La plantilla de la concesionaria del servicio limpieza pública viaria y recogida de residuos de Ceuta ha aceptado volver a trabajar este miércoles a las 5.00 de la madrugada tras cobrar todos sus integrantes la nómina de junio. Los operarios de la empresa Trace han sostenido un paro total de su actividad durante cerca de 30 horas y han regresado al tajo con "turnos reforzados" para retirar cuanto antes las aproximadamente 250 toneladas de basuras acumuladas en las calles de la ciudad autónoma.
"Esperamos que esto no vuelva a pasar", ha deseado a primera hora de la mañana en declaraciones a los periodistas el secretario del comité de empresa de la adjudicataria del servicio, el también diputado autonómico socialista Juan Gutiérrez, después de que el Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) pidiese "disculpas" tanto a los trabajadores como al conjunto de la ciudadanía por la demora acumulada en el abono de las certificaciones a la concesionaria.
Pese a que el convenio colectivo establece que los salarios deben estar efectivamente abonados el primer día de cada mes como muy tarde, este lunes Trace se negó a hacerlo alegando que el Ejecutivo local no le había pagado todavía el trabajo realizado en abril, mayo y junio, un total de unos 5 millones de euros que habían agotado el margen de maniobra de su póliza de seguro.
La consejera de Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, ha explicado en rueda de prensa que su homólogo de Hacienda, Alberto Gaitán, tramitó el 1 de julio por la tarde la transferencia de abril y que "inmediatamente" la concesionaria dio la orden de pago de las remuneraciones de sus 470 empleados, que sin embargo no se ha hecho efectiva en todos los casos hasta la noche de este miércoles.
Chandiramani también se ha reunido con la Dirección Técnica del contrato y con los responsables de la Intervención de la Ciudad Autónoma para avanzar con el Acuerdo Plenario alcanzado hace casi un año para rescindir el contrato con Trace, vigente desde 2013 para una década con posibilidad de prórroga por otros diez años a cambio de 17,5 millones de euros este ejercicio.
Tres de los cuatro partidos de la oposición en la Cámara autonómica (PSOE, MdyC y Caballas) concurrieron a las últimas elecciones autonómicas con la municipalización del servicio como compromiso electoral. El PP ha descartado hasta ahora esa posibilidad y se inclina por promover una nueva licitación, según el presidente Vivas porque la prestación directa pondría en peligro la subrogación de la plantilla.
--EUROPA PRESS--
