ejemplo de hasta donde no tiene que llegar un escándalo, sino que formaría parte de esas cosas que se hacen y de las que luego toca arrepentirse, como el hotel Algarrobico. En este caso, el alcalde, el socialista Joaquín García, ya no manda, pero ¿deja de tener responsabilidad sobre el intento?
Este caso concreto no sólo provoca movidilla mediática, sino que como los implicados son los jefes de despachos famosos o afamados de los madriles y Barcelona, se corre como la pólvora el grito de estampida para que todos los foráneos con intenciones o ganas de Almería salgan por patas, porque se reduce ese margen que hace de una macroinversión una historia rentable o cojonudamente rentable. Ahora bien, si el proyecto era ilegal y así lo dice un juez, ¿por qué no se actúa de oficio contra la corporación que le dio el visto bueno?. Y pegunto porque son cosas que no entiendo.
La mejor de todas las historias es la de Albox y Francisco Granero, otro alcalde del PP que ya no está y no se trata de una baja por enfermedad, -aunque podría ser, porque muy mal de la vista hay que estar para no ver que le construyen a uno 3.000 viviendas ilegales en el municipio-, a éste como al de Níjar lo mandaron a casa los electores, pero los albojenses creo que con más razón, porque debían estar horrorizados de que en el Parlamento Europeo, en el Reino Unido y en los informativos de la tele de aquí, de España, se hablase del pueblo como si se tratase del viejo oeste, un territorio sin ley.
Hay cientos de expedientes abiertos que terminarán en muchos casos y sin más remedio, en el derribo de viviendas o urbanizaciones completas porque aquí fueron más guays que en Vera y en vez de liarla de una en una, las montaban a puñaos. Y ese alcalde no las veía. Aparecieron de la noche a la mañana.
Estas personas son un ejemplo de esa situación poco clara en la que sus municipios están algo más que bajo sospecha, y es cierto que hay otros, pero lo que no se entiende es por qué se va hacia las víctimas finales y no se actúa contra quienes lo permitieron. ¿Tiene que venir Greenpace para hacer pintadas en las puertas de sus casas y marcarlos? Igual esta vez seremos capaces, de una vez, de arreglar las cosas desde casa.
