Que las residencias de ancianos son necesarias en nuestra sociedad nadie lo pone en duda, pero que su implantación y su desarrollo interno ha transcurrido bajo el desinterés de la mayoría, tampoco.
Ha tenido que llegar una pandemia que ha atizado con especial virulencia sobre las residencias de ancianos para que estas hayan colocado de golpe en el primer plano de la actualidad política, periodística y social.
En Madrid, la comunidad más afectada en número de residentes contagiados y muertos, se da la coincidencia de que también se encuentra en cabeza del ranking de privatizaciones de residencias, de las que solo se ha quedado con el 5,27% bajo control público pleno.
Pero esta relación también ocurre lugares menos afectados. Si tomamos Almería como ejemplo, donde comparativamente la incidencia ha sido pequeña, coinciden en tener en las residencias el centro de diana de los ataques del covid-19, acaparando un cuarto de los casos que este virus ha provocado en nuestra provincia. Porcentaje posiblemente minimizado por el silencio informativo impuesto y por contar con una muy limitada cantidad de plazas públicas.
La provincia, que tiene una población mayor (con 65 o más años) de 116.000, sólo dispone de 3.495 plazas, una cama por cada 33 mayores ¡demasiados para una cama!, una media muy superior (en sentido negativo) a la española, una cama por cada 24, o de ciudades como Zaragoza, una por cada 16 y eso que todavía tiene otras dieciséis provincias con un reparto más favorable para sus mayores.
No es el único dato negativo provincial, solo el 41,8% de nuestras residencias son de titularidad pública, la mayoría pertenecen a sociedades privadas. Y como no hay dos sin tres, el capital privado aumenta su dominio dentro de este sector de negocio que, a través de conseguir concesiones de explotación de las públicas, ha puesto bajo el control de su gestión al 83% de todas residencias provinciales, y curiosamente donde se han dado la mayoría de contagios y muertes.
Por otro lado, una pensión privada cuesta una media de 1.550€/mes, cantidad que solo algunos pensionistas pueden percibir, pues la pensión contributiva media mensual es de 909 € o de 1.024 si solo hablamos de hombres. Restan otras 43.971 personas con 65 años o más que no al no percibir este tipo de pensión y tener ingresos mucho más raquíticos se encuentran, también y con más motivo, imposibilitados para optar a vivir en una residencia.
La existencia de pocas plazas y precios superiores a la media de las pensiones es la garantía de que los mayores se estén convirtiendo en negocio para el capital privado, pues entre el grupo que puede pagarlas (plazas privadas) y a los que la Junta de Andalucía le completa el importe (plazas concertadas) aseguran los ingresos necesarios para la consecución de los objetivos empresariales. Queda un tercer bloque (plazas exclusivamente públicas) que, a la vista del panorama, parece servir de complemento a la existencia las otras dos.
Si la insistencia de los representantes de la Junta, Diputación y ayuntamientos por poner las residencias públicas en manos de gestores privados, se basa en firmes creencias de eficiencia, aparte de la auto desacreditación de dichos dirigentes mostrando sus propias incapacidades para gestionar adecuadamente sus diferentes áreas, no sería tan grave, aunque lo es, como que dichas motivaciones tuvieran otros trasfondos.
El daño sanitario, económico o emocional, la perdida de conocidos, amigos y familiares que ha provocado el covid-19, ha sido y es tan grande que sería un grave error olvidarlo. Una perspectiva con una sanidad que no prevea el futuro y unas residencias centradas en la rentabilidad económica, solo agravará las consecuencias ante nuevas pandemias. Los gobernantes deben tomar medidas y proceder a resolver la escasez de plazas públicas en residencias y no estaría mal que se plantearan como objetivo acabar con el déficit de las 60.000 plazas que, según la OMS, tenemos en nuestro país.
