José Antonio Antón, USTEA Granada
El 9 de marzo hay huelga en educación en casi todo el país, la tercera en lo que va de curso. Mientras los principales partidos políticos facilitan la vigencia de la LOMCE con la ficción del pacto educativo, y los gobiernos estatal y andaluz juegan al gato y al ratón manteniendo en vilo a opositores/as e interinos/as con su toma y daca electoralista, un amplio espectro de los sindicatos docentes, todos los sindicatos de estudiantes y la CEAPA se han unido para salir a la calle el 9-M.
La huelga tiene como ejes reivindicativos el rechazo a la LOMCE, la denuncia de los recortes en educación y la recuperación de derechos laborales. Aquí nos centraremos en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, recordando que en esta huelga están incluidas también las demandas de alumnado (como la eliminación del 3+2 universitario o el incremento de las becas), que obviamente apoyamos.
La LOMCE es una radicalización de la LOE -una ley que quitó la capacidad de decisión a los claustros, instauró la figura del director-líder y legitimó el papel de la educación concertada en el sistema público, reconociéndola como “servicio público”-. Nada bueno puede decirse de este engendro pergeñado por un ministro que venía de la empresa privada. Porque, ciertamente, la LOMCE es una ley extraña a la educación, ajena a la participación de la comunidad educativa desde su elaboración y refractaria a toda reforma pedagógica, que lo fía todo a la memorización y las pruebas tipo test. ¡Para qué pensar si hemos nacido para producir lo que demanda el mercado! Más allá de su carácter autoritario y antipedagógico, la LOMCE es sobre todo una ley clasista pensada para seleccionar a los mejores (reválidas. itinerarios) y expulsar lo más rápidamente posible del sistema educativo al resto, que recibirá todo lo más una capacitación mínima para optar a un mercado de trabajo donde reinan la precariedad, los sueldos bajos y la falta de derechos. Por si esto no fuera suficiente, la LOMCE es una ley que equipara plenamente, bajo el eufemismo “sistema educativo español”, a la educación privada-concertada con la educación pública, ocultando la realidad de una doble vía segregadora y elitista, y propiciando un status legal que los inminentes tratados comerciales (en nuestro caso el TISA) aprovecharán convenientemente para cerrar el círculo de las privatizaciones a costa del erario público.
Pero la LOMCE no explica por sí misma todos los recortes en educación. Ni siquiera el decreto 2012 de Medidas urgentes, que permitió el despido de 4502 profesores/as (hoy contabilizamos alrededor de 7000 puestos docentes menos en enseñanzas no universitarias), explica suficientemente tantos recortes de unidades, plantilla y recursos. De hecho, la Consejería de educación (CEJA) ha aprovechado las constricciones del nuevo marco legal para recortar todo lo que ha podido, y más, y endosárselo al PP. Porque nada obligaba a la CEJA a aumentar sistemáticamente las ratios el 10%, en contra de todo buen sentido pedagógico y, sobre todo, de su propia normativa; ni a incrementar el número de horas lectivas en el profesorado de secundaria (otras comunidades no lo hicieron y la misma CEJA, con el mismo marco legal, se propone ahora revocar su decisión), propiciando de rebote un buen número de horarios laborales ilegales. Nada obligaba a la CEJA a no cubrir las sustituciones, o a hacerlo con imprevisible retraso, nunca antes de los 15 días, transformando el derecho a la educación en derecho a estar en un aula; ni a usar al profesorado de apoyo como sustituto en caso de ausencias, sacrificando los apoyos; ni a recortar de modo casi exclusivo las unidades públicas (por ejemplo, 1712 aulas de infantil 2º ciclo desde 2012) en favor del mantenimiento de las concertadas, ni a librar con mucho retraso las menguantes partidas económicas de los centros. Esto, por no hablar de las externalizaciones de servicios educativos como comedores y limpieza, entre otros, ni del dinero dilapidado en programas como el de Calidad y Mejora o en agencias externas de enchufados como la AGAEVE, que bien podrían haberse destinado, por ejemplo, a aumentar la plantilla docente.
En cuanto a la situación laboral del profesorado, debemos recordar al menos el alto índice de interinidad (uno de cada cuatro), inevitablemente unido a la fuerte reducción de la oferta de empleo público, así como la desigualdad de derechos que padece el colectivo de interinos/as. No hay que olvidar tampoco los recortes salariales (5% del salario en 2010 y su posterior congelación, además de diversas pagas extras), ni la penalización económica en las bajas por enfermedad.
Es evidente que hay motivos más que suficientes, de hecho estos motivos no son nuevos y cabe preguntarse por qué una huelga de estas dimensiones se ha hecho esperar tanto en educación. En cualquier caso, mientras nuestros gobernantes estatales y autonómicos siguen traspasándose irresponsablemente las culpas, el jueves vamos a salir a la calle para pedir la derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes, la recuperación de derechos y condiciones laborales- económicas y para defender una educación íntegramente pública.
Jose Antonio Antón
Delegado del sindicato USTEA en Granada
