El denunciante del "chantaje" de Dos Hermanas anuncia un recurso de amparo al Constitucional

Domingo, 21 de Julio de 2019

El denunciante del "chantaje" de Dos Hermanas anuncia un recurso de amparo al Constitucional

12 de Julio de 2019 18:14h

Manuel Varela
Manuel Varela



El que fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas (Sevilla) en 2015, Manuel Varela, promotor de la denuncia por el presunto "chantaje" orquestado para que renunciase a su candidatura, ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el auto de la Audiencia que ratifica las decisiones adoptadas por el juez instructor, para seguir por el procedimiento del tribunal del jurado las actuaciones incoadas contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero, pero sobreseer tales diligencias respecto al entonces edil del PP local Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón.

En un comunicado, Varela anuncia que ha decidido interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el reciente auto de la Audiencia de Sevilla, exponiendo que "tanto el Juzgado de Instrucción número siete de Dos Hermanas, como la fiscal jefe de este municipio y la Sección Primera de la Audiencia han descafeinado las actuaciones judiciales, de tal forma que en un asunto absolutamente político, en el que el objeto, el móvil y los beneficiados de los delitos son eminentemente políticos, se ha dejado fuera (de las diligencias) a los cuatro cargos públicos (Paniagua, Morón, el alcalde de Dos Hermanas Francisco Toscano y la portavoz popular Carmen Espada), pasando por alto y rechazando pruebas que no les compete valorar a ellos, sino que deben ser estudiadas y juzgadas por los magistrados y por el jurado popular en el juicio".

"Pienso agotar todos los recursos que tenga a mi alcance para que los mafiosos que urdieron y ejecutaron sus planes para adulterar las elecciones municipales de Dos Hermanas en 2015, intentando pisotear mi imagen, paguen por sus delitos como corresponde. No me voy a rendir", ha enfatizado Manuel Varela en cuanto a su idea de elevar el asunto al Constitucional.

En un auto fechado el pasado 24 de junio y recogido por Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla aborda el caso del supuesto "chantaje" destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por Ciudadanos en las elecciones municipales de 2015, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo droga.

Tras la denuncia de Varela, el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas decidió investigar al expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; al entonces edil popular en dicha ciudad, actual capitular en Bormujos y recién nombrado portavoz del PP en la Diputación, Luis Paniagua; al concejal socialista Agustín Morón; al empresario y militante del PP Emilio Maya; al periodista local José Luis Olivares; a Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y al trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

LOS AUTOS DE 2017

Pero en un auto emitido en mayo de 2017, el juez instructor ordenaba el archivo de las actuaciones judiciales respecto a Emilio Maya (fallecido en noviembre de 2017) y Fernando Díaz, para continuar las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado en el caso de Manuel Alcocer, Luis Paniagua, Agustín Morón, José Luis Olivares y el también imputado Francisco Javier Romero.

Dicho auto, no obstante, fue objeto de recursos por parte Manuel Alcocer, Luis Paniagua, Agustín Morón, el propio denunciante y el Ministerio Fiscal. Frente a tales recursos, y a través de un auto fechado el 28 de septiembre de 2017 y recogido por Europa Press, el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas decidió sobreseer las actuaciones respecto al edil del PP Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón, así como continuar las diligencias por el procedimiento del tribunal del jurado en el caso de Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.

En ese sentido, en este auto de fecha 24 de junio, la Sección Primera de la Audiencia analiza los diferentes recursos formulados por varias de las partes del caso contra los citados autos emitidos en mayo y septiembre de 2017 por el juez instructor, pues Varela reclamaba por ejemplo que Paniagua y Morón figurasen de nuevo como investigados o la comparecencia del ya exconcejal popular Luis Gómez, por la conversación que éste habría grabado con Luis Paniagua, un diálogo en el que este último aludiría a un supuesto pacto con el Gobierno local del PSOE, para la "colocación" de una exedil del PP a cambio del "silencio" de los populares, mientras los investigados solicitaban el archivo de las actuaciones en su contra.

No obstante, la Audiencia desestima las pretensiones de Varela y coincide con el juez instructor respecto a que Paniagua aportó una "justificación tanto a su explicación a la llamada efectuada a José Luis Olivares como al tráfico de llamadas con Agustín Moron", toda vez que en el caso de este último prevalece "la imposibilidad de determinar y concretar la participación exacta que hubiera podido tener el mismo en el devenir de los hechos".

"TRÁFICO DE LLAMADAS"

En el caso de las tres personas que siguen investigadas en la causa: el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el mencionado periodista y Francisco Javier Romero, la Audiencia desestima la idea de sobreseer las actuaciones en su contra, recordando entre otros aspectos el "tráfico de llamadas entre José Luis Olivares y Alcocer, así como la forma en que se produjeron", porque "ponen de manifiesto una relación entre la persona que participó directamente en la transmisión de la amenaza, José Luis Olivares, y la que se sitúa como que grabó el video posteriormente difundido y utilizado para la amenaza", referencia esta última que se dirige a Alcocer.

En cuanto a la Fiscalía, parte de cuyas pretensiones también son archivadas, la Audiencia accede a la "acomodación" al procedimiento del tribunal del jurado, pero "confirmado la resolución recurrida", pues "tanto si se considera que existen dos delitos (contra la intimidad y de amenazas) según el instructor o uno solo de amenazas según el fiscal, en ambos casos el procedimiento adecuado sería el del tribunal del jurado".
--EUROPA PRESS--
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