Borrachos

Déborah Serón Sánchez. Concejala del PSOE en Almería

El Diccionario de la RAE, en su primera definición, define borracho como ebrio, embriagado por la bebida. Hace aproximadamente un año tuvimos conocimiento de que un concejal del Ayuntamiento de Almería, Francisco Amizián, fue condenado por conducir ebrio tras tener un accidente de tráfico bajo esas circunstancias.

No entendimos en su día que no fuese cesado ni que se negara a presentar su dimisión tras esta condena. Nos sorprendió que dentro del Partido Popular una sentencia condenatoria no sea un limite ético o moral dada la gravedad de poner en peligro la integridad de bienes y personas, sobre todo teniendo en cuenta que se han rasgado las vestiduras cuando lo mismo ha ocurrido con políticos de otros partidos, que sí han dimitido o han sido cesados.

Cuando tuvimos conocimiento de estos hechos pedimos y exigimos su dimisión y el Alcalde, en lugar de escucharnos, le premió meses después delegando en él las competencias de dos de las áreas más importantes y que más dinero gestionan dentro del Ayuntamiento: Obras Públicas y Servicios Urbanos.

Se dice que en su nueva área decide qué, cuándo, quién y dónde se hacen las obras de la ciudad; a él acuden los ciudadanos para pedirle ayuda o trabajo y las empresas para conseguir algún contrato. Tiene mucho poder y lo sabe, pero el límite entre el uso y el abuso del poder ya lo ha traspasado con los últimos acontecimientos.

Y esa es la definición que nos interesa, la que define borracho como aquella persona que esta vivamente poseído o dominado de alguna pasión y especialmente de la ira. Borrachos de poder, podrían ser aquellas personas que en el ejercicio de sus funciones profesionales se consideran por encima del bien y del mal, intocables, inmunes y con carta blanca para hacer y deshacer a su antojo sin estar sometidos a ningún control.

Al expulsar a una representante de los trabajadores de su despacho en un ataque de ira, este concejal nos está demostrando varias cosas: en primer lugar lo que valen para él la libertad sindical, la libertad de expresión, el derecho a la información y otros tantos derechos de los trabajadores y sus representantes, reconocidos en la Constitución y en las leyes y especialmente protegidos por los tribunales.

En segundo lugar, se olvida de que los representantes de los trabajadores lo son de todos, les hayan votado o no, al igual que los políticos, y un agravio de esta categoría se lo hace a cuantos prestan sus servicios en el Ayuntamiento. Ya sabemos lo que le importan las necesidades y preocupaciones de los trabajadores municipales.

Por último, quiero recordarle que cuando entra en su despacho, sus problemas personales deben quedarse fuera de la puerta y dentro, defender y proteger los intereses de los almerienses, no los suyos particulares.

Pero si violar la libertad sindical es un síntoma de su borrachera de poder, qué decir de la posible relación de causalidad entre la baja de la doctora del Ayuntamiento y las amenazas recibidas por negarse a recetarle determinado medicamento. Tiene que terminar la política del terror, del miedo, que parece imperar entre los trabajadores del Ayuntamiento, sometidos a la posibilidad de amenazas y represalias.

El Ayuntamiento es la casa de todos los almerienses, no el cortijo de los que gobiernan, mejor dicho en este caso "imponen" y no se puede permitir, ni desde la parte política ni desde la sindical, que los trabajadores se sientan intimidados y amenazados por hacer su trabajo con profesionalidad.

En mi opinión, los trabadores deben alzar su voz y denunciar cuando crean que se violan sus derechos, venga de donde venga el abuso; tienen detrás todo el estado de derecho que les ampara y protege.

Nuestra sociedad, nuestro ayuntamiento, nuestros conciudadanos, no pueden permitir que haya personajes políticos que se olvidan de que están sometidos a la ley con los mismos limites que cualquier otro ciudadano. Los políticos debemos ser un espejo público; que no pienen algunos que por ser concejales están por encima de los trabajadores municipales, de sus representantes y del resto de la ciudadanía.