Camión de Limasa limpieza
El letrado del sindicato STAL, José María Ramírez Pedrosa, ha señalado "la estrategia de Limasa para demorar el procedimiento" judicial iniciado a instancia de dicha organización sindical para la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se reconoce que el convenio que se debe aplicar es el de 2010-2012.
El Juzgado de lo Social número 4 de Málaga ha acogido este martes el final de la vista que comenzó el pasado 7 de febrero para instar dicha ejecución. El letrado ha insistido en acciones que lleva a cabo la empresa, como aportar las nóminas de los casi 2.000 trabajadores para ver las cantidades individuales, "cuando no se va a determinar nada al respecto".
Asimismo, ha asegurado que otra acción para "demorar" ha sido "alegar la existencia de otro procedimiento en el Juzgado de lo Social 12, con el fin de que se suspenda esta causa en tanto se resuelve la otra", a lo que todos los sindicatos se han opuesto "porque ya ha quedado suficientemente demostrado que los acuerdos del Sercla y el principio de convenio de 2013 no es de aplicación".
Así, ha insistido en que el objetivo de este procedimiento es "determinar los derechos en los que se ha perjudicado a los trabajadores como consecuencia de la aplicación del principio de convenio de 2013" y que la jueza se pronuncie sobre "los conceptos salariales, el incremento del salario, las pagas extras o vestuarios" pero a nivel general.
"Esperemos que su señoría entienda que no tenemos que esperar a que se resuelva el asunto de Social 12", ha señalado Ramírez Pedrosa, quien ha indicado que la jueza "debería pronunciarse diciendo que, efectivamente, se han vulnerado los derechos de los trabajadores porque no se les ha aplicado el incremento salarial y que se han vulnerado esos derechos establecidos en convenio porque se congelaron las pagas extras".
Ha llamado la atención sobre que por parte de Limasa "se ha venido alegando en estos seis años que no se aplicaba el convenio y se producía esa restricción de derechos por aplicación del principio de convenio de 2013, pero ese tendría una validez de tres años". Por tanto, ha dicho, "en el peor de los casos, habría alcanzado de 2013 a 2015, por lo que de 2016 a 2018 Limasa ha hecho lo que le ha dado la gana, que es no aplicar el convenio y restringir el derecho de los trabajadores y ya sin excusa".
Por su parte, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, ha señalado que esta vista ha sido para decir "lo genérico que nos tienen que dar, que es el 1,5 en tabla como estaba firmado en el convenio 2010-2012, y el incremento de la paga de productividad".
Asimismo, ha asegurado que son ya entre 700 y 800 las demandas individuales presentadas por los trabajadores de todos los sindicatos para reclamar las cantidades exactas que se les debe a cada uno, recordando que el plazo termina a finales de abril.
Ha lamentado que Limasa está presentando "todos los recursos que hay y que pueda haber" porque "no quieren cumplir lo que dicen los jueces". "Queremos que nos respeten el convenio colectivo", ha indicado, apuntando que "no podemos firmar la última propuesta de un convenio por once años".
"Nuestro lema es mirar por una empresa estable, que sea pública y que llegue a todos los barrios en igualdad de condiciones", ha manifestado Belmonte, quien ha asegurado que no han tenido contacto ni con la empresa ni con el Ayuntamiento en la última semana y "no vamos a aceptar un ultimatum".
LIMASA DICE QUE SE HAN HECHO ESFUERZOS PARA NEGOCIAR FUERA DE JUZGADO
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que "la intención de la empresa es atender lo que en justicia corresponde y lo que se ha ido negociando durante años atrás".
Asimismo, tras la vista, desde Limasa han vuelto a reiterar "la necesidad de negociación entre las partes, con relación con el convenio colectivo, ya que no es posible mantener unas relacionas laborales completamente judicializadas".
"Estas relaciones ocasionan perjuicios para los trabajadores que no disponen de un convenio colectivo de referencia desde hace más de seis años", han señalado en un comunicado, recordando, además, "los esfuerzos que desde la dirección Limasa se han venido realizando en los últimos tiempos y especialmente en las últimas semanas".
Así, han indicado que en el clima actual "de litigiosidad y judicialización que se mantiene desde el comité de empresa, se vuelven a enrarecer y dificultar las relaciones laborales en el seno de Limasa, recurriendo de forma genérica cuestiones que tan solo pueden ser aclaradas mediante las correspondientes demandas individuales que se presenten por los trabajadores y para lo que existen plazos y procedimientos diferentes".
Al mismo tiempo, han reafirmado que Limasa "está al día con los trabajadores y que se ha cumplido escrupulosamente con lo que el Tribunal Supremo ratificó en relación a esta sentencia, la única firme que ha existido". De igual forma, se ha alegado que las cuestiones previas al acuerdo de 2013 objeto de esta demanda, están pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En la vista celebrada, por parte de la empresa se ha defendido que según el artículo 247 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, "la ejecución de la sentencia solo puede ser resuelta mediante resoluciones individuales, ya que los conceptos genéricos susceptibles de valoración global ya han sido repuestos por la empresa a las condiciones más favorables posibles para los empleados".
Para Limasa, "se ha demostrado que dado que el preacuerdo de convenio colectivo firmado con el Comité de Empresa en diciembre de 2013 y mediante el cual Limasa retiró el ERTE que había en marcha, queda anulado, se deben reponer las condiciones laborales previas a esa fecha, lo que se ha cumplido cuando Limasa abonó en noviembre una nómina de regularización".
"Ese acuerdo fue recurrido por el STAL, contra los firmantes, es decir, contra la empresa y contra el comité, pero curiosamente a esa demanda se ha adherido en el último momento el propio comité demandado", han precisado en un comunicado.
Con esa regularización, se han repuesto las pagas de septiembre y la ayuda de navidad, a pesar de que se eliminaron en ese acuerdo de convenio colectivo firmado con el Comité de Empresa en diciembre de 2013.
--EUROPA PRESS--
