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El grupo parlamentario de Adelante Andalucía va a defender este jueves ante el Pleno de la Cámara autonómica, el primero que se celebra en este nuevo periodo de sesiones, una Proposición no de Ley (PNL) por la que defiende mantener el empleo de las 73 trabajadoras de las cinco escuelas infantiles revertidas a la Junta de Andalucía para su gestión directa.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, la confluencia pide que se subrogue a estas trabajadoras, que son personal de las escuelas infantiles Mediterráneo (Almería), Rocío Jurado (Chipiona, Cádiz), La Atunara (Línea de la Concepción, Cádiz), El Faro (Torrox, Málaga) y Andaluna (Sevilla), en los centros y funciones prestadas durante la vigencia de los contratos con las anteriores empresas. Y así, articular la fórmula que permita la inmediata readmisión de estas trabajadoras, "acudiéndose, si es preciso para avalar esta medida, al informe jurídico de personas expertas en Derecho y de contrastada y aceptada opinión doctrinal, o a la mediación o al arbitraje".
De este modo, reclama que se retrotraiga lo actuado a 31 de agosto de 2019 y asegurar a las personas procedentes de las bolsas de trabajo que han sido contratadas para las escuelas mencionadas, que sus contratos de trabajo servirán como refuerzo en ellas para poder llevar a cabo el cumplimiento de las ratios aplicadas en centros de Educación y a la prestación del Servicio de Atención Socioeducativa para su apertura todo el año que, de la misma manera, no puede contratarse para ellas con empresas.
Adelante también pide para estas trabajadoras que, a los efectos que procedan, especialmente en lo relativo a su participación en procesos de selección, se reconozca su experiencia laboral en estas Escuelas Infantiles --mediante la contratación pública-- como realizada para la Junta, así como la antigüedad desempeñada desde el primer momento.
Y por último, plantea que se promueva la constitución de un grupo de trabajo con el fin de que, con el mayor consenso posible, se defina una solución concreta a aplicar en los procesos de reversión que se puedan llevar a cabo a la Administración pública andaluza de servicios o concesiones, y gestionados hasta ahora mediante contratación pública, en los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, a la vez de realizar el seguimiento de la aplicación de los apartados anteriores.
Adelante explica que estas trabajadoras están sin trabajo desde principio de septiembre porque no han sido subrogadas una vez que las escuelas infantiles han sido revertidas a la Junta para su gestión directa, unos centros que siendo de titularidad del Gobierno andaluz, desde su creación, han estado gestionadas de manera indirecta mediante su concesión realizada por contratación pública.
Además, incide en que durante este periodo, las condiciones laborales de las trabajadoras de estas escuelas "han estado marcadas por la parcialidad de los contratos, salarios que en ocasiones no alcanzaban el Salario Mínimo Interprofesional y por periodos de gran sobrecarga de trabajo".
Entretanto, ha recordado que un alto cargo del nuevo Gobierno andaluz se posicionó a favor de la subrogación de las 73 trabajadoras afectadas, manifestando que se iban a crear 102 plazas para las cinco escuelas afectadas "y que esta medida debía ir acompañada de la asunción del personal que actualmente presta servicios en las empresas adjudicatarias del servicio público". Señalando que era una cuestión "de justicia social", tomada "por razón práctica de interés para nuestros alumnos" y por una "razón de peso jurisprudencial, de peso definitivo", según se recoge en el acta de la reunión.
Por tanto, Adelante ve "incongruente" la actual posición que defiende el actual Gobierno de la Junta de Andalucía, "cuyo principal argumento es la herencia del gobierno anterior" y ya que "en tan solo unos meses, el criterio de justicia social, el interés para nuestros alumnos y el peso de la jurisprudencia, han desaparecido, y ahora el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, emplea uno de los argumentos más manidos de la política española para esquivar responsabilidades".
"Ante la falta de respuesta clara y las contradicciones de la Junta, la readmisión de las 73 trabajadoras por medio de la subrogación es el instrumento jurídico para ello", sostiene el grupo parlamentario que aúna a Podemos e IU, que defiende que el Gobierno andaluz "debe corregir sus actuaciones y llevar a cabo el mantenimiento de los empleos".
--EUROPA PRESS--
