El mensaje implícito es inequívoco: los inmigrantes son responsables de la inseguridad, del deterioro de los servicios públicos, de la precariedad laboral o de la degradación de los barrios. Se construye así un relato basado en el señalamiento colectivo, en el miedo y en la búsqueda de un chivo expiatorio sobre el que descargar problemas complejos que tienen causas económicas, políticas y sociales mucho más profundas.

La historia europea ya conoce demasiado bien las consecuencias de este tipo de estrategias. En los años treinta, el odio también se disfrazó de mensajes simples, emocionales y aparentemente dirigidos a “proteger” a la “población nacional”. Cambian los colectivos señalados, pero el mecanismo es el mismo: convertir a un colectivo social en el culpable de todos los problemas de nuestra sociedad.

Lo más preocupante quizá no sea únicamente la campaña de VOX, sino el escaso rechazo político, social y mediático que ha generado. Parece que una parte de la sociedad empieza a asumir estos mensajes como una propuesta electoral más, normalizando discursos que hace apenas unos años habrían provocado una respuesta democrática mucho más contundente. Hasta el momento, solo el Ministerio de Igualdad ha trasladado una denuncia a la Fiscalía para estudiar si estos mensajes pudieran vulnerar la legislación vigente.

Del discurso al delito de odio

Y no se trata de un debate menor. El discurso de odio no consiste únicamente en insultos o amenazas explícitas. También incluye mensajes que promueven prejuicios, estigmatizan colectivos o los presentan como peligrosos y responsables de problemas sociales por razón de su origen, religión o condición. Su finalidad es generar miedo, rechazo y hostilidad.

La libertad de expresión ampara el debate político y la crítica ideológica, pero no protege la incitación a la discriminación, ni los ataques a la dignidad de las personas. Por eso, tanto las instituciones democráticas como los organismos internacionales consideran el discurso de odio una amenaza para la convivencia y la cohesión social, además de la antesala de muchos delitos de odio.

El Código Penal español castiga a quienes fomenten o inciten públicamente al odio, la discriminación o la violencia contra colectivos por motivos racistas, xenófobos o discriminatorios. Por ello, corresponde a la Fiscalía y a los tribunales determinar si los mensajes difundidos por VOX pueden encajar en ese marco penal. Pero, más allá de la valoración jurídica, existe una responsabilidad política y democrática evidente.

Los discursos xenófobos y racistas no deberían encontrar acomodo en una sociedad democrática avanzada. Minimizar o tolerar estos mensajes supone normalizar la discriminación, alimentar la polarización y debilitar los principios básicos de convivencia. Cuando se señala constantemente a colectivos vulnerables como responsables de los problemas sociales, el odio deja de ser únicamente un mensaje y empieza a convertirse en un clima social que abre la puerta al acoso, la exclusión e incluso la violencia.

Por eso resulta imprescindible que la respuesta democrática sea firme y colectiva, porque este no debería ser un problema de izquierdas o derechas.  No basta con condenar las agresiones cuando ya se producen; hay que combatir también los discursos que las alimentan. Defender la convivencia no es censurar opiniones, sino proteger la dignidad humana y los valores constitucionales frente a quienes pretenden enfrentar a la sociedad utilizando el miedo y la desinformación como herramienta política.

José Francisco Cano de la Vega. Coordinador provincial de Movimiento Sumar en Almería y candidato de Por Andalucía al Parlamento Andaluz

Y esto no va solo de números. Va de modelo. Las macrogranjas representan la cara más agresiva de una ganadería industrial que exprime los recursos naturales, contamina suelos y acuíferos, deteriora la calidad del aire y somete a los animales a condiciones que no son tolerables. Un modelo que, además, apenas genera empleo y que deja en el territorio más problemas que soluciones.

Desde Movimiento Sumar Almería lo decimos alto y claro: no queremos macrogranjas en nuestra provincia. No las queremos en Pechina ni en ningún otro municipio. No aceptamos que Almería se convierta en el vertedero ambiental de un sistema productivo insostenible. No vamos a mirar hacia otro lado mientras se pone en riesgo la salud de nuestros pueblos.

Frente a este modelo depredador, defendemos las alternativas que se recogen en el programa electoral de “Por Andalucía”, la coalición que representa a la izquierda. Un modelo que ya existe y que funciona: la ganadería extensiva. La cría de ovino y caprino no solo ofrece productos de calidad, ligados al territorio y con valor añadido, sino que cumple una función ecológica imprescindible. Los rebaños regeneran el suelo, dispersan semillas, favorecen la biodiversidad y mantienen el monte limpio, actuando como verdaderos cortafuegos naturales. Son, literalmente, nuestros mejores aliados en la lucha contra los incendios y la desertificación.

Hablar de ganadería extensiva es hablar de futuro, de equilibrio y de respeto por el territorio. Exactamente lo contrario que las macrogranjas.

Pero no basta con señalar el camino. También hace falta hacere reglas de juego más estrictas. No puede ser que se sigan autorizando explotaciones intensivas sin controles rigurosos. No puede ser que se tolere el incumplimiento de las condiciones de bienestar animal, ni en la estabulación, ni en la alimentación, ni en el sacrificio. Y no puede ser que el tratamiento de residuos quede en manos de quienes priorizan el beneficio económico por encima de cualquier otra consideración. Hace falta vigilancia, sanciones y unas políticas muy distintas de las que impulsa Moreno Bonilla desde la Junta de Andalucía.

Almería tiene derecho a decidir qué modelo quiere. Y ese modelo no puede construirse a costa de su gente ni de su entorno. La movilización social que estamos viendo demuestra que la ciudadanía ha dicho basta.

Porque esto no va solo de una macrogranja. También va de dignidad y de futuro. Y ese futuro no pasa por llenar nuestros campos de naves industriales y nuestros acuíferos de residuos.

Almería no está en venta. Y desde”Por Andalucía” vamos a defenderla.

José Francisco Cano de la Vega es coordinador provincial de Movimiento Sumar y candidato al Parlamento Andaluz por la coalición electoral “Por Andalucía”

Este no es un problema puntual ni una cuestión exclusivamente estética. Hablamos de un desafío ambiental, sanitario y social de primer orden que evidencia un fracaso colectivo en la gestión de los residuos derivados del modelo intensivo bajo plástico. Toneladas de plásticos, restos vegetales y materiales contaminantes se acumulan sin control suficiente, configurando vertederos ilegales y degradando espacios naturales y agrícolas.

Durante demasiado tiempo, las administraciones competentes han optado por mirar hacia otro lado o por aplicar soluciones parciales y claramente insuficientes. La Junta de Andalucía no ha ejercido el liderazgo que le corresponde en la planificación y ejecución de infraestructuras clave, ni tampoco en el control del cumplimiento de la normativa y en la denuncia de sus infracciones. Al mismo tiempo, muchos municipios -Níjar o El ejido son los dos casos más claros- se han limitado a mirar hacia otro lado, excusándose en lo que no podemos denominar de otra forma que una descarada irresponsabilización.

La consecuencia es evidente para quien quiera verlo: un territorio que sostiene buena parte de la economía agrícola europea no dispone aún de un sistema público, eficaz y dimensionado para gestionar sus propios residuos.

Pero, desde la coalición electoral que representa la unidad de la izquierda en Andalucía lo tenemos claro: este problema no se resuelve con declaraciones ocasionales forzadas por algunas situaciones de verdadero escándalo, sino con voluntad política, inversión pública y coordinación institucional real.

Por esa razón, nuestro programa electoral recoge tres propuestas concretas que creemos pueden ayudar de forma importante a solucionar este problema:

• En primer lugar, proponemos la construcción por la Junta de Andalucía de una planta pública para la gestión de residuos agrícolas en nuestra provincia. No se trata solo de una infraestructura, sino de un cambio de modelo: garantizar que el tratamiento de residuos deje de depender de soluciones fragmentadas o insuficientes y pase a formar parte de una estrategia pública integral.
• En segundo lugar, consideramos imprescindible el desarrollo de frecuentes campañas de sensibilización y asesoramiento, dirigidas tanto al sector agrícola como a la ciudadanía, con el objetivo de reducir la generación de residuos y mejorar su correcta segregación, especialmente en el entorno de los núcleos urbanos y zonas naturales. La corresponsabilidad es clave, pero debe ir acompañada de información, recursos y apoyo técnico.
• Por último, proponemos diseñar y llevar a cabo un Plan Integral de Eliminación de Residuos Plásticos en las áreas más afectadas, que incluya actuaciones concretas y urgentes: limpieza de vertederos ilegales, recuperación de ramblas y regeneración de espacios degradados, en colaboración estrecha con la Diputación Provincial y los ayuntamientos.

Pero este plan no puede quedarse en el papel. Debe contar con financiación suficiente, plazos definidos y mecanismos de seguimiento que garanticen su cumplimiento.

Almería no puede seguir sosteniendo su crecimiento económico a costa de su territorio y de su medio ambiente. La competitividad del sector agrícola pasa también por su sostenibilidad, y eso exige afrontar de manera decidida y responsable el problema de los residuos agrícolas.

A la Junta de Andalucía le corresponde asumir su responsabilidad y liderar este proceso. Y los municipios necesitan liderazgo institucional, apoyo, recursos y coordinación para dejar de actuar a regañadientes frente a un problema estructural que tanto nos afecta a todos y todas.

De otra parte, la respuesta a un problema de tanta trascendencia para Almería no debería constituir una cuestión ideológica, sino de mero sentido común. O actuamos ahora con decisión, o seguiremos acumulando un problema que compromete no solo el presente, sino también el futuro de toda la provincia.

Almería merece soluciones reales. Y esas soluciones pasan por dejar de mirar hacia otro lado, como hasta ahora ha hecho la Junta liderada por Moreno Bonilla.

José Francisco Cano de la Vega es coordinador provincial de Movimiento Sumar y candidato al Parlamento Andaluz por la coalición electoral “Por Andalucía”

Cuando hablamos de chabolismo solemos pensar en asentamientos visibles, pero esa es solo la parte más conocida del problema. Existe otra realidad mucho más extensa y silenciada: la infravivienda rural dispersa, formada por cortijos abandonados, casetas de aperos, almacenes agrícolas o construcciones fuera de normativa, ocultas entre los invernaderos y alejadas de los núcleos urbanos.

Según el informe La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del campo de Níjar, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería, en el campo nijareño -uno de los municipios más afectados- existen en torno a 470 infraviviendas rurales dispersas, en las que viven entre 1.250 y 1.400 personas, de las cuales al menos 275 son menores de 14 años, cifra que podría superar las 480 personas menores de edad si se amplía el rango hasta los 18 años.

Estos datos desmienten cualquier intento de minimizar el problema. No estamos ante situaciones excepcionales, sino ante una forma estructural de exclusión residencial. En el municipio de Níjar, cerca del 20% de la población reside en diseminados, un porcentaje muy superior al de otros municipios agrícolas de la provincia y que revela hasta qué punto la segregación residencial se ha normalizado.

Las condiciones de vida en estas infraviviendas vulneran de forma sistemática los derechos humanos más básicos: ausencia de agua potable, cortes continuos de electricidad o falta total de suministro, hacinamiento, humedades, mala ventilación, aislamiento geográfico extremo y riesgos constantes de incendio o inundación. A la inmensa mayoría de estas personas el gobierno de PP y VOX les niega el empadronamiento municipal (a pesar de lo establecido por la Ley), lo que les impide acceder con normalidad a la sanidad, la educación, los servicios sociales o la regularización administrativa. Viven y trabajan aquí, pero permanecen obligatoriamente y contra su voluntad fuera del sistema.

Pero esta realidad no es fruto del azar. Es consecuencia de décadas de inacción política, de un mercado del alquiler profundamente discriminatorio y, sobre todo, de un modelo productivo que ha externalizado los costes sociales de la agricultura intensiva. El sector agroalimentario de Almería necesita mano de obra barata, disponible y flexible, pero no asume la responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas para quienes sostienen sus empresas.

El chabolismo no es solo un problema social: es una fractura democrática. Normalizar que miles de personas vivan “bajo el plástico” supone aceptar una desigualdad estructural incompatible con cualquier idea seria de justicia social y de desarrollo sostenible.

Propuestas para una solución corresponsable

Erradicar el chabolismo en Almería es posible, pero exige una corresponsabilidad real de todos los implicados:

·                Las empresas agroalimentarias deben asumir compromisos obligatorios en la creación y financiación de alojamientos dignos vinculados al empleo agrícola. Los beneficios no pueden seguir siendo privados mientras los costes sociales recaen sólo en lo público.

·                Los ayuntamientos deben impulsar planes locales integrales que combinen realojos, rehabilitación, regularización urbanística y empadronamiento, evitando procesos de desalojo sin alternativa habitacional. Además, mientras estas alternativas no sean una realidad, deben garantizar el acceso a los servicios básicos (limpieza, electricidad, agua…) a esta parte de su población y -por supuesto- deben facilitar su empadronamiento.

·                La Diputación Provincial de Almería debe asumir su liderazgo en la coordinación supramunicipal, aportando recursos técnicos y económicos a los municipios con menor capacidad.

·                Por fin, la Junta de Andalucía debe aportar una dotación presupuestaria suficiente y ampliación real del Plan para la Erradicación de Asentamientos Irregulares, incorporando de forma clara la infravivienda rural dispersa.

En todo este proceso, deben ocupar un papel central las entidades sociales con una larga trayectoria en la atención a los migrantes y un profundo conocimiento del territorio, como CEPAIM, Almería Acoge y el Servicio Jesuita de Migración, fundamentales para la gestión de alternativas habitacionales dignas y el acompañamiento social.

Erradicar el chabolismo no es una concesión ni una utopía: es una obligación ética, social y política. La dignidad no puede depender del origen ni del tipo de contrato. Garantizar vivienda digna para quienes hacen posible el campo almeriense es una cuestión de justicia social y de futuro para nuestra provincia.

José Francisco Cano de la Vega es candidato al Parlamento Andaluz por la coalición “Por Andalucía” en la provincia de Almería y coordinador provincial de Movimiento Sumar

La tasa turística es un impuesto que abonan los visitantes durante su estancia en un destino turístico. Habitualmente se aplica sobre el precio por noche en hoteles, hostales, apartamentos, campings o cualquier otro tipo de alojamiento. Su finalidad es sencilla: que una pequeña parte del gasto turístico contribuya a financiar los servicios públicos, las infraestructuras y la conservación de los espacios que hacen posible ese atractivo turístico.

Una medida como esta, ni es una rareza, ni tampoco una ocurrencia de la izquierda. En Europa se ha extendido ampliamente en los últimos años: Venecia fue la pionera, pero hoya cerca de 140 ciudades de unos 20 países europeos aplican tasas de este tipo. Destinos tan consolidados como Ámsterdam, Roma, París, Viena o Lisboa cuentan con este instrumento para ayudar a gestionar la presión turística. En ninguno de estos lugares la tasa ha supuesto una caída del turismo; al contrario, la mayoría de estas ciudades han seguido incrementando el número de sus visitantes.

España avanza más lentamente en esta materia. Actualmente, la tasa turística solo se aplica en Cataluña y Baleares. En este último caso, el denominado Impuesto de Turismo Sostenible se implantó en 2016 y ha permitido recaudar cientos de millones de euros destinados a proyectos de sostenibilidad, protección ambiental y mejora de infraestructuras turísticas. Se trata, por tanto, de una herramienta útil para reforzar el modelo turístico sin penalizar a los visitantes.

En Andalucía, sin embargo, el debate apenas comienza. La Junta ha descartado por ahora su implantación, argumentando que es necesario estudiar sus posibles efectos adversos. Mientras tanto, ciudades como Sevilla han abierto la puerta a fórmulas similares para financiar la conservación de sus espacios más emblemáticos.

Almería y el Cabo de Gata-Níjar

En la provincia de Almería, el debate surgió hace tiempo en el Ayuntamiento de la capital, aunque sin una posición clara por parte del gobierno municipal. En el caso del municipio de Níjar, donde se encuentra la mayor parte del Parque Natural, ni el equipo de gobierno, ni el PSOE, han fijado todavía una postura.

Sin embargo, los datos invitan a reflexionar. Según el Instituto Nacional de Estadística, el municipio de Níjar registró más de 114.000 pernoctaciones hoteleras entre los meses de junio y agosto de 2025. Aunque aún no se han publicado los datos anuales definitivos, las estimaciones apuntan a que el municipio podría haber superado por primera vez las 200.000 pernoctaciones en todo el año, lo que representaría un crecimiento cercano al 20% sobre el año anterior.

Este aumento del turismo tiene consecuencias directas sobre los servicios municipales. Los pueblos del Parque deben hacer frente a un mayor consumo de agua, más generación de residuos, mayor uso de infraestructuras y una presión creciente sobre los servicios públicos. Sin embargo, estos gastos se financian fundamentalmente con los impuestos de los vecinos y vecinas.

La situación resulta especialmente preocupante cuando observamos que muchos núcleos costeros del parque arrastran serias deficiencias en servicios básicos, mientras que el esfuerzo fiscal sobre la población residente continúa aumentando, como ocurre con la subida de la tasa de basuras. Un municipio tan extenso como Níjar, con numerosos núcleos de población dispersos, necesita recursos adicionales para garantizar servicios de calidad y preservar su entorno natural.

En este contexto, una tasa turística bien diseñada podría representar una importante fuente de financiación para el municipio. No se trata de penalizar al visitante, sino de establecer una contribución mínima que permita mejorar infraestructuras, reforzar la limpieza, proteger el patrimonio natural y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible.

Además, la experiencia nacional e internacional demuestra que este tipo de medidas no disuade al turismo. Quienes visitan destinos de alto valor ambiental como el Cabo de Gata comprenden perfectamente que su conservación requiere de recursos que -al menos en parte- también deben ser aportados por los viajeros.

El reto consiste en diseñar una tasa justa, transparente y finalista, de modo que los ingresos se destinen exclusivamente a mejorar el entorno y los servicios vinculados al turismo. Invertir en sostenibilidad no solo beneficia a los residentes, sino que también refuerza la calidad del destino turístico.

José Francisco Cano de la Vega, es coordinador provincial de Movimiento Sumar Almería

No es ideología, ni tampoco una percepción subjetiva. La ciencia es clara. El Mediterráneo se está calentando por encima de la media global y ese calor adicional actúa como combustible para tormentas cada vez más virulentas. El reciente gran estudio sobre la dana de Valencia de octubre de 2024, elaborado por investigadores de la Universidad de Valladolid y la Aemet y publicado en Nature Communications, confirma que el cambio climático no solo incrementó la intensidad de aquella tormenta, sino que amplió en un 55% la superficie afectada por lluvias extremas. Es decir, los fenómenos no solo son más fuertes: también abarcan más territorio al mismo tiempo.

Este dato debería hacernos reflexionar profundamente en Almería. Porque compartimos cuenca mediterránea, características climáticas y, en muchos casos, los mismos errores estructurales: urbanización en zonas inundables, ramblas ocupadas, suelos sellados por infraestructuras y un modelo productivo que durante décadas ha dado la espalda a los límites del territorio.

En nuestra provincia los ejemplos sobran. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, joya ambiental y uno de los motores económicos de la provincia, es extremadamente vulnerable a la erosión y a los temporales. El Poniente almeriense, con miles de hectáreas de invernaderos, sufre cada episodio de lluvias intensas como una amenaza directa a viviendas, caminos rurales y explotaciones. En el Levante, las ramblas convertidas en espacios urbanizados se transforman en ríos violentos en cuestión de minutos. Y en las sierras, la pérdida de masa forestal favorece desprendimientos y arrastres de tierra.

Pero sería injusto y engañoso atribuirlo todo únicamente al cambio climático. La crisis climática actúa como un multiplicador de un modelo de desarrollo insostenible. Cuando se construye donde no se debe, cuando se destruyen humedales, cuando se sobreexplota el agua o se ignora la planificación, el impacto de cualquier tormenta se dispara.

Desde “Por Andalucía” defendemos que la respuesta debe ser integral y, sobre todo, justa. Porque la crisis climática no golpea a todos por igual. Los pequeños agricultores, las familias que viven en viviendas precarias, los barrios más expuestos y quienes tienen menos recursos son siempre los primeros en sufrir las consecuencias. Por eso hablamos de justicia climática: adaptarnos sí, pero haciéndolo con equidad.

Necesitamos restaurar ecosistemas, recuperar ramblas y humedales, reforestar con especies autóctonas y proteger los suelos. Hay que prohibir nuevas construcciones en zonas de riesgo, revisar planes urbanísticos y apostar por una agricultura más sostenible que cuide los acuíferos y reduzca el sellado del suelo. Y, al mismo tiempo, avanzar con decisión en la reducción de emisiones mediante energías renovables, transporte público de calidad y eficiencia energética, entendidas como derechos colectivos y no como negocios para unos pocos.

Defender el medio ambiente es defender la vida. Almería tiene dos opciones: resignarse a ser una de las grandes damnificadas del cambio climático o convertirse en un referente de transición ecológica con justicia social. En la coalición “Por Andalucía” tenemos claro el camino. Ahora hace una ciudadanía organizada que exija un futuro digno. Porque el futuro, si no se protege hoy, simplemente no llegará.

José Francisco Cano de la Vega es coordinador Provincial de Movimiento Sumar Almería y co-portavoz de la coalición “Por Andalucía”

En los últimos años España ha dado pasos importantes en materia de bienestar animal. La aprobación de la Ley de Bienestar Animal en 2023 supuso un avance al reconocer obligaciones más estrictas para proteger a los animales frente al abandono, el maltrato o la negligencia. Sin embargo, la norma dejó una excepción muy discutida: la exclusión de determinados perros utilizados en actividades como la caza.

Dicho de otra forma: dos perros de la misma raza pueden tener un nivel distinto de protección legal dependiendo del uso que se haga de ellos. Un galgo que vive como animal de compañía está plenamente protegido por la ley; otro galgo utilizado para la actividad cinegética puede quedar fuera de ese marco jurídico. Esta diferencia es la que ha motivado la iniciativa ciudadana “Mismos perros, mismos derechos”, que reclama acabar con esa desigualdad.

Quienes defendemos una sociedad más justa también debemos preguntarnos qué mensaje transmitimos cuando establecemos categorías de protección distintas para seres que la propia ley reconoce comoseres sintientes. Los animales sienten dolor, miedo y estrés, independientemente de si viven en un piso o en una finca rural.

Además, el problema del abandono animal sigue siendo una realidad preocupante en nuestro país. Según distintos informes, en España se recogen cada año cientos de miles de animales abandonados, una media que se estima en 785 perros y gatos al día. En Andalucía se concentran algunos de los mayores niveles de abandono registrados por asociaciones protectoras. Y la provincia de Almería no es ajena a esta situación, ya que, según datos de protectoras y ayuntamientos, se abandonan en torno a 2.000 animales al año, un buen número de ellos procedentes de la caza y ya considerados “inservibles”.
Detrás de cada una de esas cifras hay una historia de sufrimiento, pero también el trabajo silencioso de protectoras, voluntarios y profesionales que hacen todo lo posible por salvar vidas.

Por eso el debate no debe enfrentarnos entre mundo rural y mundo urbano, ni convertir el bienestar animal en una batalla cultural. Se trata, sencillamente, de garantizar que todos los perros tengan los mismos estándares de protección y que las administraciones dispongan de herramientas claras para prevenir el abandono y el maltrato.

La campaña “Mismos perros, mismos derechos” plantea algo razonable: que el futuro reglamento sobre núcleos zoológicos incluya también a los perros utilizados en actividades como la caza cuando se encuentren en instalaciones colectivas, de forma que estén sujetos a controles de bienestar, supervisión veterinaria y condiciones adecuadas de alojamiento.

Desde Movimiento Sumar creemos que avanzar en derechos nunca debería ser motivo de confrontación, sino de consenso. Una sociedad que protege a los más vulnerables —sean personas o animales— es una sociedad mejor.

Por eso quiero invitar a la ciudadanía de Almería a informarse sobre esta iniciativa y a participar en el debate. Quienes deseen apoyar la propuesta pueden hacerlo firmando en el siguiente enlace:

 https://www.mismosperrosmismosderechos.org/firmar

Porque, al final, la pregunta es sencilla: si todos los perros sienten lo mismo, ¿por qué no deberían tener los mismos derechos?

José Francisco Cano de la Vega. Coordinador provincial de Movimiento Sumar Almería (coalición Por Andalucía)

Permitir el acceso responsable de mascotas a edificios públicos, comercios, establecimientos hoteleros y de hostelería no es una extravagancia ni una concesión ideológica: es una medida de convivencia moderna, alineada con lo que ya ocurre en muchas ciudades europeas y en cada vez más municipios españoles.

Las administraciones públicas de nuestra provincia no pueden seguir ignorando que los animales de compañía son hoy miembros del núcleo familiar para miles de hogares almerienses. Negar sistemáticamente su acceso a dependencias municipales, oficinas administrativas o espacios culturales obliga a muchas personas a renunciar a trámites básicos, a dejar a sus animales solos durante horas o a depender de terceros.

Permitir el acceso, con normas claras —correa, bozal cuando sea necesario, responsabilidad del tutor, zonas delimitadas— no genera caos ni conflictos. Al contrario: normaliza la convivencia, reduce el abandono y fomenta la tenencia responsable. Ya existen ejemplos en otros territorios donde bibliotecas, centros cívicos, oficinas municipales o museos han abierto sus puertas a mascotas sin incidentes reseñables.

En el ámbito privado, cada vez más comercios y locales de hostelería desean ser pet friendly, pero se encuentran con vacíos normativos, inseguridad jurídica o falta de respaldo institucional. Las administraciones pueden y deben liderar este cambio, ofreciendo ordenanzas claras, campañas informativas y distintivos que reconozcan a los establecimientos que apuestan por la convivencia.

Turismo, economía y bienestar animal: una oportunidad para Almería

Almería es una provincia turística. Y el turismo con mascotas es una realidad en crecimiento. Cada vez más personas eligen destino en función de si pueden viajar con sus animales. Facilitar el acceso a hoteles, alojamientos rurales, bares o comercios no solo es una medida ética, sino también una oportunidad económica para el territorio.

La hospitalidad no debería terminar en la puerta cuando se cruza con un perro educado y socializado. Apostar por un modelo inclusivo mejora la imagen de la provincia, la hace más atractiva y la sitúa en una línea coherente con los valores de sostenibilidad y bienestar que muchas instituciones dicen defender.

Más playas caninas: una demanda social avalada por la experiencia

Si hay un ámbito donde Almería ha demostrado que sí es posible avanzar, es en el de las playas caninas. Las zonas habilitadas en municipios como Almería capital o Cuevas del Almanzora han demostrado que la convivencia entre usuarios, animales y entorno natural es perfectamente viable cuando existe regulación, señalización y civismo.

Lejos de generar problemas, estas playas han tenido una alta aceptación social, han reducido conflictos en otras zonas del litoral y han atraído a visitantes que antes no encontraban espacios adecuados para disfrutar del mar con sus animales. La experiencia demuestra que las playas caninas no degradan el entorno, no generan más suciedad que otras zonas y pueden gestionarse con éxito.

Por eso resulta incomprensible que, con más de 200 kilómetros de costa, la provincia no cuente con una red más amplia y equilibrada de playas para perros, repartidas por el Levante, el Poniente y la capital. Solo se trata de diversificar usos y dar respuesta a una demanda real.

¿Qué proponemos?

Desde una perspectiva comprometida con la protección animal y la convivencia ciudadana, creemos que las administraciones públicas de nuestra provincia deberían asumir compromisos claros, como son los siguientes:

Aprobar ordenanzas municipales que permitan el acceso responsable de mascotas a edificios públicos y espacios administrativos.

Facilitar y regular el modelo pet friendly en comercios, hostelería y alojamientos turísticos.

Impulsar campañas de educación y tenencia responsable, en lugar de prohibiciones genéricas.

Ampliar el número de playas caninas en la provincia, garantizando su correcta señalización y mantenimiento.

Escuchar a asociaciones animalistas, profesionales veterinarios y ciudadanía a la hora de diseñar estas políticas.

Permitir que las mascotas formen parte de la vida pública no resta derechos a nadie; suma convivencia, bienestar y modernidad. Almería tiene la oportunidad de situarse a la vanguardia de una forma de entender el espacio público más inclusiva, más respetuosa y más acorde con la realidad social actual.

Las políticas públicas también se miden por cómo tratan a quienes no tienen voz. Y en ese camino, abrir puertas —y playas— a los animales de compañía es una decisión justa, sensata y necesaria.

José Francisco Cano de la Vega, es coordinador provincial de Movimiento Sumar Almería

El resultado está a la vista: hospitales desmantelados, atención primaria asfixiada, profesionales exhaustos y ciudadanos que, si pueden permitírselo, se ven empujados a pagar de su bolsillo para recibir una atención que debería estar garantizada.

El caso del hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa es el espejo más crudo de esta realidad. Un centro que da cobertura a más de 150.000 personas en las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez funciona hoy con plantillas claramente insuficientes: un solo especialista en áreas tan sensibles como Neumología o Urología, ausencia de Dermatología y, recientemente, sin Hematología por no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso. Las consecuencias son devastadoras: pacientes oncológicos sin atención, pruebas diagnósticas que se retrasan, cirugías que se posponen y listas de espera que no solo desesperan, sino que ponen en riesgo vidas.

A esta situación se suma un transporte sanitario colapsado —con una sola ambulancia para el retorno de pacientes dados de alta— y una atención primaria debilitada, con recortes de días y horas de consulta en numerosos municipios y pedanías. Cuando se desmantela la puerta de entrada al sistema, las urgencias se saturan y las dolencias se agravan. Es un círculo vicioso perfectamente conocido… y perfectamente evitable.

Nada de esto es fruto del azar. Desde 2019, la Junta de Andalucía ha desviado más de 4.500 millones de euros a la sanidad privada mientras empeoraban las condiciones laborales en la pública. Así se expulsa a profesionales, se vacían hospitales y se construye, de forma deliberada, un sistema dual: quien puede pagar, se atiende; quien no, espera.

La alternativa del Gobierno Progresista

Frente a este modelo de abandono, el Gobierno Progresista está demostrando que existe otra forma de entender la sanidad: como un derecho, no como un negocio. La reciente aprobación del Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud es una prueba clara de ello. Una norma que blinda la universalidad, recupera la cartera común de servicios única, impide nuevos copagos y amplía el derecho a la asistencia sanitaria a colectivos que habían quedado fuera o en situación de vulnerabilidad.

Esta ley garantiza atención en igualdad de condiciones a personas españolas residentes en el exterior cuando se desplacen temporalmente, a familiares reagrupados a cargo, a solicitantes de protección internacional, a víctimas de trata y a personas en situación administrativa irregular, evitando que nadie quede sin atención por su origen o su estatus. Además, incorpora a estos colectivos al sistema de prestación farmacéutica para que no tengan que asumir el 100% del coste de los medicamentos.

Hablamos de un enfoque radicalmente distinto: fortalecer lo común, proteger a los más vulnerables y reforzar un sistema público que sea capaz de dar respuesta con calidad, equidad y cercanía.

Desde Movimiento Sumar Almería lo decimos con claridad: la sanidad pública andaluza no necesita más parches, necesita un cambio de rumbo. Necesita inversiones reales, plantillas suficientes, estabilidad para los profesionales y una apuesta inequívoca por lo público. La provincia de Almería no puede seguir siendo territorio de segunda en derechos sanitarios.

Hoy tenemos dos modelos sobre la mesa. El de Moreno Bonilla, que debilita lo público para abrir espacio al negocio privado. Y el del Gobierno progresista, que blinda derechos y refuerza el Sistema Nacional de Salud. Nuestra elección es clara. Defender la sanidad pública es defender la vida, la igualdad y la dignidad de nuestra gente.

José Francisco Cano de la Vega es coordinador provincial de Movimiento Sumar en Almería