jueves. 28.03.2024

El socialista Antonio Ruiz, en una imagen de archivo, seguirá siendo e



El PSOE e IU han cerrado este miércoles un acuerdo "programático" y de "gobierno" para la Diputación de Córdoba, que "está encaminado a constituir un gobierno de izquierdas que fortalezca los servicios públicos, contribuya a la reindustrialización de la provincia, y a un crecimiento económico que redistribuya la riqueza de manera equitativa e igualitaria".

También pretenden PSOE e IU, según el acuerdo que han remitido, conformar un gobierno de izquierdas que "combata la despoblación de los núcleos urbanos y rurales, colabore junto a los sindicatos y agentes sociales en una economía sostenible, que apueste por los recursos propios y naturales y que garantice un empleo digno y de calidad para los trabajadores".

Según dicho acuerdo, la Diputación "tiene que garantizar la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de la provincia, especialmente a los de menos 20.000 habitantes, logrando que todos los cordobeses tengan las mismas oportunidades de desarrollo", al entender que la Diputación "debe estar al servicio de la provincia y debe ser un elemento activo en la creación de empleo de calidad".

Por ello, la Diputación debe contribuir a "la reindustrialización de la provincia, combatiendo la despoblación de los núcleos urbanos y rurales, en permanente colaboración con los agentes socioeconómicos y sindicatos, y adaptarse a las necesidades de los municipios".

En este sentido, el presupuesto provincial "debe estar al servicio de los pueblos, especialmente de aquellos que tienen menos recursos", razón por la que "los Planes Provinciales han sido el proyecto más importante con el que han venido contando los municipios más pequeños, para su desarrollo socioeconómico y la cohesión social y territorial de la provincia" y, para eso, dichos planes buscarán "combatir la despoblación" y promover "un empleo de calidad" para los vecinos.

Junto a ello, el gobierno de PSOE e IU hará "una apuesta decidida por un presupuesto provincial participativo, mediante mecanismos de corresponsabilidad en la ejecución presupuestaría de cada área de la Diputación, que permitan que los gastos cumplan con las prioridades que tiene que tener un gobierno de izquierdas, poniendo en primer término a las personas".

En consecuencia, "debe ser un presupuesto anual que aumente la inversión" en los municipios, "especialmente en los más pequeños", que "apueste por el fortalecimiento de los servicios públicos, el empleo de calidad y que el dinero se gestione con transparencia e igualdad", para "desarrollar políticas efectivas y reales que contribuya al desarrollo económico y social" de la provincia.

Ello, además, debe hacerse "con la participación activa de los municipios y de los agentes socioeconómicos que permita reindustrializar" Córdoba, amén de "combatir la alta tasa de desempleo y apostar por los recursos propios y naturales para fortalecer a los sectores productivos y estratégicos" de la provincia.

De hecho, "frente a las políticas neoliberales del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, que apuesta por la privatización de loa servicios públicos, el servicio que preste la Diputación a los ayuntamientos será fundamental para defender un empleo público y de calidad".

También incluye el acuerdo el "fortalecimiento de las empresas públicas (Emproacsa y Epremasa), con una apuesta decidida, como garante del mantenimiento y prestación de un servicio público de calidad", pues las empresas públicas "son la manera más eficiente y cercana de gestión directa de todos los servicios que prestan", siendo prioritario incluir "cláusulas sociales" que "garanticen mínimos vitales" de agua.

A ello se suma, en el acuerdo, promover una "gestión eficaz, solvente y transparente de los recursos económicos" de la Diputación, amén de una "apuesta decidida por el empleo que cómbata la explotación laboral, que cree empleo público y de calidad y frene la emigración" de los cordobeses que "no tienen oportunidades" en la provincia.

Ello también implicará "convertir las políticas sociales en uno de los ejes vertebradores de la acción del gobierno" provincial, "fortaleciendo el "Servicio de Ayuda a Domicilio, continuando con la dotación de recursos para mejorar el servicio, y colaborando con ello en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores", a la vez que se vela "por el cumplimiento de la aportación que se recibe de la Junta de Andalucía" y por "la mejora de los programas y la gestión de la Ley de Dependencia".

Impulsar políticas transversales de igualdad en todas las áreas, delegaciones, empresas públicas y organismos autónomos dependientes de la Diputación, en estrecha colaboración con los movimientos feministas para ejecutar de forma efectiva el Plan Provincial de Igualdad, también forma parte del acuerdo PSOE-IU, que incluye el "apoyo al colectivo Lgtbi, con políticas reales para la visibilización de este colectivo".

MEMORIA

Como novedad, se creará de la Delegación de Memoria Democrática", para defender en la "provincia la dignidad" de las víctimas del franquismo, que "trabaje por la verdad, la justicia y la reparación, y avance en la consolidación de una sociedad democrática frente a las políticas revisionistas del actual Gobierno" andaluz.

Por otro lado, con el pacto se persigue la "consolidación y avance en el Plan Provincial de Arreglo, Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales de titularidad municipal, y en el Plan de Electrificación Rural, ya que los caminos juegan un papel relevante para el desarrollo de la provincia, por el peso que tienen en la economía provincial los sectores agrícolas y ganaderos, sin olvidar su importancia como infraestructura imprescindible para el turismo rural y lo que supone para la provincia".

También se comprometen PSOE e IU en su acuerdo al "aumento en la inversión pública, con la apuesta por el patrimonio municipal, para que no se pierda la historia" propia, "ayudando a los ayuntamientos en la recuperación y conservación del legado histórico, cultural y artístico".

El pacto incluye, igualmente, una "apuesta por las mancomunidades como instituciones cercanas y próximas con los ayuntamientos", y fomentar "el desarrollo turístico, cultural y económico de la provincia, con participación activa de los municipios y de los agentes socioeconómicos, que determinen las prioridades de actuación en los próximos años, estimulando los sectores productivos y estratégicos" de la provincia.

Junto a ello, se busca "impulsar el compromiso de la Diputación con la Agenda 2030", además de "promover un plan para evitar la despoblación en los municipios más pequeños", facilitando "las condiciones para que la población actual pueda disponer de las mismas oportunidades, para consolidar su presencia y contribuir a una atracción demográfica que ayude a consolidar políticas contra la despoblación en comarcas del interior".

REPARTO DE DELEGACIONES

En cuanto a las áreas y delegaciones que se establecen para el nuevo gobierno provincial y cómo se reparten, el acuerdo determina que haya cinco áreas, en concreto las de Presidencia y Consejo de Alcaldes, de Igualdad y Bienestar Social, de Empleo y Desarrollo Económico de Cooperación con los Municipios e Infraestructuras, y de Hacienda y Recursos Humanos.

Respecto a las delegaciones, el PSOE tendrá 14: Presidencia y Consejo de Alcaldes, Cooperación con los Municipios y Carreteras, Hacienda, Recursos Humanos, Desarrollo Económico, Turismo, Medio Ambiente, Gobierno Interior, Protección Civil, Comunicación y Nuevas Tecnologías, Consumo y Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Bienestar Social, y Cultura.

Por su parte, IU tendrá la coordinación del Área de Bienestar Social y la Presidencia del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), además de las delegaciones de Igualdad, Agricultura y Caminos Rurales, Empleo, Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo.
--EUROPA PRESS--

PSOE e IU cierran un nuevo acuerdo programático y de gobierno para la Diputación