Eugenio Gonzálvez García, Alcalde de Gádor y Diputado Andaluz
En estos días la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha sido distinguida con la Medalla de Oro de lo Social que entrega la Diputación en el Día de la Provincia, además se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y se inaugura la nueva sede social de ASALSIDO, que aúna a los afectados por el Síndrome de Down, construida en colaboración con todas las administraciones. Es por todo ello que la discapacidad merece una reflexión seria que permita dar respuesta a las necesidades reales de estas personas y sus familias.
La integración de las personas con discapacidad en la vida social es una de esas cuestiones en las que todos los estamentos políticos debemos reconocer excesos demagógicos. Se habla mucho de ello, se legisla mucho, se aprueban muchas normas, muchos reglamentos, incluso se dan muchas subvenciones, pero a la hora de la verdad poco de todo eso se traduce en realidades tangibles.
Supuso un cambio importante que en los lenguajes coloquial y oficial desterráramos la expresión “minusválidos”, para adoptar el término “discapacitados”. Hemos dejado por tanto de pensar que hay personas que “valen menos”, y hemos empezado a reconocer sencillamente que hay quienes tienen “dificultad” en el desarrollo de las capacidades generales. Eso se ha conseguido sólo modificando nuestro modo de hablar.
Hay que admitir que el espíritu de superación de los discapacitados les ha hecho vencer mil dificultades, y así, han logrado que los legisladores hayan introducido la obligación de que los edificios públicos sean accesibles para todos, que las aceras se adapten, que se reserven viviendas de protección oficial para ellos, que haya cupos específicos en las grandes empresas y en la administración, e incluso se ha aprobado que el lenguaje de signos sea un idioma cooficial. Es decir, se ha hecho mucho en el papel, mucho, sí, pero se ha quedado ahí.
Existen unas 10.000 personas con discapacidad en la provincia de Almería, y alrededor de una veintena de asociaciones que les unen y representan, y una queja constante de todos ellos: la ley no se cumple.
Una administración como la Diputación no puede limitarse a entregar subvenciones encaminadas únicamente al sostenimiento económico de las entidades de discapacitados, su función es trabajar directamente para la integración. Por ejemplo, los proyectos que hace esta institución para los ayuntamientos deben ser extremadamente rigurosos con la accesibilidad, y además debería establecerse un plan para financiar las obras que precisen los municipios para ceñirse a la ley de accesibilidad en todo su término, y del mismo modo debe poner énfasis en cuestiones como primar su relación con empresas que cumplan estos requisitos entre su personal.
Son estos sólo algunos apuntes de cosas que desde la Diputación se puede hacer por quienes tienen alguna discapacidad, y sin duda hay muchas más. Por eso el Grupo Popular querría impulsar la aplicación de todas aquellas leyes, normas y reglamentos en el ámbito que le sea competente, y para ello también ofrecemos nuestro trabajo al gobierno de la institución. Nosotros estamos dispuestos a poner nuestras ideas sobre una mesa en la que podamos elaborar entre todos un proyecto común que haga de Almería una provincia modélica en la destrucción de esas barreras que nos incapacitan para ser una sociedad moderna e integral.
