Hermanos pobres

Mario Beltrán, Portavoz GIAL

“Es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres”. Con esta frase de Alexis Tocqueville es como comienza la ponencia sobre política municipal que se va a llevar para su aprobación, al II Congreso Provincial de GIAL que se va a celebrar, el día 14 de junio, en el Hotel Cabo de Gata Garden en El Toyo.

GIAL es una formación política con un carácter marcadamente municipalista, y en sus miembros existe una profunda preocupación por la denominada descentralización del Estado hacia los municipios que no termina de hacerse realidad.

Las competencias legales que tienen los ayuntamientos no se corresponden con los servicios asumidos por éstos, ya que, al ser los municipios la administración más cercana, es también la más sensible a los problemas de sus ciudadanos y es a esta administración a la que suelen acudir en primera instancia para que se los resuelvan. De esta manera, los Ayuntamientos se ven así cargados de servicios que no tienen dotación económica transferida por parte de las administraciones superiores.

Según la Federación de Municipios y Provincias son aproximadamente 7.000 millones de euros el importe de la financiación de los nuevos servicios prestados por los ayuntamientos para poder hacer frente a las peticiones/exigencias de sus ciudadanos y que no tienen compensación por parte ni de las Comunidades Autónomas, ni del Gobierno Central, que son los que tienen la obligación legal de prestarlas.

Los Ayuntamientos están en la primera línea de fuego de las demandas de los ciudadanos y tienen una obligación moral, que no legal, de atenderlas. Esta atención “moral” le supone de media a los Ayuntamientos españoles, aproximadamente, el 30 por ciento de su presupuesto.

Desde el Gobierno Central se han preocupado tan sólo de transferir competencias con su consiguiente dotación económica a las Comunidades Autónomas, pero no han reparado, o por lo menos se hacen los “distraídos”, cuando realmente quien presta esos servicios son los Ayuntamientos, sin por supuesto, dotación económica que los respalde. ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué se destina, por parte de las Comunidades Autónomas, el dinero recibido como transferencias del Estado para prestar esos servicios asumidos por los municipios?

Es hora de que, pasada la denominada primera descentralización hacia las CCAA, se haga una segunda hacia los municipios.

En 1979 el gasto público realizado por las distintas administraciones se repartía de la siguiente manera: el 87 por ciento correspondía a la Administración Central, el 1 por ciento a las C.C.A.A. y el 12 por ciento a las Administraciones Locales. En la actualidad, casi 30 años después, la redistribución de ese gasto público ha cambiado tan solo en el porcentaje transferido a las C.C.A.A., que ha aumentado en un 33 por ciento, mientras que los Ayuntamientos siguen estancados en el 12 por ciento.

En países de nuestro entorno, los Ayuntamientos gestionan cantidades sensiblemente más altas, como es el caso de los alemanes, que tienen un 25 por ciento de los recursos del Estado para poner a disposición de sus ciudadanos. Países considerados como muy desarrollados y a los cuales ponemos muchas veces como ejemplo a seguir, como son los Países Nórdicos, llegan a disponer del 42 por ciento de los recursos del Estado para atender las demandas de sus municipios.

Nos queda un largo camino hasta conseguir las cotas de bienestar de esos países del norte de Europa, pero seguro que cuanto mas cerca estemos de conseguir sus niveles de gestión económica municipal transferida, antes dejaremos de ser los hermanos pobres de la Administración Pública.