El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha expresado su "más enérgica" condena del asesinato de la letrada Rebeca Santamalia, en Zaragoza, presuntamente, a manos de su cliente con el que se ha conocido que mantenía una relación "personal" y recuerda que con la violencia machista "algo muere también en la calidad de nuestra democracia".
"Cuando una mujer muere o es maltratada por el simple hecho de serlo, algo muere también en la calidad de nuestra democracia", ha afirmado la Abogacía en un comunicado, en el que ha manifestado su repulsa a este crimen. En este sentido, ha enviado su "afecto y apoyo" a la familia de la abogada y a sus compañeros del Colegio de Abogados de Zaragoza, que ha suspendido el acto de toma de posesión de los nuevos miembros de su Junta de Gobierno que iba a tener lugar a las 19.00 horas de este viernes.
El cuerpo de Rebeca Santamalia ha sido encontrado a las 4.00 horas de esta madrugada en un domicilio de la calle Pradilla, en el zaragozano barrio de San José. Su marido había llamado a la Sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Aragón a las 21.00 horas de este jueves alertando de que su mujer no habría regresado aún a casa.
Los agentes han entrado a esta vivienda, propiedad de José Javier Salvador Calvo, donde han hallado muerta a la mujer con heridas de arma blanca. Paralelamente, en torno a la medianoche, una patrulla de la Policía Nacional ha avistado a un hombre que caminaba por el Viaducto nuevo de la ciudad de Teruel. Al verles, ha echado a correr, arrojándose por el puente.
Se trataba de José Javier Salvador Calvo, quien presuntamente habría asesinado a la abogada, y con quien, al parecer, mantenía una relación sentimental, según han informado en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez. Santamalia ejerció la defensa de este hombre cuando fue juzgado y condenado por el asesinato de su esposa, Susana Patricia Maurel, en el municipio turolense de La Puebla de Híjar, donde era candidata del PP a la Alcaldía de la localidad, en el año 2003.
La Abogacía Española asegura que confía en el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado para esclarecer las circunstancias de la muerte de esta abogada, que fue coordinadora del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza entre los años 2010 y 2012. También fue vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española.
--EUROPA PRESS--
