El que fuera secretario general de la Consejería de Empresa de la Generalitat de Cataluña, que dirigía Santi Vila, ha afirmado este jueves en el juicio por el 'procés' independentista que el exconsejero Santi Vila le informó que el expresidente Carles Puigdemont le había comentado que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se financiaría con "aportaciones de particulares".
Así lo ha manifestado Pau Villoria Sistach, que ha comparecido en el Tribunal Supremo a petición de Juan Segarra, abogado del exconseller de Empresa, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión, con la intención de desmontar la acusación de malversación caudales por el presunto uso de fondos públicos para el 1-O.
En este sentido, Villoria ha constatado que el conseller tenía las competencias de contratación delegadas en el secretario general o en el director de servicios y que les dio indicaciones concretas a ambos cargos de no realizar ningún gasto relacionado con el referéndum.
"¿Le dio (el consejero) alguna explicación de cómo se iba a financiar el referéndum?", ha preguntado la defensa de Vila, a lo que el testigo ha indicado que le "comentó que el presidente Puigdemont le había dicho que se financiaría con aportaciones de particulares". Ha añadido que le "consta" que desde la Consejería en la que trabajaba en aquellas fechas "no hubo ningún gasto" relacionado con la votación prohibida por el Tribunal Constitucional.
EL ACUERDO PARA LOS GASTOS DEL 1-O ERA "UNA DECLARACIÓN POLÍTICA"
Estas instrucciones volvieron a reiterarse tras la aprobación a primeros de septiembre del acuerdo del Gobierno de Puigdemont por el que todos sus miembros se comprometían de forma "colectiva y colegiada" a sufragar el 1-O. Ha indicado que el propio Vila le informó de que se trataba de "una declaración política y que bajo la cobertura del mismo no deberíamos realizar ningún gasto para el referéndum".
Posteriormente, a preguntas del fiscal Jaime Moreno ha precisado que tuvo "en sus manos" el contenido del acuerdo días después de su aprobación y que también entendió que no era vinculante porque la Ley del Referéndum ya había sido suspendida por el tribunal de garantías. "Entendí que era de imposible aplicación", ha añadido.
Esta afirmación coincide con las declaraciones que han ofrecido otros testigos en el juicio, encargados de los expedientes de contratación en otros departamentos de la Generalitat, como la del siguiente compareciente que ha sido el que fuera director de servicios de la misma Consejería Josep Solá.
Ha añadido que para él el mencionado acuerdo tampoco tenía validez, no sólo por el tiempo material que se necesita para hacer adjudicaciones, sino porque había recibido la misma indicación de no realizar ningún pago relacionado con el referéndum. Asimismo, Solá ha dicho que el consejero no podía "de ninguna manera comprometer ningún gasto" porque las adjudicaciones de servicios están "absolutamente regladas" y "fiscalizadas".
Con estos testimonios ha concluido la fase testifical del juicio, que comenzó el pasado 27 de febrero. En total han sido 422 testigos los que han comparecido el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena, entre los se encuentran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta Soraya Sàenz de Santamaría; el exministro Cristóbal Montoro; el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero --que próximamente será juzgado en la Audiencia Nacional-- y numerosos agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que actuaron durante el referéndum, así como votantes.
TESTIGOS DE BORRÀS
Este jueves también han declarado otros dos testigos que han sido propuestos por la defensa de la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás, que se enfrenta a la misma pena de prisión que Vila. Se trata de la directora de servicios y del jefe de la Asesoría jurídica de este departamento. Este último ha asegurado que nunca emitió un informe "desfavorable" contra algún expediente de contratación, pues todos cumplían las normativas y que el acuerdo del gobierno de septiembre no tenía "relevancia jurídica".
En cuanto a la primera de ellos, Josefina Valls ha aseverado que Borràs le indicó personalmente que en abril de 2017 el Tribunal Constitucional dictó una providencia en la que prohibía disponer o efectuar alguna partida presupuestaria para el referéndum. "Nos dijo que teníamos que aplicar esta resolución", ha dicho.
Asimismo, ha subrayado que debido a las certificaciones que tenían que mandar al Ministerio de Hacienda tras la intervención de las cuentas de la administración catalana comprobó que "todo estaba correcto conforme a la legalidad".
Por otro lado, la directora de servicios de Gobernación ha sido preguntada por el acuerdo marco para la compra de papeletas y urnas y ha negado que éste tenga alguna vinculación con el 1-O. Ha enmarcado esta adjudicación, que finalmente quedó "desierto", en 2015, ya que se habían producido adelantos electorales.
Ha apostillado que la idea era poder "dar cobertura" para gestionar la provisión de materiales si se volvía a dar una situación similar teniendo en cuenta que no hay tiempo suficiente para la provisión de material con los 54 días que hay entre que se disuelven la cámara parlamentaria y la celebración de los comicios.
--EUROPA PRESS--
