Reprensentantes del sector de Prisiones del CSIF Andalucía
El organismo Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha solicitado este viernes a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía a que se reforme la Ley Penitenciaria.
En un comunicado, el responsable de Instituciones Penitenciarias del CSIF Andalucía, Miguel Ángel Rojas, ha solicitado a los grupos parlamentarios que "hagan un ejercicio de responsabilidad, con el mayor consenso posible y se acuerde una reforma integral de la Ley Orgánica de la Democracia, la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 que cumple 40 años".
Esta petición se enmarca en una acción conjunta llevada a cabo por todas las delegaciones de CSIF en todos los parlamentos de España puesto que, a juicio de Rojas, las nuevas tipologías delictivas han dado como resultado "la aparición de nuevos perfiles criminológicos dentro de la población reclusa".
"Hoy en día, encontramos clanes de grupos paramilitares provenientes de la Europa del Este, sicarios contratados por los cárteles latinoamericanos de drogas, mafias especializadas, inmigración ilegal y un largo etcétera que necesita de una revisión profunda de la legislación vigente para cumplir con el objetivo institucional de la reeducación y reinserción social de los reclusos", ha abundado el dirigente sindical.
Así, Rojas ha indicado que, entre las principales reivindicaciones que realiza el Sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF Andalucía, se encuentra la de modificar infracciones disciplinarias como sanciones a los internos en la que se incluya una nueva catalogación de las infracciones y el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los profesionales penitenciarios.
Además, ha reclamado la implementación de medidas destinadas a incrementar la protección de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias frente a las eventuales agresiones por parte de internos.
Igualmente, el dirigente sindical ha pedido el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. "Un agente de la autoridad es cualquier funcionario público que tiene como misión ejecutar las decisiones y mandatos de la autoridad", ha abundado.
"De esta manera, se acabaría con el recelo permanente y constante sobre lo que el funcionariado de prisiones haya realizado sobre los propios partes de hechos que los funcionarios de vigilancia hayan elaborado", ha apostillado Rojas.
--EUROPA PRESS--
