sábado 16/1/21

Cuando la crisis la pagan los más débiles

Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, “Un día para todos”, marcado por la crisis mundial de la COVID-19.

Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para velar e instar a las administraciones a impulsar mejoras que garanticen que las normas que se han promulgado en materia de discapacidad cumplan la función social para la que se han creado, con el fin de hacer realidad el principio de igualdad, real y efectiva, que proclama nuestra Constitución para todos los españoles.

La pandemia de la Covid-19 ha impactado en toda la sociedad en su conjunto, pero lo ha hecho de una manera desigual. Ha añadido una mayor presión a colectivos vulnerables y, en muchos casos, ha provocado un empeoramiento de su situación económica, sanitaria, laboral, social y asistencial. Las personas con discapacidad y en situación de dependencia en nuestro país ya habían experimentado las consecuencias negativas de la anterior crisis económica, pero ahora pasan por momentos incluso más alarmantes de emergencia social y esto ocurre por unas razones muy concretas. Me gustaría analizar una de ellas, porque creo que resulta profundamente injusta para quienes, precisamente, necesitan una mayor cobertura social. 

Me refiero al endurecimiento de los criterios para la obtención del certificado de discapacidad y de la incapacidad laboral, tanto por parte del Centro de Valoración y Orientación (CVO), dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales  y Conciliación de la Junta de Andalucía como del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Gobierno de España, aun cuando no se ha modificado la normativa que regula los criterios de valoración.

Vemos como dicho endurecimiento coincide con periodos de recortes de derechos y políticas económicas que reducen los gastos públicos, precisamente, donde más falta hacen, en la Sanidad, la Dependencia o la Educación.

El baremo de valoración del grado de discapacidad fue modificado en el año 1999, endureciendo entonces los criterios de valoración para obtener el certificado de discapacidad, curando por decreto a personas que tenían patologías congénitas e incurables. Desde ese momento ha permanecido sin cambios. Sin embargo, durante el transcurso de las distintas crisis económicas que hemos atravesado desde entonces, las entidades sociales del ámbito de la discapacidad hemos padecido una interpretación de la normativa muy restrictiva, llevando a personas que se han encontrado en una situación de emergencia social directamente a la exclusión social. Cuando esto ocurre, la norma deja de cumplir la función social para la que se hizo y tiene efectos perversos sobre las personas.

Estamos comprobando, en el Área de Atención Social y Jurídica de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, a través de los casos sociales que atendemos, que se está produciendo una pérdida y un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y, en estos momentos, la situación de muchas se agrava, incluso más, por las dificultades y limitaciones derivadas de los efectos de la pandemia.

Sirvan como ejemplo de ello algunos casos reales recientes de personas asociadas a la entidad. Uno de ellos es el de una persona con una enfermedad rara incurable. Tiene varios órganos de su cuerpo afectados y sufre un proceso degenerativo que incluye desmayos, diarreas, náuseas y pérdidas de memoria. Sus limitaciones le impiden desempeñar un puesto de trabajo, lo que ha ido empeorando su situación laboral y ha imposibilitado su inserción en una empresa ordinaria. 

El CVO le ha reconocido un 21% de discapacidad. Sin embargo, habiendo enviado su valoración e informes a un facultativo especialista, éste ha considerado que, incluso valorando a la baja su grado, el grado mínimo que le deberían haber dado sería de un 33% de discapacidad.

También en el ámbito de la discapacidad hemos visto como una persona que tiene una enfermedad degenerativa, que le ha llevado a ser totalmente dependiente y a tener que utilizar silla de ruedas, fue valorada en 2018 con un 39% de discapacidad. Ha empeorado hasta el punto de que su marido la ducha, la viste y le da de comer. Además, tiene dificultad para tragar saliva y vomita con frecuencia, utiliza espesantes para tragar agua. Después de todo esto, ha solicitado valoración, pero como su diagnóstico no está claro, le mantienen su valoración anterior y ni si quiera le reconocen el baremo de movilidad reducida, ni la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, a pesar de necesitar silla de ruedas.

Otro caso destacable, entre muchos otros, es el de una persona que trabajaba en el ámbito del mantenimiento, pese a sufrir patologías como hernias discales, cervicalgia, trocanteritis derecha y fibrosis, el EVI consideraba que, con todas estas patologías, esta persona podía hacer las funciones de su puesto, tales como reparar y pintar, y colocar puertas, vallas y armarios. Sin embargo, judicialmente fue reconocida una incapacidad permanente total para su profesión habitual de operario de mantenimiento. 

Estas personas presentan discapacidades de distintos tipos y niveles, con circunstancias personales que los hacen especialmente vulnerables y sensibles y que, en muchos casos, están recibiendo un trato vejatorio por parte de los facultativos del Equipo de Valoración al dirigirse a ellos como si estuvieran intentando engañar, inventándose patologías, llegando a poner en tela de juicio informes de otros especialistas de la Seguridad Social.

En el Centro de Valoración y Orientación ni siquiera les atienden personalmente. Se limitan a valorar los informes médicos, lo que supone una restricción de las garantías de los interesados en el procedimiento de valoración. Cuando nuestro sistema funcionarial no tiene claro su papel de servidor público, pierde esa sensibilidad especial para empatizar con los más vulnerables, privando a las personas de derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

Todas estas situaciones causan una sensación de indefensión e injusticia en los afectados, que se ven obligados a pedir segundas opiniones médicas y a emprender procesos judiciales muy costosos, lo que comporta una serie de gastos médicos y jurídicos, que en la mayoría de los casos son inasumibles para personas con rentas bajas, por lo que, en estas circunstancias, entidades como El Saliente juegan un papel de atención y apoyo esencial.

De no ser por la intervención de entidades como la nuestra, nuestro sistema pondría una nueva barrera a muchas personas sin recursos, que solo pueden hacer valer sus derechos cuando tienen el apoyo de organizaciones sociales con una estructura consolidada que les apoyan en el proceso de demanda, evitando que la Justicia sea solo accesible para aquellos que tienen un alto poder adquisitivo.

He de decir que cuando, desde El Saliente acudimos a los tribunales, comprobamos que, habitualmente, la Justicia nos da la razón. Hace dos semanas ganamos un caso en el que, a una persona con trastorno bipolar, depresión e insuficiencia pulmonar, le habían reconocido en el EVI una IP Total, consiguiendo, tras un juicio, el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta.

La serie de circunstancias que acabo de relatar ponen de manifiesto el retroceso que está sufriendo el Estado de Bienestar y la pérdida de muchos de los derechos que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado conseguir.

Siempre hay un margen de interpretación de la norma para quien ha de aplicarla, que puede entenderla en el sentido más amplio o en el más restrictivo. Sin embargo, ya en 2008, con la crisis financiera, vimos como las valoraciones se hacían a la baja. Este periodo, que provocó una serie de recortes drásticos y sin precedentes en nuestra democracia en todo tipo de políticas sociales, supuso también un giro en esas valoraciones. Desde entonces, la administración aplica la normativa de la forma más dura y restrictiva posible. 

Ahora, en esta crisis causada por la pandemia del Covid-19, volvemos a encontrarnos con el mismo problema, pero con un añadido, partimos de una situación económica, incluso peor que la de 2008, por lo que los efectos que produce una interpretación dura y restrictiva del baremo son devastadores para personas que sus patologías les impiden trabajar, viéndose abocadas a la caridad de las familias o de otras personas y entidades, a la falta de autonomía e independencia y, en definitiva, a la exclusión social. 

La realidad es que hay una sola norma y ésta debería ser aplicada de igual forma en cada caso, sea cual sea la situación económica de cada momento. Sin embargo, el Centro de Valoración y Orientación y el Equipo de Valoración de Incapacidades  no tienen en cuenta que las enfermedades y discapacidades de las personas no cambian en momentos de crisis y, por lo tanto, tampoco deberían cambiar las decisiones que se toman para darles una cobertura que les pertenece, porque es su derecho legítimo y reconocido por nuestras leyes.

Si seguimos así, el resultado será el que ya vimos en el año 2008, la crisis la van a pagar las personas más vulnerables y con más limitaciones de nuestra Sociedad.

Ahora más que nunca, las entidades de personas con discapacidad deben asegurarse que nadie se queda atrás, haciendo ejercicio de responsabilidad social, desde el compromiso y apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.

Matías García Fernández

Presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente

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