Tumba de Franco en el Valle de los Caídos.
La familia Franco ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez no les ha concretado aún ni el día ni el modo en el que los restos mortales del dictador serán trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
Según han aclarado a Europa Press fuentes cercanas a los nietos del dictador, miembros de la familia Franco y el abogado Luis Felipe Utrera Molina se han reunido este miércoles con el Gobierno para que les detallaran el modo en que se va a llevar a cabo la exhumación.
En dicho encuentro, el Ejecutivo no ha informado todavía a la familia sobre el día, ni tampoco si el traslado de los restos del dictador para su posterior entierro en el cementerio designado por el Gobierno, después de recibir el aval del Tribunal Supremo, será en helicóptero, según han informado las fuentes consultadas.
ÚLTIMO ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS
El Consejo de Ministros adoptó el pasado viernes un acuerdo según el cual la exhumación tendrá lugar antes del día 25 de octubre y se acordó que, con al menos 48 horas de antelación, se avisará a la familia y a los medios de comunicación, que podrán ser testigos de la salida de los restos de la basílica desde la explanada del Valle.
A la familia se le permitirá estar presente, si así lo desea, en la exhumación, traslado e inhumación, cuando se podrá celebrar "una breve e íntima ceremonia acorde con sus preferencias religiosas", precisa el acuerdo.
Además, se adoptarán las medidas que sean necesarias para que nadie, tampoco los familiares, puedan tomar imágenes ni grabar sonido en los actos de exhumación y reinhumación. En todos estos momentos, así como en el traslado, estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino.
NUEVO INTENTO DE LA FUNDACIÓN FRANCO DE PARALIZAR LA EXHUMACIÓN
No obstante, la Fundación Francisco Franco ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra este último acuerdo del Gobierno, alegando que es una medida electoralista y adoptada por un Ejecutivo en funciones, por lo que pide su nulidad.
Mientras se decide sobre el fondo del asunto, la Fundación ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que imponga la medida cautelarísima de paralizar el acuerdo, lo que supone que debería adoptarse son urgencia. El Supremo ha dado un plazo de tres días para que la Abogacía del Estado para que se pronuncie al respecto.
--EUROPA PRESS--
