ALMERÍA.- En relación a las manifestaciones realizadas por los sindicatos SATSE, SAE, FATE y Sindicato Médico, sobre la situación laboral en los centros del sistema sanitario público en Almería, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales desea aclarar:
En 2012 el Gobierno central impuso un aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, con el único objetivo de disminuir las contrataciones y reducir personal en todo el sector público. Ante esta medida, que habría supuesto el despido de más de 7.000 eventuales en la sanidad pública andaluza, la Junta de Andalucía optó por reducir los contratos de los eventuales estructurales al 75%, con el fin de evitar los despidos de los trabajadores eventuales.
Se trata de una medida transitoria que, tal como se comprometió la Presidenta de la Junta de Andalucía, ya ha empezado a resolverse. Tal es así que, desde el pasado 1 de marzo, cerca de 10.000 eventuales estructurales han recuperado el 100% de su jornada laboral y salario y los que restan también serán nombrados al 100% de la jornada antes de que finalice el año. De esta forma, en 2016 no se realizarán nombramientos de reducción de jornadas por motivos económicos y sólo quedarán en jornada reducida los sustitutos y los refuerzos que por necesidades asistenciales así deban ser.
Así, los contratos al 50% o al 35% a los que aluden los sindicatos corresponden únicamente a profesionales que están cubriendo reducciones de jornada del personal fijo. Esas contrataciones se realizan para hacer compatible el derecho de los trabajadores a solicitar una reducción de jornada, con el mantenimiento de la calidad asistencial.
Hay que recordar que en Andalucía se está desarrollando este año la mayor oferta de empleo sanitario del conjunto del país, con la convocatoria de 3.282 plazas, y que, en consonancia con los sindicatos del sector, se ha solicitado la eliminación de la tasa de reposición para las ofertas públicas de empleo en sanidad. En paralelo, se ha puesto en marcha un concurso de traslado - que se va a resolver antes de la incorporación de las personas que superen la oferta de empleo público-, en el que se han ofertado 4.604 plazas para permitir la movilidad entre centros del personal actual, lo que va a incidir favorablemente en la conciliación de la vida personal y laboral.
A ello hay que añadir la Bolsa Única de Empleo –con más de 350.000 inscritos en la actualidad-, un mecanismo que cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales del sector y que permite cubrir con total inmediatez cualquier necesidad temporal de personal cualificado en los centros, asegurando la igualdad de oportunidades entre aspirantes de cada categoría profesional.
Frente a otras comunidades autónomas que han optado por la privatización, el cierre de centros o la reducción de servicios y prestaciones, la prioridad de la Junta de Andalucía ha sido la de mantener y ampliar la cartera de servicios y garantizar la universalidad de la asistencia. Para ello, se ha recurrido a medidas innovadoras, como la selección pública de medicamentos, que permite avanzar en la eficiencia económica del sistema sanitario público en Andalucía, con un objetivo de ahorro anual de 200 millones de euros, sin que resienta la asistencia a los ciudadanos.
