ALMERÍA.- Unas 2.000 personas se han manifestado hoy en Almería para protestar por el decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía. Además se había convocado una jornada de huelga en la provincia que, según los sindicados convocantes, ha tenido un seguimiento de un 80 por ciento en Secundaria y un 60 por ciento en Primaria. Durante la protesta convocada por ANPE, CCOO, CSIF, UGT Y USTEA junto a FAPACE se ha leído el siguiente manifiesto:
Las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, CSIF, UGT Y USTEA que representan a los trabajadores y a las trabajadoras de la Educación Pública de Almería, junto con FAPACE, rechazamos el Decreto de Escolarización.
Los sindicatos de la Educación Pública ANPE, CSIF, CCOO, UGT Y USTEA, junto con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Almería (FAPACE), hemos convocado huelga en la jornada de hoy, en la provincia de Almería, como medida de nuestro mayor y rotundo rechazo al nuevo Decreto de Escolarización aprobado por la Administración andaluza porque se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.
Son del todo inaceptables, y de una gravedad extrema, las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de la mal llamada libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de supuesta “demanda social”, traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad, y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho.
Además, para las organizaciones convocantes, la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas y como consecuencia de personal docente. En este sentido, es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años. A nuestro entender, la administración andaluza debería poner en valor la educación en los centros públicos, el trabajo del profesorado, los recursos dedicados a la atención a la diversidad y a la innovación educativa.
Por otro lado, no podemos compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para optimizar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública y a favorecer a la concertada.
Por último, se hace preciso dejar rotundamente claro que la aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto.
Por todo ello, las organizaciones convocantes exigimos la retirada de este Decreto y que la Consejería de Educación no elimine unidades en los centros públicos.
