jueves. 28.03.2024

Miguel Rebollo, María García y Violeta Aragón ACP Constructores y Prom



La inversión en obra pública en la provincia de Málaga está "estancada". Así lo han puesto de manifiesto este martes los constructores y promotores, que han incidido en que el pasado año la licitación por parte de las administraciones ascendió a 292,2 millones de euros, cuando la media en España es de 500 millones de euros.

La presidenta del Grupo de Contratistas de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), María García, junto al vicepresidente del colectivo, Miguel Rebollo, y la secretaria general, Violeta Aragón, ha dado a conocer los datos anuales, que revelan el "estancamiento" en la provincia, con un volumen de inversión que se incrementa por debajo del cinco por ciento, frente al dato del conjunto de Andalucía, donde aumenta un 83 por ciento.

En concreto, la Administración local ha incrementado su inversión aproximadamente un 30 por ciento, pasando de 135,6 millones a 174,8 millones; mientras que la regional lo ha hecho de 65,3 a 83,1 millones el pasado ejercicio. Sí se ha reducido notablemente la inversión estatal, según los datos de los constructores, un 55 por ciento con respecto a 2017, cuando se destinaron 77,5 millones frente a los 34,3 millones del pasado ejercicio.

En este punto, García ha recordado que esa cantidad de poco más de 34 millones está "muy lejos" de los 140 millones comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "El Gobierno ha destinado en Málaga 60 euros por habitante y año y en el resto de provincias españolas la media es de 100". "Es un abandono y una falta de compromiso con una provincia con uno de los mayores potenciales de crecimiento del país", ha apostillado.

Tanto García como Aragón han lamentado que haya partidas en los PGE "históricas", que llevan más de diez años apareciendo, y "luego nunca se ejecutan". "Son partidas recurrentes", han agregado, citando entre ellas el tren litoral, la regeneración de los Baños del Carmen, el soterramiento del tren del puerto, etcétera. "Se presupuestan 140 millones y luego se ejecutan 30 millones", han afeado.

Sobre qué podría pasar de seguir esta tendencia de disminución de la inversión en obra pública, Violeta Aragón ha apuntado que se resentirían, en primer lugar, los datos de empleo en la construcción; "además de dejar de tener esa "competitividad para seguir siendo la locomotora de Andalucía".

En el caso de los puestos de trabajo, Rebollo ha aclarado que actualmente hay aproximadamente 4.400 parados en este sector. El índice de ocupación es de unos 60.000 trabajadores, "frente a los 140.000 de los mejores tiempos de producción". Pese a que pueda parecer, ha dicho, que 4.000 desempleados son pocos, ha advertido de que entre 70.000 y 80.000 se han reconvertido y han tenido que abandonar la construcción.

A juicio de la secretaria general de los constructores y promotores malagueños, las conexiones directas son "fundamentales" y se trata de inversiones en infraestructuras que atraen la inversión de otras empresas, también de turistas e incluso de la propia población, incidiendo en necesidades de la provincia como el tren litoral, el tercer hospital en Málaga capital o la depuración integral de las aguas.

"Tenemos que seguir siendo potencia de inversiones y la construcción es una de las generadoras de empleo más rápida", ha indicado la secretaria general de la ACP, al tiempo que ha demandado estrategias "a largo plazo" en infraestructuras públicas: "No se puede tomar decisiones de un día para otro".

Pero las críticas también han sido para la Junta de Andalucía, Administración a la que han afeado que no provincialice los presupuestos: "Más pésima es la situación en el ámbito autonómico donde hace años se optó por no provincializar la inversión, para que no pudiera hacerse seguimientos a los incumplimientos". García ha confiado en que con el nuevo Gobierno andaluz esta situación se revierta "y sea más transparente" con las cuentas anuales.

INESTABILIDAD POLÍTICA

Otro de los factores que influyen en la inversión pública es la estabilidad política o la falta de ella. "Tener gobiernos estables es fundamental", ha apuntado Violeta Aragón, quien ha incidido en la necesidad de pensar en las obras públicas "a largo plazo" y en lo perjudicial que es la inestabilidad.

En este sentido, cuestionada por el metro de Málaga y la intención del nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos de parar el tramo en superficie al Hospital Civil y apostar por la prolongación al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Aragón ha indicado que los acuerdos comprometidos "deben seguir adelante".

En opinión de la ACP, no es incompatible seguir con la línea al Civil y llegar al PTA, que es "muy positivo y algo que hace mucho tiempo se tenía que haber hecho". "No debería ser un proyecto por otro", ha incidido Aragón, que ha subrayado que si se impulsa el metro a la tecnópolis es una "buenísima noticia pero sin olvidar los otros compromisos".

Así, ha apuntado que precisamente la licitación del tramo fue una de las más elevadas de 2018 en la provincia, con 34,9 millones, junto a la del paraninfo de la UMA y la estación del AVE a Antequera. "La inversión del metro la ponemos en cuarentena", ha apostillado, al tiempo que ha hecho hincapié en el perjuicio que supone para las empresas que se anulen licitaciones.

"Crea una inseguridad y una inestabilidad, un desgaste de personal propio y de dinero. En adjudicación se puede resarcir pero en licitación, no; son gastos perdidos", ha lamentado. En este sentido, la presidenta del Grupo de Contratistas de la ACP ha reclamado "seguridad jurídica para las empresas". También ha apuntado que, en el caso del metro, se debe negociar con las concesionarias y "encontrar un frente común".

Por otro lado, sobre la inversión en Vivienda de Protección Oficial (VPO), Violeta Aragón ha admitido que de carácter privado no hay ninguna inversión por las limitaciones existentes en ayudas a compradores y vendedores y las dificultades de los compradores para venderlas en unas determinadas condiciones en caso de que quisiesen. "Los datos dan idea del atractivo que tiene la promoción de VPO para los privados, ninguna", ha apostillado.

En su opinión, estas viviendas accesibles para determinados ciudadanos deben ejecutarlas las administraciones públicas. En este punto, ha precisado que sólo el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, ha ejecutado VPO, aunque en 2018 ha caído a tres millones de euros, frente a los 6,9 millones de 2017.
--EUROPA PRESS--

Constructores advierten de la pérdida de competitividad de Málaga si no se incrementa...