Ex director general de IDEA Jacinto Cañete
La representación legal del exdirector general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 un auto para sobreseer y archivar la causa que investiga la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos de la Agencia IDEA a empresas para evitar que la instrucción de la causa inicie diligencias de investigación que serían de carácter "inquisitorial" y "prospectiva" algo que vulneraría las garantías procesales garantizadas por el artículo 24.2 de la Constitución Española.
Tal y como ha adelantado 'Diario de Sevilla', en el auto fechado el 5 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, el representante legal del exalto cargo, Juan Carlos Alférez, ha señalado que "habiéndose despejados" los indicios de criminalidad que fundamentaron la incoación de esta causa, iniciada en enero de 2014 por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, cabe "sobreseer y archivar".
En el escrito, se alega que existe constatación pericial de que todos los indicios de meras irregularidades administrativas o supuestas contravenciones de carácter normativo que fundamentaron el inicio de la instrucción, "no lo son tales".
En ese sentido, el auto apunta que "tras una larga instrucción en la que se han practicado innumerables diligencias de carácter técnico-testifical por funcionarios y empleados públicos sometidos al deber legal de decir verdad y al principio de legalidad", se ha acreditado que "las iniciales sospechas de irregularidades administrativas entorno a la concesión de los avales concedidos en virtud de la Orden de 5 de noviembre de 2008, no son tales y que todos y cada uno de los expedientes administrativos tramitados para la concesión de las ayudas en forma de avales, están amparados por una aplicación recta y en todo caso, razonable del derecho".
Para apoyar este razonamiento, el escrito reproduce varios extractos de informes periciales que contemplan, entre otros casos, que las ayudas aprobadas "no fueron formalizadas" mediante el correspondiente contrato de aval y "en consecuencia no tuvieron efecto antes de la autorización comunitaria", que se ha certificado "la innecesariedad del requisito de publicidad" o que la Agencia IDEA "sí comunica trimestralmente a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública el importe y las características principales de los avales otorgados".
Así, la alegación continúa indicando que los informes periciales "despejan las dudas" sobre la legalidad del criterio aplicado en 2008 y 2009 en los avales "y si por alguna duda pudiera quedar" sobre ello, dichas operaciones "acabaron siendo aprobadas y ratificadas por el Consejo Rector de la Agencia IDEA en el año 2010, por el importe del nominal de los avales concedidos". Así, esta actuación "borra cualquier sombra de duda sobre la legalidad de la actuación, ni tan siquiera administrativa pues está probado que fue incluso subsanada".
"Como se comprueba, todos y cada uno de los indicios de criminalidad que de manera improcedente, fundamentaron la incoación de la presente instrucción penal, se han visto por completo fulminados ante la práctica de los dictámenes periciales que dan sentido, explicación y acomodo legal a todos y cada uno de los expedientes de tramitación de avales y a todas las decisiones adoptadas por los responsables de su concesión, lo que deberá llevar a la claudicación de la presente instrucción", añade.
Con todo, el representante legal destaca que "ante la constatación de inexistencia de infracción penal" el practicar más diligencias es "improcedente" ya que cualquier otra actividad investigadora será "de manera indefectible, inquisitorial y prospectiva". Por ello, sostiene que cuando en el proceso penal se alcanza un determinado nivel de avance y de práctica probatoria sin que se constaten los indicios existentes y sin que aparezcan indicios nuevos, "la investigación ha de clausurarse".
--EUROPA PRESS--
