La reforma electoral del PP
Francisco Cortés García, Universidad Autónoma de Chile
El PP está planteando un reforma legislativa que tiene como eje central la propuesta de elección directa de los alcaldes. Una propuesta que no se plantea en ningún caso como una mejora de la eficiencia de la dinámica democrática, ni siquiera como una mejora en el ámbito de la representatividad. Sus intenciones ocultas, si bien claramente veladas, son mucho más retorcidas.
Sus promotores la pretenden enmascarar eufemísticamente en el ámbito de la regeneración y de la mejora de la calidad democráticas, dando a entender que aquellos municipios que cuentan con gobiernos de coalición son más propensos a situaciones de corrupción política, supuesto que la realidad y los datos estadísticos existentes cuestionan. Todo lo contrario, en muchos casos los gobiernos de coalición han mostrado mecanismos implícitos de control que han tenido como consecuencia un menor impacto en términos de corrupción política y de procesos judiciales abiertos contra alcaldes y concejales. Precisamente, a tenor de los datos disponibles para el conjunto de los municipios españoles, el impacto de la corrupción ha sido mucho mayor en aquellos municipios en los que se han dado gobiernos con mayorías absolutas, con independencia del signo político. Por lo que esta coartada no se sostiene.
Tanto por parte del PP, como por parte del PSOE, se ha planteado en varias ocasiones la idea de que gobierne el cabeza de lista de la candidatura más votada, que, dado nuestro corto bagaje y nuestra singular cultura electorales, viene a ser algo muy parecido, en términos pragmáticos, a la elección directa del alcalde a una vuelta. Pero la cuestión no es esta. Las leyes electorales deben buscar un equilibrio sensato entre gobernabilidad y representatividad, por lo que necesariamente cuentan con claros elementos de naturaleza convencional que implican un evidente menoscabo de la proporcionalidad concediendo primas representativas, en muchos casos inevitables, a los partidos mayoritarios. Por lo que si hablamos de convencionalidad y de pragmatismo, todo se puede discutir, ya que, como sabemos, no existe un sistema electoral ideal. Pero, insisto, la cuestión no es esta.
Recientemente en España se ha producido un cambio en el sistema de partidos que aún está por consolidar, pero que necesariamente invita a la reflexión al poner en cuestión el sistema bipartidista al que nos habíamos acostumbrado y en el que los dos partidos mayoritarios se sentían relativamente cómodos. Nos hemos encontrado con que la crisis, con toda su complejidad económica y social, ha fragmentado sustancialmente el voto de la izquierda, por lo que la probabilidad de que se produzcan gobiernos de coalición, a todos los niveles de representación, ha aumentado sensiblemente. Y, según los sondeos, este hecho podría hacer que el PP perdiera municipios importantes.
Obviamente, aprovechándose de su mayoría absoluta en el Parlamento, que le valdría para modificar en solitario la LOREG, o, en su caso, la Ley de Bases del Régimen Local, Mariano Rajoy quiere adelantarse a la compleja situación electoral sobrevenida cambiando las reglas del juego para que la posición de poder del PP se mantenga, evitando perder en mayo del año próximo importantes ayuntamientos en los que hoy está gobernando. Evidentemente el debate es interesante, y probablemente sea hasta necesario, porque todos los sistemas electorales tienen ventajas y desventajas, y explorarlas, obviamente, supone avanzar en le mejora de nuestro sistema democrático.
Pero los problemas asociados a la propuesta no son de fondo: es su oportunismo y, subsecuentemente, su falta de credibilidad. Una reforma de tal calado es inadmisible cuando estamos a ocho meses de las elecciones municipales, hecho que significaría cambiar a conveniencia la reglas del juego a mitad de la partida. Unas reglas que, por su relevancia y por su impacto político, requerirían de un debate social sosegado, buscando el máximo consenso posible entre los partidos. Pero si la propuesta es oportunista, también es poco creíble, especialmente cuando la propone, a fines de reducir la corrupción municipal, una persona que todavía no ha dado explicaciones suficientes acerca de los sobresueldos de determinados cuadros del PP, y que mandó al menos un SMS comprometedor a un entonces compañero de partido, al alimón tesorero del mismo y actualmente encarcelado, en relación al presunto cobro de sobresueldos en B procedentes de importantes empresas del país. Por lo que es poco probable, dado el caso, que la lucha contra la corrupción esté entre sus prioridades. Es más, en cualquier país con madurez democrática, la publicación de de dicho SMS hubiera sido suficiente como para forzar la dimisión de un Presidente de Gobierno. Pero, claro, este es otro tema.