Imagen de la protesta
ALMERÍA.-Delegados sindicales de UGT y trabajadores se han concentrado esta mañana a las puertas de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería para reclamar que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales recaiga sobre técnicos en integración social y no se deje en manos de empresas privadas.
Nota de prensa
Desde hace varios años, se está posibilitando las contrataciones a través de empresas privadas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, ya que la Delegación Territorial de Educación se ve obligada a dar cobertura a este alumnado ante la negativa de Función Pública de contratar mediante la bolsa vigente de la categoría de Técnico en Integración Social (antiguos Monitores de Educación Especial) perteneciente al VI Convenio del Personal Laboral de la Junta de Andalucía e integrados/as en dicha bolsa desde el último concurso de méritos en el año 2008, también quedando congelada la oferta de empleo público de 2009 con 40 plazas más en la categoría.
Tras la finalización del periodo de matriculación en centros públicos el año pasado, la Consejería de Educación vio la necesidad de dotar a los centros educativos con 487 puestos de trabajo a través de empresas privadas.
Sólo este año la necesidad de dichas plazas asciende a 900 en toda Andalucía que están privatizadas y en la provincia de Almería actualmente hay 97 puestos privatizados.
El trabajo a desempeñar en estos puestos no coincide exactamente con las funciones de la categoría profesional del Técnico en Integración Social perteneciente al personal laboral de la Junta de Andalucía, con la diferencia de que a las personas contratadas por esta empresa no se les exige la titulación específica para realizar estas funciones.
Del mismo modo Lourdes Hernández Paris, Técnico en Integración Social y delegada de UGT en la Delegación Territorial de Eduación de Almería, ha querido exigir como afectada y en su papel de representante de los trabajadores de esta categoría, que todas las plazas privatizadas reviertan en empleo público con personal cualificado para posibilitar la atención al alumnado con necesidades educativas de manera efectiva , fomentando así su inclusión y mejorando la calidad educativa. La mayoría de estos contratos cubren las necesidades de este alumnado durante la jornada laboral a tiempo parcial entre dos centros educativos diferentes, y con un sueldo que supone casi la mitad del que percibe el Técnico en Integración Social de la Junta de Andalucía, por lo que supone una gran pérdida en la calidad de la educación al alumnado con necesidades educativas especiales ya que no quedan cubiertos durante toda la jornada escolar. Todo ello sólo parece verse justificado por el abaratamiento del servicio, donde como siempre los perjudicados serían los propios alumnos/as, y sin duda los profesionales.
Es incomprensible que la Administración Pública de la Junta de Andalucía teniendo conocimiento de la demanda de estos profesionales, con anterioridad al comienzo del curso escolar, y existiendo una bolsa de trabajo de la Junta de Andalucía con personal cualificado de la categoría Técnico en Integración Social viendo la necesidad de cubrir tantos puestos de trabajo de este tipo, no opte por la provisión de dichos puestos de trabajo a través de empleo público como marca el convenio, incumpliendo así con el Acuerdo de 29 de marzo de 2007 en lo que se refiere a la promoción de Empleo Público, pues sólo de esta manera se podría garantizar la calidad de la enseñanza de este alumnado.
Permitiendo la cobertura de las plazas de monitor de educación especial por medio de empresas privadas, y no mediante la provisión de puestos de trabajo que determina el VI convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía, estaríamos permitiendo la privatización de esta categoría, dejando así en el olvido a las personas que pagaron sus tasas en las OEP para poder tener opción a aparecer en las bolsas de trabajo de la Junta de Andalucía tras los concursos de acceso a personal laboral fijo y viéndose menguadas las plazas de esta oferta por este motivo, lo que supone saltarse totalmente la normativa que nuestro convenio tiene para la provisión de puestos.
Desde UGT rechazamos la oferta de empleo público 2018 por considerarla ridículamente insuficiente para erradicar la temporalidad de nuestros centros y exigimos una oferta con plazas suficientes, en la cual sólo han ofertado 10 plazas de esta categoría.
Por todo ello, desde FESP UGT ALMERÍA exigimos A LA JUNTA DE ANDALUCIA que estas plazas privatizadas reviertan en empleo público, respetando el proceso de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que exige el VI Convenio del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, para que los profesionales de dicha categoría ejerzan sus funciones en centros educativos públicos.
