Recursos de la prisión de Soto del Real
El sindicato CSIF ha anunciado este miércoles que defenderá al funcionario apuñalado en la prisión de Soto del Real en un incidente que Instituciones Penitenciarias ha lamentado, ofreciendo para su defensa el apoyo de la Abogacía del Estado, según explican a Europa Press fuentes de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.
En un comunicado, el sindicato ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez medidas urgentes para garantizar la seguridad de este colectivo ante la "brutal agresión" sufrida por un afiliado de CSIF el pasado lunes en el centro de Soto del Real (Madrid).
Tras las protestas sindicales, el centro penitenciario ha decidido reforzar las medidas de seguridad consistentes en trajes protectores o escudos en todos los casos en los que haya contacto directo con un interno.
UN PRESO EN AISLAMIENTO CON ANTECEDENTES
Fuentes penitenciarios aseguran que el director de Soto del Real también ha ordenado un registro masivo en las celdas debido a que el preso que hirió al funcionario utilizó un pincho con un asa de plástico de un tamaño similar a un bolígrafo.
El interno, que procedía de Canarias, estaba en aislamiento y había protagonizado incidentes similares con anterioridad por el uso de objetos prohibidos en el reglamento penitenciario.
CSIF ha advertido de que el protocolo FIES (fichero de presos peligrosos) señala también la posibilidad de utilizar grilletes con este tipo de internos.
Además de defender en los tribunales a su compañero agredido en Soto, CSIF ha informado de que estudia acciones legales contra Instituciones Penitenciarias ante la falta de personal "acuciante". Según este sindicato, actualmente hay más de 3.400 plazas vacantes sin ocupar. También reclama una mejora en la clasificación de los reclusos.
DENUNCIA 2.100 AGRESIONES EN SEIS AÑOS
El sindicato cuantifica en más de 2.100 las agresiones registradas en los últimos seis años, "sin que la Administración penitenciaria tome ninguna medida para defender a los trabajadores de prisiones". En este sentido, exige la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para reforzar su seguridad y una mejora del Protocolo de Agresiones.
Con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias ordenó que la Abogacía del Estado se personara en los casos de agresiones y que velara por el adelanto de las indemnizaciones para los funcionarios.
Desde CSIF también se ha recordado el incidente con la madre de los niños encontrados muertos en Godella (Valencia) para quejarse por el "déficit" de personal en el área sanitaria. Según este sindicato, el "brote psicótico" de este martes en la cárcel de Picassent no se pudo controlar de una manera adecuada porque las instalaciones no están preparadas.
"Denunciamos que los trabajadores de Prisiones no cuentan ni con los medios ni con la formación precisa para atender este tipo de situaciones y que las enfermerías de los centros acaban, lamentablemente, convirtiéndose en psiquiátricos encubiertos", concluye CSIF su comunicado.
--EUROPA PRESS--
