ALMERÍA.- Las asociaciones de Bebés Robados muestran su desagrado al conocer la respuesta del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a la pregunta formulada por el Senador Cazalis Eiguren en el Senado el pasado día 10 de Septiembre. Denuncian que algunos fiscales no utilizan todas los recursos de los que disponen para llegar al final de las investigaciones. Calculan que hay cerca de 2000 denuncias archivadas. También señalan que desde Febrero no han mantenido ninguna reunión con el Ministerio de Justicia.
Las asociaciones de bebés robados saben que dependiendo de a que Fiscalía corresponda denunciar los hechos, la denuncia prosperará o será archivada y guardada en un cajón, esto contradice la homogeneidad de la que habló el Sr. Ministro en el Senado.
María Bueno, presidenta de la Asociación malagueña ALUMBRA señala: “hay zonas en las cuales todas las denuncias se archivan sin hacer ni la mitad de investigación mientras otras fiscalías apoyan y dan continuidad a la labor judicial” y añade “están intentando que poco a poco las Madres aceptemos la muerte de nuestros hijos desaparecidos, hijos que hay que exhumarlos, la mayoría privadamente, en los cementerios para confirmar que están todos muertos, sin que nadie nos diga quién, cómo, cuándo y por qué.”Y añade, “solicitamos a la Fiscal Murillo -enlace entre las asociaciones y el Ministerio de Justicia- un informe General de las actuaciones de Fiscalía que nunca llegó, la comunicación de las asociaciones con el Ministerio está completamente deteriorada”
Esperanza Ornedo, Presidenta de SOS Bebés Robados Huelvadice que las denuncias archivadas no se presentan en los juzgados, por muchos motivos: “Aquí en Huelva la Asociación ha recurrido todos los archivos y posteriormente hemos presentado denuncia en los Juzgados, denuncias todas archivadas por prescripción. La circular 2/2012 de Fiscalía General permite a los Fiscales hacer pruebas de ADN y EXHUMACIONES sin necesitar el consentimiento del Juez, en el caso de Huelva el desinterés mostrado por el Fiscal a las exhumaciones solicitadas por los afectados ha sido total y absoluto. Se ha negado a exhumar en puntos exactos localizados por la Policía y también en tumbas y nichos de propiedad privada, aún teniendo autoridad legitimada para hacerlo, es por ello que en la primavera pasada se hizo llegar una queja a la FGE, aún pendiente de contestación. Sin embargo, en Cádiz por ejemplo es la propia Fiscalía la que recurre y apoya a los afectados hasta el final, aunque son después las Audiencias Provinciales las que han unificado criterios y archivan todos por prescripción tanto en Cádiz como en Huelva. Así mismo también se olvida el Ministro de que no tenemos la condición de víctimas y de que la Justicia no es gratuita para nosotros y la inmensa mayoría de las familias tienen escasos recursos, sin hablar de la crisis en la que estamos inmersos”
