Vista exterior de día del Palacio de la Asamblea de Ceuta
La Asamblea de Ceuta ha aprobado este jueves por unanimidad con los votos a favor de toda la oposición --PSOE, Vox, MdyC y Caballas-- y a pesar de las reticencias del PP iniciar el procedimiento para devolver al Pleno las competencias que en materia de personal y contratos la Corporación acordó en 1995 delegar en el Consejo de Gobierno que actualmente preside Juan Vivas (PP).
El proceso deberá completarse en un plazo "no superior a seis meses", según consta en la parte dispositiva de la propuesta debatida.
El PSOE ha enmendado la redacción original de la iniciativa para evitar, con el respaldo del PP, la reversión íntegra de las competencias en cuestión al coincidir con el grupo mayoritario en que ello podría generar demoras indeseables en algunos trámites y colapsar el funcionamiento de la Administración.
De esta forma, los 25 diputados-concejales volverán a tener la última palabra cuando se reformen los reglamentos de la Asamblea y del Consejo de Gobierno para decidir sobre "la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la oferta pública de empleo anual que se incluirá en los Presupuestos, las bases de selección de personal, el número de contrataciones y retribuciones del personal eventual, y las remuneraciones complementarias de los empleados públicos".
Igualmente recuperará las competencias para dar el visto bueno definitivo a "la contratación de obras y servicios y suministros, las competencias de gestión y la enajenación de bienes que superen el 10% de los ingresos ordinarios del Presupuesto consolidado de la Ciudad".
Para la oposición, el Consejo de Gobierno carece de legitimidad una vez que el PP ha perdido la mayoría absoluta con la que contó desde 2001 hasta mayo para seguir operando "como si la mantuviese".
El debate derivó de nuevo en una disputa sobre el rango institucional de la Administración ceutí, que según partidos como el MdyC debe considerarse como el de una entidad local más pese a su carácter de Ciudad Autónoma y que a juicio del PP debe operar con más autonomía a partir de lo establecido en el Estatuto de 1995. Caballas ha reprochado a los de Vivas que, pese a defender ese criterio, nunca haya querido aplicar la Disposición Transitoria V de la Constitución que contempla su acceso al estatus de Comunidad Autónoma.
La Corporación ha rechazado con los votos del PP (9) y Vox (6) en la Sesión Plenaria resolutiva de este mes iniciar el expediente para la municipalización del servicio público de transporte urbano en autobuses, cuya concesión de hace 50 años vence este otoño.
El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, defendió la conveniencia de adoptar el modelo de prestación directa que tienen "ciudades gobernadas por el PP como Madrid o Málaga" para "mejorar la calidad del servicio, ahorrar, dar mejores condiciones laborales a los trabajadores y aumentar la participación de la Administración en la gestión".
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, terció en la discusión entre los grupos para advertir que la principal razón para descartar la iniciativa es para su partido la falta de certeza sobre la posibilidad de subrogar directamente a la plantilla de la concesionaria en una hipotética empresa pública.
--EUROPA PRESS--
