Durante meses hemos escuchado críticas, una tras otra, para que el Gobierno de España retirase el estado de alarma y dejase a las comunidades asumir la dirección de su propio mando único, pero el resultado ha sido tan nefasto que sólo en lo que concierne a Andalucía, está en juego la reputación de la producción hortícola y en jaque la campaña turística de verano.
La Junta de Andalucía ha invertido ingentes cantidades de dinero público en campañas de publicidad silenciando así buena parte del ardor guerrero de muchos medios de comunicación que, como cualquier empresa, también tienen problemas de subsistencia. Han contratado a miles de personas que pasean por las playas y, mientras tanto, las farmacias son un reguero de jubilados dándose la vuelta para casa después de escuchar una y otra vez eso de “aún no han llegado mas mascarillas”.
La gente teme al rebrote en cualquier esquina, y como no somos muy de mirarnos el ombligo propio, buscamos más la paja en ojo ajeno y así los hay que prefieren señalar a los inmigrantes como origen del problema. Hasta los imaginativos cafres de la extrema derecha quieren convertir la fiesta musulmana del cordero que comienza el 30 de julio y se alarga hasta el 3 de agosto en otro punto de discordia, pero claro sólo en los pueblos en los que gobierna la izquierda.
Y quizás es ahí donde radica el problema, en que no estamos en un escenario que deje espacio a la chorrada política, porque sencillamente nos jugamos mucho más que la salud. Este Covid enferma tanto los cuerpos como las carteras, y lo más gracioso es que parece que no entendemos que por mucho ERTE, ayudas a empresas, renta mínima de subsistencia o intentos de estirar los subsidios sectoriales hasta diciembre, mientras no se deja de pensar en las vacaciones que por convenio corresponde a cada uno, estamos mandando el país literalmente a la mierda.
La manifiesta incapacidad de algunas administraciones para controlar lo que fue una situación cedida de cero casos de contagios durante semanas. Las prisas por abrir las playas casi a la fuerza y antes de lo que se había hecho cualquier año anterior. El generoso guiño de la administración autonómica para que volviésemos todos a las calles estableciendo un modelo exprés de normalización de aforos en casi todo, y todos los errores cometidos, han generado un nivel de confianza en la población que han llevado a un desorden de tal magnitud que la mayoría ya trabaja con la hipótesis de nuevos confinamientos.
Nadie asume responsabilidades, y a lo más que llegamos es a escupir hacia arriba, para señalar al Gobierno del Estado en un intento de seguir confundiendo a la población, o a ponerse de perfil para que sean los ayuntamientos quienes muerdan el polvo armados únicamente con escobas.
Y llegados a este punto, lo que no se entiende es que nadie de la oposición, aún, no haya pedido el cese, dimisiones o sustitución de quienes hasta ahora sólo han demostrado incapacidad manifiesta en la gestión de una crisis generada bajo el mando único y exclusivo autonómico.
