Javier Salvador
Vamos por partes para no liarnos con las negociaciones que se llevan a cabo para formar el Gobierno de España. Por partes para no ser pasto de populismo y no convertirnos en víctimas de aquellos que quieren que unos salgan a las calles envueltos en esteladas, ikurriñas o estreleiras gallegas, mientras otros piden lo mismo pero con banderas españolas. Lo primero que debemos tener claro es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Efectivamente es un derecho humano de tercera generación, pero es esa prerrogativa que tienen los países de determinar libremente su condición política y su modelo social y económico, de ahí a que pueda ser ejercido por comunidades autónomas hay un largo trecho. Pero dejemos ese asunto para otro capítulo de este cuaderno de bitácora y centrémonos en aquello a lo que pudiera llegar una supuesta cesión a las pretensiones de independentistas, de cualquier región, dentro del marco constitucional español.
Obviamente negociar supone aceptar, por ambas partes, planteamientos que en un principio no estaban dentro de sus pretensiones. Pues bien, como buenos negociadores demos rienda suelta a la negociación dentro de un marco regulador mínimo, que no puede que ser otro que la Constitución, para que sea algo serio y no una conversación de barra de bar, aunque sea la del pub del Congreso de los Diputados, principalmente por el peligro que eso conlleva, pues los gintonics son mas baratos que en cualquier otro establecimiento de gente normal.
Teniendo este punto de partida, pues eso, a darle hilo al carrete para que cada uno exija lo que quiera. Es mas, yo soy de los que llegaría hasta la reforma agravada de la constitución, que es aquella en la se tocan los puntos fundamentales de la Carta Magna y que, obviamente requiere unas condiciones fundamentales. Y claro, con un parlamento tan fragmentado y diverso, sería casi imposible.
Sigamos imaginando que se decide llegar hasta el final, que se redactan unos nuevos preceptos que permitan la autonomía total de comunidades autónomas como Catalunya o País Vasco, entre otras. Y digo entre otras, porque abierto el frasco de la esencias, aquí sólo serían españolísimos en Madrid y las razones son estructuralmente obvias.
Pues llegado al consenso necesario en la redacción se necesitaría que esa nueva constitución fuese aprobada por una mayoría que oscilaría entre las tres quintas partes y los dos tercios de ambas cámaras. Como hablamos de procedimiento agravado, nos quedamos con los dos tercios. Se aprueba, que hoy no dan los números, y una vez aprobado en Congreso y Senado hay que disolver las cámaras, convocar elecciones generales, formar un nuevo gobierno, volver a aprobar la reforma por mayoría de dos tercios y, cumplido ese trámite, tendría que ser ratificado por todos los españoles en una consulta electoral. Es decir, que si o si, todos tendrían algo que decir a la hora de plantear un nuevo modelo de Estado en el que, está claro, habría otras muchas cosas que cambiar.
Dicho esto, y parece que nadie quiere que todo el mundo sepa realmente lo mínimamente necesario para abordar estos cambios, el resto es ruido, humo y ganas de mantener contenedores ardiendo para, precisamente, mantener ese humo ante las cámaras de televisión.
El camino es tan largo que decir no de primeras es hasta inconstitucional, porque la libertad que nos otorga la Carta Magna llega hasta ese supuesto y mucho más. Así que, primero, querer no es tan sencillo como poder, y para poder el blindaje es tal que los primeros perjudicados serían los propios partidos políticos, independentistas sobre todo, y les aseguro que eso no le gustaría a ninguno.
