Los últimos datos publicados que se conocen apuntan a que ya en el año 2018 la empresa pública del agua de la Diputación Provincial de Almería (Galasa) adquirió en esas fechas un total de 14 hectómetros cúbicos de los que sólo se distribuyeron para consumo humano 6.4. Acuamed, la empresa pública estatal que gestiona la desoladora de Carboneras ha informado a los ayuntamientos que se están saliendo de Galasa o tienen intención de hacerlo de manera inminente que no tiene problema alguno en suministrarles los hectómetros que necesiten para su consumo, pero que tales cantidades no serán detraídas del convenio que actualmente tiene con la sociedad pública provincial. Ilógico si pensamos que a menos consumidores obviamente tendrán una menor necesidad. Y por ahora no hace falta que hablemos del trasvase del Negratín, porque ya sería entrar en territorio pantanoso de conflictos territoriales.
Frente a esta situación es claro y evidente que el paisaje del levante almeriense ha cambiado del color almendra pálido de tierras secas a un esplendoroso verde entre absenta y jade que nos dan las miles de hectáreas de cultivos de lechuga, brócoli o frutales que se han extendido de manera extraordinaria en toda la comarca. Paralelamente a ello encontramos que es precisamente en localidades como Pulpí y Cuevas del Almanzora donde más crece la facturación de las empresas agrícolas, que se centran precisamente en esos cultivos que necesitan de enormes cantidades de agua.
Tercer elemento a tener en cuenta. La gran desaladora que debía abastecer esta zona con una producción estimada de 20 hectómetros cúbicos lleva diez años inutilizada, y sólo se la tiene en cuenta para los sumarios en los que se acumulan las pruebas de los casos de corrupción que se dieron en la empresa pública estatal durante los años de gobierno del Partido Popular. Un total de 77 millones de euros enterrados por una riada, por una gota fría.
¿De dónde sale el agua del milagro económico de Pulpí y Cuevas? Pues la respuesta no es sencilla, aunque demasiadas fuentes señalan a las pérdidas de Galasa como una de las posibles fuentes, y a esas sospechas no ha ayudado que precisamente los regantes o algunas de sus comunidades se conviertan de la noche a la mañana en los principales interesados en hacerse con la gestión de los servicios de abastecimiento de aguas a las distintas localidades de la zona de Levante.
Qué tiene que ver el agua de consumo humano con el interés de los proveedores del líquido elemento a los agricultores, si precisamente esos cupos no pueden derivarse a riego.
En medio de todo este embrollo que nadie, político o judicial, ha decidido investigar mínimamente, nos encontramos con la total oposición a que los ayuntamientos salgan de Galasa, la empresa de la Diputación Provincial, pese a su nefasta gestión de los recursos. De hecho, todo aquel que lo está intentado choca frontalmente con los más variopintos recursos legales que eternizan cualquier proceso, hasta el punto de intentar convertir esos bloqueos en ejemplo de lo que espera a los demás. Y precisamente ese enorme muro insalvable es el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía que por el momento y sin mas excusa que la carga de trabajo, tiene parado en seco concursos como el de Garrucha.
Más a poniente en Níjar, se limita el crecimiento de las zonas de producción intensiva bajo plástico, menos consumidora de agua que las grandes extensiones de lechuga y otros cultivos al aire libre. Y hablamos de agricultores que pagan precios por el agua muy superiores a los de cualquier otra zona de producción.
Frente a ello, y es un hecho, la Junta se vuelca en autorizar sondeos de emergencia en Pulpí. Ya tienen garantizados 7 hectómetros cúbicos de la desaladora de Carboneras y todo parece indicar que se trata de maquillar la posible crisis que puede generar el cierre del grifo de Galasa, cuya deuda va camino de ser abismal y viabilidad futura poco convincente. Esa es una hipótesis, la segunda y menos amable es que al tiempo que se intenta concentrar el poder agrícola en unos mínimos operadores, desde la administración pública conservadora también se trabaja al son de los nuevos señores del agua de la España desértica.
