Francisco Joaquín Cortés García Profesor de la UAL
La elección de Evo Morales en las últimas elecciones bolivianas anticipaba hechos que al final se han ido materializando de forma paulatina en los primeros meses de su mandato. Se nacionalizarían determinados recursos naturales, estratégicos para el país, pero se planteaba al mismo tiempo la posibilidad de que el Estado boliviano no tuviera recursos suficientes para asumir la explotación de los mismos.
Es cierto que esta paradójica situación ha generado una acusada sensación de inseguridad jurídica en el tráfico empresarial. Pero, sobre todo, ha provocado las temidas reacciones, al menos verbales, de los inversores internacionales en materia de inversión en el país andino. Las primeras consecuencias han sido la salida del Gobierno de los autores intelectuales de estas medidas.
A mi juicio son legítimas las reivindicaciones de los países que tienen inversiones e intereses empresariales en Bolivia, entre ellos España y Brasil; pero no hay que olvidar que también son legítimas, desde el punto de vista histórico, las aspiraciones de un país de base indígena de buscar alguna oportunidad o salida económica a su alarmante situación de miseria, tras una historia de sistemático expolio, explotación, servilismo e injusticia. Y esta situación no se ha solucionado con las prácticas neoliberales, con el pensamiento único y la estandarización de las culturas con los que se nutre este empobrecedor proceso de globalización que estamos viviendo.
El Consenso de Washington, los sucesivos “ajustes estructurales” exigidos por los organismo multilaterales, el problema de la deuda externa y el círculo de dialelo de la pobreza, alentado por las economías desarrolladas cuando disponían de exceso de liquidez, etcétera, han sido los instrumentos y el discurso dominante de la corriente neoliberal; detonantes y agravantes, a su vez, de esta situación tan estructuralmente compleja.
De hecho, las medidas neoliberales adoptadas en la América latina para obtener financiación de los organismos multilaterales y sostener gobiernos y oligarcas corruptos, aliados con los propios intereses de las empresas transnacionales, han ido aparejadas de forma directa a la reducción del Estado, a la configuración de una economía persistentemente dual y al fomento de economías de subsistencia entre las comunidades indígenas. El Estado, siempre entendido desde su vocación social, tiene que ser un elemento catalizador de primer orden en el proceso de reformas estructurales que permitan paliar los efectos de las economías duales, pero la reducción paulatina de éste y el cada mayor poder decisional de las empresas multinacionales son obstáculos insuperables que vienen a acentuar las diferencias entre el Norte y el Sur.
No sé cuáles son las intenciones de Evo Morales, tampoco conozco las limitaciones con las que se está encontrando para acometer las reformas estructurales que planteaba en su campaña electoral, pero estoy convencido de que una salida indigenista es necesaria para estos países. La amenaza de la interrupción de los flujos de inversión es un problema importante, aunque relativo; especialmente cuanto ponderamos el peso de la población indígena sobre el total de la población; pero sobre todo cuando evaluamos el nulo impacto que tiene dicha financiación sobre las comunidades indígenas, que apenas se benefician de los circuitos financieros internacionales debido a la dualidad económica y a la débil representatividad política del Estado.
En las últimas décadas se han adoptado todas las medidas neoliberales habidas y por haber, y la situación no ha hecho sino agravarse. El indigenismo supone, al menos, una oportunidad de escuchar a las comunidades locales, que son la mayoría del país, silenciadas y aturdidas por los planes económicos diseñados por desalmados economistas neoliberales.
