En los últimos años, el sector agrícola de nuestra provincia ha podido valorar esta realidad cuando ha tenido que hacer frente a situaciones extraordinarias de enorme impacto. La DANA del otoño de 2024, el reciente tren de borrascas, el incremento de los costes energéticos derivado de la situación geopolítica internacional o la subida del precio de fertilizantes y combustibles han puesto en una situación de enorme dificultad a miles de agricultores.

Ahí están los más de 11 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido a más de medio millar de agricultores almerienses afectados por la DANA. Lo mismo que ocurre ahora con las ayudas habilitadas tras el tren de borrascas, que supondrán 212 millones de euros para la provincia de Almería, de los que se beneficiarán directamente unos 10.000 agricultores.

Mientras la Junta sigue atrapada en el papeleo y sin aclarar cuándo pagará sus ayudas, el Gobierno de España ha simplificado el procedimiento hasta el punto de que basta con presentar una declaración responsable.

Apoyar a nuestro campo también supone decir sí a los 877 millones aprobados para bonificar el gasóleo agrícola y los fertilizantes, unas medidas que, por cierto, salieron adelante sin el apoyo del Partido Popular de Moreno Bonilla ni de Vox. Además, gracias a nuestra apuesta por las renovables, el precio de la electricidad es inferior al de otros muchos países, lo que también permite reducir los costes energéticos de los regadíos.

Asimismo, desde junio de 2018, Andalucía ha recibido más de 3.700 millones de euros en ayudas al sector primario por parte del Gobierno de España, al margen de las cantidades que han llegado de la PAC. Durante los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, en cambio, no llegó ni un solo euro extraordinario para Andalucía fuera de esas ayudas europeas.

Si hay algo que necesita el campo almeriense es seguridad, agua e inversiones. Justamente lo contrario de lo que lleva haciendo Moreno Bonilla durante todos estos años, en los que ha tratado al sector desde la absoluta improvisación y la desidia.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería
 

Puede parecer una coincidencia, pero no lo es. Porque mientras el consejero presumía de resultados, lo que no contó es que el plan real no pasa por reforzar La Inmaculada, sino por seguir derivando pacientes y recursos a la privada. En lo que va de año, cuando apenas han transcurrido cuatro meses, ya son casi 4 millones de euros de dinero público los que han terminado en ese hospital murciano.

Entre tanto, miles de vecinos de las comarcas que dependen de La Inmaculada acumulan meses de espera para ser atendidos, cuando no se encuentran directamente con servicios bajo mínimos. Hoy nos encontramos con especialidades con un solo profesional, como Urología, Neumología o Hematología; una plantilla insuficiente en un área clave como Digestivo o, directamente, la ausencia de especialistas en Dermatología. Esa es la situación que no aparece en los balances del Partido Popular.

Lo que estamos viendo en La Inmaculada no es producto de la casualidad, sino de unincipiente modelo de gestión que ha convertido este hospital en un laboratorio de pruebas, en el que Moreno Bonilla estádiseñando el sistema sanitario que tiene en mente para los próximos años y que pasa por dejar caer la sanidad pública para abrir, sin ningún complejo -si es que aún tenía alguno- la puerta de par en par a la privada. 

Si le dejamos, el desvío de recursospúblicos se convertirá en una constante que condenará a los pacientes a seguir esperando meses y meses o, como en el caso de Huércal-Overa, a salir fuera de Andalucía.

El 17 de mayo la ciudadanía va a poder decidir si avala este modelo o apuesta por recuperar una sanidad pública fuerte, con recursos y capaz de atender a tiempo a quien lo necesite, evitando que una enfermedad o una patología empeore mientras se espera una cita en atención primaria o en un hospital.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería 

La aprobación de esta medida, que en su día también impulsó el Partido Popular, supone dar respuesta a algo que cualquiera puede comprobar en su entorno más cercano. Estas personas ya están aquí, conviven, contribuyen y sostienen cada día buena parte de nuestra economía, aunque muchas veces lo hagan en condiciones de precariedad, precisamente por no tener regularizada su situación.

Se trata, además, de un procedimiento reglado, con requisitos claros: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar un tiempo mínimo de permanencia, carecer de antecedentes penales y no suponer ningún riesgo para la seguridad.

Frente a los bulos que intentan distorsionar este debate, conviene recordar que es falso lo del “efecto llamada”, porque la medida no está pensada para nuevas llegadas, sino para quienes ya forman parte de nuestra sociedad. Tampoco es cierto que se obtenga la nacionalidad, que no existan controles o que se vaya a producir un colapso de los servicios públicos. La realidad demuestra que estas personas hacen un menor uso de los servicios sanitarios.

Regularizar, por tanto, no añade presión, sino que aporta orden, seguridad jurídica y estabilidad para que puedan acceder a derechos básicos y cumplir con sus obligaciones en igualdad de condiciones.

Esta medida cuenta, además, con una amplia legitimidad social, política y económica. Responde a una iniciativa respaldada por cientos de miles de firmas y por organizaciones sociales, y ha contado con un apoyo mayoritario en el Congreso. En este sentido, sectores como la agricultura, la construcción, el transporte o el turismo llevan tiempo reclamando soluciones que aporten estabilidad a una mano de obra que consideran imprescindible.

Nuestra provincia, con un modelo productivo basado en la agroindustria y los servicios, depende en gran medida del trabajo de estas personas. Regularizar su situación no es solo una cuestión de justicia, sino también una necesidad para el presente y el futuro de la economía almeriense.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Ahora sabemos que Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones andaluzas al 17 de mayo condicionado por el calendario judicial que se activará a partir del 28 de ese mismo mes y que afecta de lleno a su partido y al debate político generado por el caso ‘Mascarillas’, del que no puede separarse, por mucho que quiera.

Las personas investigadas en lo que podría ser la mayor trama de corrupción conocida en la provincia, tras la detención del expresidente y del exvicepresidente de la Diputación de Almería, así como del alcalde de Fines, empezarán a desfilar por los juzgados apenas unos días después de que la ciudadanía haya depositado su voto en las urnas.

En un proceso judicial como este, de enorme trascendencia política y social, el hecho de que Moreno Bonilla haya fijado la cita electoral antes del inicio de las declaraciones de los encausados solo persigue evitar que los andaluces y las andaluzas dispongan de una información que pueda pasarle factura. Y eso, más allá de las responsabilidades penales que determinen los tribunales, plantea un problema político de primer orden.

La democracia no solo consiste en votar, sino en hacerlo con la máxima transparencia. Por el contrario, cuando se intentan diluir cuestiones tan relevantes como estas, se empobrece la calidad democrática y se debilita la confianza en las instituciones.

A todo ello se suma la gravedad de los hechos conocidos, que apuntan a prácticas que, de confirmarse, supondrían un uso ilícito de recursos públicos. Hablamos de supuestos delitos muy graves en los que estarían implicadas también distintas empresas. Y no se trata de anticipar culpabilidades, sino de exigir explicaciones políticas ante cuestiones que no pueden quedar al margen del debate público en las próximas semanas.

Sin embargo, Moreno Bonilla no se ha pronunciado aún sobre lo ocurrido en su partido ni en la Diputación y esa ausencia de explicaciones, junto con la evidente sombra de dudas que ha generado la fecha elegida para las elecciones, priva a la ciudadanía de votar con toda la verdad por delante.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Porque hoy en Andalucía la sanidad pública ha pasado de ser un servicio público que garantiza una asistencia de calidad a convertirse en una preocupación constante cuando enfermamos, debido a la enorme demora en la respuesta asistencial.

En Almería esa realidad es especialmente dura. Más de 100.000 personas aguardan una cita con el especialista o una intervención, en hospitales donde faltan profesionales, camas y recursos. Centros sanitarios como el de Huércal-Overa o el de Poniente funcionan con plantillas muy por debajo de lo mínimamente exigible, mientras se destinan millones de euros a derivaciones a la sanidad privada en lugar de reforzar la pública. Y esto no es una opinión, sino la realidad que viven los ciudadanos cada día.

Por eso estas elecciones no son unas elecciones más. Nos jugamos la salud y, en muchos casos, la vida. Estamos ante un auténtico referéndum sobre la sanidad pública y, en ese sentido, tenemos que reflexionar y actuar en consecuencia.

El PSOE de Andalucía está preparado, cohesionado e ilusionado para liderar el cambio de modelo de la mano de María Jesús Montero, con una propuesta clara: poner en marcha un plan urgente para rescatar la sanidad pública en sus primeros días de gobierno y devolver la dignidad y la calidad a la atención sanitaria.

Pero no se trata solo de la sanidad. Hablamos también de educación, con aulas masificadas; de jóvenes sin acceso a la formación profesional y a la vivienda, así como de personas dependientes que esperan durante años una ayuda que llega tarde o nunca. Hablamos de una Andalucía que no puede seguir avanzando solo para quienes pueden permitírselo, tal y como está ocurriendo ahora.

Cuando la ciudadanía toma verdadera conciencia de lo que está ocurriendo, responde. Y este es uno de esos momentos, porque no hay quien aguante un día más esta situación. Estoy convencido de que Andalucía puede volver a ser un lugar donde vivir con tranquilidad, donde lo público funcione y donde nadie tenga que elegir entre esperar o curarse.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

La reciente decisión del juez instructor de apartar definitivamente a Vox como acusación popular no hace sino confirmar lo que ya era evidente: el partido de Abascal perdió ese derecho desde el momento en que optó por retirarse del procedimiento de forma voluntaria, una decisión que desmonta su supuesto compromiso con la transparencia y la regeneración política.

Porque lo cierto es que, durante el tiempo en que Vox estuvo personado en la causa, no se le conoció iniciativa alguna orientada a esclarecer los hechos ni a impulsar el avance de la investigación. Su presencia en el procedimiento ha resultado, a la vista de lo acontecido, un engaño para sus seguidores, aunque para el resto nunca lo fue.

Este comportamiento no puede entenderse al margen de los acuerdos que ambas formaciones mantienen en distintos municipios de la provincia. Pactos que, como ya ocurre en las comunidades autónomas en las que negocian, dibujan un escenario en el que la connivencia política entre ambos partidos se presenta con una normalidad impensable en otros países europeos, donde los conservadores dejan al margen de los gobiernos a la extrema derecha. En España, sin embargo, a Feijóo se le ve cómodo y dispuesto a pagar el precio que le pidan, se lleve lo que se lleve por delante.

Mientras tanto, la investigación judicial en la Diputación de Almería continúa avanzando y ya alcanza contratos por valor de más de tres millones de euros, con 43 personas investigadas. Ni aun así el Partido Popular ha permitido que la Cámara de Cuentas fiscalice la contratación de la institución provincial entre 2016 y 2025, precisamente los años en los que la justicia ha puesto el foco en los presuntos amaños.

Frente a los que han optado por apartarse, hay quienes hemos decidido mantenernos firmes hasta el final, porque en un caso como este lo que está en juego no es solo la depuración de responsabilidades, sino la credibilidad de las instituciones. Y eso no es algo que se defienda solo con palabras, sino con hechos.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Estas trabajadoras, que son un pilar fundamental del principal motor de la economía almeriense, piden cosas que a la patronal del sector deben parecerle tan ‘extravagantes’ como una subida salarial que esté por encima del salario mínimo interprofesional y la reducción de su jornada laboral de 48 a 46 horas, con la idea de situarla algún día en las 40 horas semanales, tal y como marca el Estatuto de los Trabajadores.

Este conflicto laboral, que sale a la luz cada vez que tienen que negociar un nuevo convenio, debería sonrojarnos a todos, fundamentalmente porque su origen tiene mucho que ver con una realidad que, a día de hoy, todavía cuesta entender: que las mujeres, al igual que los hombres, deben tener salarios y condiciones laborales dignas.

En este asunto, al igual que en otros muy similares, no hemos visto ningún interés y mucho menos un apoyo explícito a su lucha por parte del Partido Popular o de Vox, tan dados siempre a darse golpes de pecho en defensa de nuestro campo.

Cuesta trabajo entender que les importen tan poco las manos que hacen posible que unos productos de primerísima calidad como los nuestros lleguen en condiciones impecables al resto de España y Europa.

Pues bien, defender la igualdad también va de esto y conviene recordarlo cuando alguien se pone detrás de una pancarta del 8M.

También conviene comprender que quien negocia con la ultraderecha y la blanquea, como está haciendo el Partido Popular, termina compartiendo la banalización de la violencia machista y los postulados negacionistas que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad.

Las redes se han convertido en el principal espacio donde proliferan esos referentes del ‘machirulismo’, donde cada día se vierten toneladas de odio y acoso contra las mujeres por el solo hecho de serlas, desplegando una estrategia perfectamente orquestada que vulnera los principios básicos de la igualdad y la libertad.

Este 8 de marzo nos apremia a pasar a la acción, a ser más activistas que nunca en la lucha contra la violencia machista, en la defensa de la igualdad y de los derechos laborales de las mujeres. Cada palabra, cada gesto cuenta para seguir transformando una sociedad que necesita urgentemente pensar más en femenino.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Solo para el sector primario, el impacto asciende a 2.800 millones de euros. Más de 2.000 millones en ayudas directas a la agricultura y ganadería afectadas, 600 millones para reparar caminos rurales y una medida especialmente relevante en provincias como Almería: la reducción de 35 a 5 peonadas para acceder al subsidio agrario, lo que beneficiará a casi 1.300 trabajadores eventuales que desarrollan su actividad en estas labores en nuestra provincia.

Son cifras concretas y medidas tangibles que llegan en un momento en el que invernaderos, explotaciones ganaderas, sistemas de riego y caminos rurales han sufrido daños considerables. Sin embargo, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez incluye a Almería en este plan de ayudas, Moreno Bonilla ha decidido excluir de manera injusta e incomprensible a la provincia de su propio decreto autonómico para paliar los efectos de las borrascas.

La indignación en el campo almeriense no se ha hecho esperar. Las principales organizaciones agrarias han denunciado públicamente la discriminación, subrayando que los daños aquí han sido iguales o incluso mayores que en otras provincias incluidas en las ayudas autonómicas. La sensación que deja esa decisión del Gobierno andaluz del PP es, una vez más, la de una absoluta falta de compromiso con nuestra tierra, a pesar de contar con un consejero de Almería que ostenta la cartera de Agricultura.

Los agricultores y ganaderos almerienses son andaluces y merecen el mismo trato que el resto. Dejar a la provincia sin el respaldo de los fondos de la Junta en un momento crítico como este no tiene justificación alguna.

Darse golpes de pecho al hablar del campo almeriense está muy bien, pero estaría mucho mejor no olvidarse de él como han hecho Moreno Bonilla y Fernández-Pacheco, que han respondido a las demandas del sector con el más absoluto de los silencios.

El marcador político que le da título a este artículo no lo fijan los titulares, sino las decisiones políticas. Y una vez más la diferencia es incontestable.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Moreno Bonilla ha sacado pecho de haber cambiado las camas del Hospital Torrecárdenas mientras que ha pasado de largo por la caótica situación que se vive en los hospitales de Poniente y Huércal-Overa. En estos centros sanitarios se están llevando a cabo obras cosméticas en el exterior para intentar maquillar que en el interior se viven auténticos dramas: citas que se posponen durante meses, operaciones que se eternizan y pruebas que se retrasan e impiden conocer el alcance real de una enfermedad.

El deterioro de la sanidad pública sobrecoge cuando se escucha el testimonio de pacientes y profesionales sanitarios. ¿De qué sirve que se amplíen los aparcamientos en el hospital de El Ejido si alguien –como se ha denunciado en estos días- tiene que aguardar más de 24 horas en un sillón esperando a que se libere una cama? ¿A qué paciente de La Inmaculada va a convencer Moreno Bonilla de que las obras de urbanización del exterior del hospital son el no va más si lleva esperando un año a que le den cita con su especialista?

El presidente del Gobierno andaluz ha vuelto a Almería como el que viene de paso, sin más pretensiones que disfrutar del buen tiempo y a intentar hacernos olvidar que lo suyo, como la canción de La Lupe, es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.

Moreno Bonilla volverá más pronto que tarde de nuevo a Almería a inaugurar el hospital de Roquetas de Mar, poco antes de que la convocatoria electoral se lo impida, para abrirlo por fases. Sí, tal y como lo han leído, por fases. Como si no estuviesen sonando las alarmas todos los días en el hospital de Poniente, que ostenta el discutible título de ser el que más urgencias atiende de toda Andalucía porque -esa es la verdadera razón- la Atención Primaria también está colapsada en toda la comarca.

No se puede engañar más ni durante más tiempo a la ciudadanía en algo tan serio como la salud. No podemos permitirlo, ni por nosotros mismos ni por nuestros hijos e hijas. Ya está bien de que el presidente de la Junta nos tome el pelo a los almerienses.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil, los servicios de emergencias, la Agencia Estatal de Meteorología y tantos otros quienes se baten el cobre, informan a la población, coordinan desalojos, habilitan albergues, restablecen suministros y acompañan a quienes lo necesitan sin preguntar a quién votan o cuánto tienen. Esa es la política útil, la que se ejerce sobre el terreno, tomando decisiones y movilizando recursos.

El Gobierno de España está trabajando desde el minuto uno en atender los daños causados por el temporal en Andalucía, pero ya es hora de que Moreno Bonilla asuma también sus responsabilidades y ejerza plenamente sus competencias. La Junta no puede limitarse a reclamar medidas al Gobierno central mientras sigue sin activar las suyas, que deben aprobarse de manera inmediata y contener compromisos concretos.

Nuestro campo, nuestros municipios y nuestros sectores productivos no pueden esperar meses y meses a que el Gobierno andaluz del PP decida ponerse en marcha. ¿Va a ayudar Moreno Bonilla a nuestra agricultura o va a darle la espalda durante más de un año, como ocurrió tras la dana de 2024?

También es imprescindible que se reconozca a quienes han estado en primera línea. Las trabajadoras y los trabajadores del 112 no necesitan palmaditas en la espalda, sino mejores condiciones laborales, estabilidad y más recursos para desarrollar su labor con garantías. Así es como se reconoce de verdad su trabajo y su entrega.

Este temporal, por desgracia, ha evidenciado también la importancia de proteger los servicios públicos frente a los bulos y las mentiras que circulan por las redes sociales y los pseudomedios interesados en erosionar la confianza colectiva. Resulta preocupante el auge de los discursos que desacreditan lo público o promueven un modelo que deja a cada cual a su suerte.  

Nuestra democracia se ha construido sobre un Estado del bienestar que garantiza protección ante la adversidad y ampara a quienes más lo necesitan. Debilitar ese modelo es debilitarnos como sociedad, porque cuando la tormenta arrecia no nos salvan los discursos ni las consignas partidistas: nos salva lo público.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

El criterio que vertebra el nuevo sistema responde a una reivindicación histórica: que el peso poblacional cuente más en el reparto de los recursos, algo que, por otra parte, resulta de sentido común. Y eso favorece de manera directa a Andalucía, que recibe 23 de cada 100 euros de la nueva financiación con un peso poblacional del 18 %. Ante unos datos tan incontestables, resulta legítimo preguntarse qué razones pueden justificar decir no a un modelo que beneficia de forma tan clara a nuestra tierra.

En provincias como la de Almería, el respaldo a esta propuesta no ofrece margen para la duda. La falta de financiación ha tenido efectos negativos muy concretos durante los últimos años, en los que arrastramos un déficit sanitario de 135 millones de euros anuales y más de 1.600 profesionales menos de los que nos corresponderían por población.

Ese desequilibrio tiene consecuencias directas en nuestros hospitales, en las vergonzosas listas de espera que padecemos y en la saturación de la Atención Primaria. Por lo tanto, el nuevo sistema permitiría empezar a corregir ese agravio que el presidente de la Junta se niega a reconocer, sin haber puesto sobre la mesa ni siquiera una alternativa a esta propuesta.

Pero los beneficios del nuevo modelo de financiación no se limitan a la sanidad. Más recursos significan más docentes, mayor inversión en dependencia y la posibilidad de impulsar la construcción de más de 50.000 viviendas públicas para que los jóvenes puedan iniciar un proyecto de vida.

Almería no puede permitirse dejar pasar esta oportunidad histórica por un simple cálculo electoralista de Feijóo, al que Moreno Bonilla se ha sumado sin reservas. Andalucía y, especialmente, nuestra provincia necesitan esa financiación para dar un salto cuantitativo y cualitativo en los servicios públicos que se prestan. Rechazarla sería, sencillamente, traicionar al conjunto de los almerienses.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

La cifra total de afiliación supera hoy las 341.000 personas, el mejor dato de toda la serie histórica. Pero más allá de los números, el elemento verdaderamente relevante es ese cambio de tendencia.

La brecha de género en el acceso al empleo, que durante años penalizó a las mujeres, comienza a cerrarse. Y lo hace, además, con un mercado laboral que ofrece más estabilidad, ya que más de la mitad de los nuevos contratos firmados en la provincia son indefinidos.

Este avance tiene un impacto directo en la vida de muchas familias, que hoy cuentan con mayor seguridad y mejores perspectivas de futuro. Y, lo que es aún más importante, sienta las bases para garantizar pensiones más dignas para las mujeres que hoy trabajan y cotizan, frente a aquellas que durante décadas quedaron fuera del mercado laboral o lo hicieron en condiciones precarias.

En este contexto, la revalorización de las pensiones conforme al IPC refuerza esa mejora. En Almería, las contributivas suben este año un 2,7%, lo que supone cerca de 470 euros más al año para una pensión media de jubilación. A ello se suma el incremento de las pensiones mínimas y no contributivas, que aumentan entre un 7% y un 11,4%, lo que beneficia especialmente a mujeres que no pudieron cotizar lo suficiente.

También se revaloriza el Ingreso Mínimo Vital  y se mantienen las medidas destinadas a proteger a los colectivos con mayores dificultades para afrontar gastos básicos como la energía o la vivienda. Se fortalece, por lo tanto, un escudo social que sigue siendo necesario para miles de familias.

Frente a estos avances, nos encontramos con la decisión del Gobierno de Moreno Bonilla de incrementar de forma ridícula el complemento autonómico de las pensiones no contributivas. La subida aprobada por el Partido Popular en Andalucía se traduce en apenas 46 céntimos más al mes, lo que evidencia que la derecha sigue dando la espalda a las mujeres y a los pensionistas. Como ha hecho toda la vida.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

El Gobierno andaluz del Partido Popular ha sido el gran artífice del colapso sanitario que sufrimos mientras hacía creer a la ciudadanía que todo funcionaba. Pero nada más lejos de la realidad.

La crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama ha sido la señal de alarma definitiva de un sistema que se ha debilitado a conciencia. Más de un mes después de que se destapara el escándalo, seguimos sin respuestas. No se sabe cuántas mujeres están afectadas, dónde estuvo el fallo ni qué medidas se han tomado para evitar que vuelva a ocurrir. A pesar de que se anuncien ceses y dimisiones, nada ni nadie va a poder tapar que el máximo responsable de lo ocurrido es el propio Moreno Bonilla.

En la provincia de Almería, el deterioro es especialmente visible en todos nuestros hospitales, pero también en Atención Primaria, donde conseguir una cita en un tiempo razonable es toda una odisea. Sin embargo, mucha gente  -mientras espera en una cola a que abran su centro de salud- recuerda cuando la sanidad pública sí funcionaba.

Esa es la realidad que Moreno Bonilla no puede esconder por mucho que se empeñe; especialmente porque después de anunciar más recursos que nunca para la sanidad, hoy estamos peor que nunca. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero que dice haber invertido?

Y entre tanto, todavía tenemos que escuchar al Partido Popular presumir de presupuestos “históricos” para 2026, pero ¿históricos para quién? La propaganda no cura y titulares como ese tampoco salvan ni una sola vida. Lo único “histórico” aquí es el colapso sanitario y la ausencia de responsabilidad política para asumirlo.

Salvar la sanidad pública no es una consigna, es una urgencia. Con esa idea salimos este domingo a la calle para decir alto y claro que creemos firmemente en el modelo que siempre hemos defendido, en aquel que protege y que cuida, frente al que ha instaurado el Partido Popular de Moreno Bonilla, que abandona y señala el camino de la privada a quien pueda pagarse de su bolsillo la atención sanitaria.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

El patrón se repite año tras año. Se anuncian cifras millonarias y proyectos repetidos como si fuesen nuevos, pero a la hora de la verdad no se ejecutan las inversiones. Tanto da si el Partido Popular dice que pone 300 como si promete 500, puesto que las cuentas nos indican que desde 2019, de cada cien euros presupuestados en Almería, solo se invierten catorce.

Llama poderosamente la atención que el Gobierno de Moreno Bonilla diga que ahora se va a preocupar por la educación, tras aumentar las aulas prefabricadas, abandonar al alumnado con necesidades especiales y dejar a muchos estudiantes de FP sin plazas públicas mientras favorece a la privada.

No hay quien se crea las palmaditas de ánimo a la Universidad de Almería tras asfixiarla económicamente, ni tampoco que diga que va a atender el problema de la vivienda, cuando no ha adoptado ni una sola medida que frene los precios del alquiler o de la compra.

Lo más grave es que esta gestión, que ya todo el mundo pone en entredicho, tiene consecuencias reales en la vida de la gente. Por ejemplo, en la sanidad pública, donde el deterioro salta a la vista en hospitales como La Inmaculada de Huércal-Overa o el de Poniente, que no disponen de los recursos ni de las plantillas necesarias para evitar seguir engordando unas ya de por sí demoledoras listas de espera. Y no es algo que parezca preocuparle en exceso a Moreno Bonilla, que prefiere taparse los ojos y presumir de haber presentado unos presupuestos históricos. Sucede, sin embargo, que lo único verdaderamente histórico es el daño que su modelo ha provocado en muchas mujeres víctimas de terribles fallos en los cribados de cáncer.

Ni Almería ni Andalucía necesitan más promesas ni más titulares vacíos, sino un gobierno que invierta, que gestione y que rinda cuentas. Entre otras cosas, porque más de siete años de propaganda no curan una enfermedad ni alivian la espera de ningún paciente.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

En las horas previas al debate, el nuevo responsable de la sanidad andaluza ya había dado muestras suficientes de su nula empatía con las mujeres que le están reclamando explicaciones todos los días a Moreno Bonilla sobre lo que ha ocurrido con los fallos en los cribados de cáncer de mama. Casi un mes después de que salieran a la luz los primeros casos, la Junta aún no ha respondido a esa cuestión fundamental.

Se han cometido errores gravísimos que han puesto en peligro vidas, pero lo único que ha demostrado el Gobierno andaluz es su incapacidad para asumir responsabilidades. Cada día se conocen nuevos testimonios de pacientes que sienten que el sistema les ha fallado; y aun así el Partido Popular prefiere atacar a quienes denuncian su sufrimiento, mostrando una inquietante falta de sensibilidad con quienes cargan con el miedo, la incertidumbre y la sensación de abandono.

Si Moreno Bonilla piensa que este debate lo comenzaron la oposición o los medios, se equivoca también en eso. Lo iniciaron mujeres que, con un diagnóstico de cáncer o a la espera de saber si padecen la enfermedad, han decidido no callarse. Por eso resulta aún más incomprensible y cruel intentar desacreditar a las víctimas para ocultar su responsabilidad política.

Por ellas, por todas las personas atrapadas en listas de espera interminables, este debate no solo ha terminado, sino que acaba de empezar. Y no se dará por concluido hasta que el presidente de la Junta dé la cara, asuma errores y reconozca el fracaso de un modelo sanitario que ha colocado a los andaluces y a las andaluzas en una situación límite.

Si algo ha conseguido Moreno Bonilla con su gestión de esta grave crisis es deteriorar aún más la imagen del sistema sanitario público y situarse a la altura de Ayuso o Mazón. Eso es algo que va a arrastrar durante el tiempo que dure su carrera política, que no debe ser ya mucho.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

En este hospital, tres médicos de Digestivo intentan sostener lo insostenible: consultas, colonoscopias y planta hospitalaria para atender a una población de 150.000 habitantes. Por eso, no resulta extraño que cada día se anulen una veintena de citas, algunas de pacientes que llevan más de medio año esperando.

Todo esto que está ocurriendo es muy grave. Por mucho que se intente justificar, no es un fallo puntual ni un desajuste temporal, sino la consecuencia directa de la puesta en marcha de un modelo que ha recortado recursos, precarizado plantillas y alentado la fuga de profesionales hacia la sanidad privada, convirtiendo el derecho a la salud en un privilegio.

El Hospital de Huércal-Overa es hoy el espejo de un sistema colapsado. No hay hematólogos ni dermatólogos y en Urología o Neumología solo pasa consulta un médico por especialidad. Las listas de espera son interminables y cerca de 25.000 personas aguardan una cita o una operación que no llega.

El discurso oficial que repite el Partido Popular es que no hay médicos, pero eso no es cierto. La realidad es que no se les ofrecen unas condiciones dignas para que se queden, hasta tal punto que la Junta ha terminado convirtiendo la sanidad en un negocio donde los hospitales públicos se vacían de profesionales y los privados se llenan de contratos.

La Inmaculada ha pasado a ser la zona cero de esa política que ha llevado al límite a la sanidad andaluza con cada retraso, cada cita anulada y cada diagnóstico que llega tarde, añadiendo más sufrimiento y angustia a los pacientes.

Juanma Moreno, por mucho que se empeñe, no puede mirar hacia otro lado. La responsabilidad política de lo que está ocurriendo es exclusivamente suya, al poner en juego el principio mismo de una sanidad pública universal y de calidad que en Andalucía, bajo su mandato, ha dejado de serlo.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Imagina recibir una llamada, tras meses de silencio, para decirte que padeces un cáncer. Imagina lo que debe ser convivir con un tumor, sin saberlo, porque nadie se ocupó de revisar a tiempo tu prueba. No es una ficción. Es lo que 2.000 mujeres están denunciando en Andalucía. Es una emergencia sanitaria, y lo mínimo que merece la ciudadanía es una respuesta inmediata, humana y transparente.

Desde el PSOE hemos exigido la dimisión inmediata de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y no es para menos. Bajo su gestión, el programa de detección precoz del cáncer de mama ha fallado estrepitosamente, dejando a muchas mujeres en una situación de absoluta indefensión. Y ante esta crisis, su respuesta ha sido, como mínimo, desconcertante: frialdad, minimización y falta de empatía.

Estamos hablando de vidas, no de cifras, ni de debates partidistas. Este no es un problema menor ni puntual. Es una crisis que pone en entredicho la credibilidad y la reputación del sistema sanitario público andaluz.

Y aquí hay una raíz más profunda: la privatización progresiva de nuestra sanidad pública. Lo que hoy estamos viviendo es una consecuencia directa de políticas que han priorizado los beneficios económicos sobre el bienestar de la gente. Sin rodeos, privatizar mata. Y aunque la frase pueda sonar dura, refleja una realidad demasiado cruda: cuando los servicios públicos se desmantelan, los más vulnerables son los primeros en sufrirlo.

Hay que activar ya un protocolo de emergencia y revisar de oficio todos los cribados desde 2022. No se trata de buscar culpables a posteriori, sino de corregir con urgencia un sistema que ha fallado. Porque cada día que pasa sin actuar, es un día que puede costar una vida.

Señor Moreno Bonilla: no es momento de esconderse ni de minimizar lo evidente. La ciudadanía andaluza merece una explicación pero, sobre todo, merece soluciones. Porque cuando una mujer recibe un diagnóstico tardío, no está fallando su cuerpo. Está fallando el sistema que debía protegerla.

José María Martín, Secretario General del PSOE de Almería

Los datos de la última campaña nos recuerdan que somos capaces de sobreponernos a las dificultades. Pero no podemos cerrar los ojos ante los retos: la competencia internacional, los altos costes de producción o los problemas sanitarios en determinados cultivos. En todos esos frentes, los agricultores y las agricultoras no están solos. El Gobierno de España ha demostrado con hechos que está a su lado: lo estamos viendo con las ayudas directas de 16 millones de euros para paliar los efectos de la DANA y la sequía que han beneficiado a miles de agricultores almerienses. Y lo vemos también cada día con las inversiones que se están ejecutando para mejorar la eficiencia de los regadíos, que rondan los 200 millones de euros en nuestra provincia.

Si hay un desafío que marcará el porvenir de nuestra tierra es el agua. El PSOE y el Gobierno de España tenemos clara la prioridad: invertir en infraestructuras hídricas que nos permitan no depender de si llueve o no llueve, especialmente en un contexto de crisis climática como el que estamos viviendo. Por lo tanto, es imprescindible asegurar cada gota, porque sin agua no hay futuro posible para nuestra agricultura. Garantizar este recurso es garantizar empleo, bienestar y progreso.

Nuestro compromiso político es firme: defender al campo almeriense frente a quienes lo utilizan como arma arrojadiza y acompañar a agricultores, cooperativas y empresas con soluciones reales. Porque la agricultura no solo da trabajo y riqueza, también define quiénes somos como provincia y hacia dónde queremos avanzar.

Con diálogo, inversión pública y una apuesta inequívoca por la sostenibilidad, seguiremos haciendo de la agricultura almeriense un motor de desarrollo, justicia social y orgullo colectivo. Esa es la responsabilidad del PSOE y del Gobierno de España: estar al lado de quienes hacen grande a Almería.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Hoy tenemos en la provincia 130 aulas prefabricadas, más de las que había en 2018, y decenas de proyectos de nuevos colegios e institutos durmiendo el sueño de los justos. Hasta 45 grandes obras tiene aparcadas la Junta en Almería por un importe que supera los 100 millones de euros. El atasco, efectivamente, es monumental.

Con todo, lo peor de lo que está ocurriendo es que no solo no abordan esos proyectos, sino que tampoco atienden lo cotidiano, como es el caso de la climatización –que alumnos y profesorado han sufrido al final del curso pasado y en el inicio de este- o ampliaciones que están comprometidas desde hace siete años, tal y como ocurre, por ejemplo, en San Juan de Los Terreros, en Pulpí.

La improvisación en la organización del nuevo curso escolar también ha terminado por quebrar la paciencia de los equipos directivos de los centros educativos, al ampliar la Junta, muy pocos días antes de iniciarse las clases, nuevas unidades en espacios no habilitados como aulas, algo que, por otra parte, comienza a ser muy habitual. Esa dejadez ha hecho saltar por los aires la planificación con una consecuencia inmediata: el aumento de la ratio.

Tampoco vive su mejor momento la Formación Profesional tras apostar el Gobierno andaluz del PP por fomentar la enseñanza en los centros privados, que han crecido exponencialmente a la misma vez que mengua la oferta en la pública. De hecho, la FP privada ha aumentado en Andalucía un 80% mientras que la pública apenas alcanza un crecimiento del 1%, dejando fuera del sistema a muchos estudiantes.

Algo parecido está haciendo también el Partido Popular con los estudios superiores al infrafinanciar las universidades públicas y abrir de par en par las puertas a las privadas.

Revertir todos estos ataques a la educación pública debería tratarse como una emergencia en Andalucía. Así lo vemos desde el Partido Socialista y esa es la hoja de ruta que nos hemos marcado, con el claro objetivo de que se vuelva a recuperar la igualdad de oportunidades de la mano de María Jesús Montero al frente de la Junta de Andalucía.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

Nuestra provincia arrastra déficits que todos conocemos: centros de salud saturados, aulas que necesitan modernizarse y muchos municipios pequeños que ven cómo se van deteriorando servicios públicos que desatiende el Gobierno andaluz del PP. La condonación de la deuda no resolverá por sí sola todos los problemas, pero liberaría cientos de millones de euros que podrían invertirse aquí, en nuestra gente.

Es indignante escuchar al presidente de la Junta hablar de “agravio” cuando los datos demuestran que Andalucía es de las más beneficiadas por esta medida. En 2018, cuando Moreno Bonilla aún no gobernaba, su propio partido respaldaba una propuesta similar. Hoy, guiado por la estrategia de Génova, prefiere usar a Andalucía como escudo en un pulso político con el Gobierno central.

Almería necesita un gobierno autonómico que defienda sus intereses, no que anteponga la disciplina de partido. Los hospitales de El Ejido, Huércal-Overa o Torrecárdenas, las escuelas de nuestros barrios y la atención a nuestros mayores no entienden estas confrontaciones partidistas por parte del Partido Popular: necesitan recursos, planificación y valentía política.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado con hechos su compromiso con esta provincia: inversiones multimillonarias en infraestructuras de agua y comunicaciones, el impulso del Kit Digital, la mejora del 5G o las que se destinan al Plan de Fomento del Empleo Agrario. La quita de la deuda es una nueva muestra de esa voluntad de apoyar a Andalucía y Almería.

Frente al “no” de Moreno Bonilla, desde el PSOE de Almería decimos un “sí” rotundo a cualquier medida que signifique más recursos para los servicios públicos y más oportunidades para nuestra gente. Nuestra provincia no puede permitirse el lujo de dejar pasar este tren.

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería