sábado 15/5/21

Junta defiende sus protocolos ante la sentencia que le condena tras la agresión a un alumno en Olula del Río

La delegada de Educación en una rueda de prensa en Almería



La delegada de Educación de la Junta en Almería, Francisca Fernández, ha defendido este lunes la actuación seguida por la Administración andaluza tras la agresión a un menor de 12 años en el instituto 'Rosa Navarro' de Olula del Río (Almería) por la que la Consejería ha sido condenada como responsable civil solidaria ya que "tenía constancia de la situación de peligro" en la que se encontraba el menor, según la sentencia.

"Cuando se toman decisiones y se valora por parte de todos los profesionales de una comisión de convivencia cuáles son las medidas, se hacen porque se consideran que son las más adecuadas", ha manifestado en declaraciones a los medios la delegada, quien ha señalado que la Delegación "acata" la sentencia, que le obliga al pago conjunto de una indemnización de 4.546,75 euros, aunque no ha podido precisar si los servicios jurídicos se personarán en el caso para recurrir el fallo.

La delegada ha indicado que la actuación que se siguió ante este caso se derivó de los informes que se le hicieron llegar a la Delegación. "Si la comisión de convivencia del centro, asesorada por todas los profesionales que participan, consideraba que las medidas habían sido las adecuadas, ellos están ahí, están en el contexto, valoran la situación y evidentemente me tengo que basar en esos informes", ha justificado.

En este sentido, ha incidido en que ni ella misma ni los inspectores ni los jefes de servicio se encontraban en el instituto. "Si los informes dicen que se han ido siguiendo las pautas, eso se asume", ha añadido Fernández, quien ha insistido en que las actuaciones que se llevaron a cabo en base a esos informes "son las que el centro y la comisión de convivencia consideraron que eran pertinentes".

La delegada, quien ha aludido a la Ley de Protección del Menor para evitar explicitar qué medidas fueron las que se pusieron en marcha al detectarse la agresión, ha añadido además que "nunca" se ha perdido el contacto con la familia del perjudicado, aunque ha recordado que la Delegación de Educación no es un órgano "unipersonal" y se extiende por otros servicios como el de atención domiciliaria, a través del cual el adolescente recibe clase.

Con ello, ha asegurado que ella misma está a disposición de las familias, especialmente para atenderlas "en un clima de trabajo constructivo" y para trasladar la información que precisen "en los contextos más apropiados para garantizar la intimidad y privacidad de cualquier circunstancia que haga alusión a un menor". "La Ley del Menor nos obliga a todos, a la Delegación y a la Consejería, pero también a familias, a profesionales juristas y a todo el mundo", ha apostillado.

"LA ESCUELA NO ES EL OJO POR OJO"

La responsable provincial de Educación ha defendido el papel de la institución educativa a la hora de aplicar medidas para mantener la convivencia en los centros pese a que haya quienes consideren que las medidas correctoras son "muy laxas" y exijan otras "más contundentes" porque no consideran suficiente "una expulsión de un mes o una semana" o "un programa de reeducación en acción tutorial para enseñar habilidades sociales o autorregulación emocional a un alumno".

"El objetivo de la escuela no es el ojo por ojo", ha dicho Fernández después de incidir en que un colegio o un instituto "no es un correccional ni un centro de menores", por lo que las medidas sancionadoras a aplicar deben ser las que permitan el régimen disciplinario del centro. Del mismo modo, ha recordado que hay que "pensar siempre" que los agresores "son niños y niñas que tenemos que reconducir desde el punto de vista de reeducar su comportamiento"; una cuestión que "a veces las familias no lo entienden", según ha apreciado.

La delegada territorial ha recalcado la necesidad de ser "rigurosos" en la aplicación de actividades preventivas y los protocolos, para lo que existe actividad formativa entre el profesorado, puesto que los mismos no siempre concluyen en casos de acoso escolar, que suponen el 0,03 por ciento del total según los datos del Observatorio Andaluz de la Convivencia. No obstante, la misma delegada ha separado el acoso escolar, que es un hecho "reiterado y siempre protagonizado por las mismas personas", de las agresiones en las aulas, que también precisan de medidas de protección.

De esta manera, la delegada ha asegurado que los protocolos siguen abiertos en otros casos conocidos recientemente en Alhama de Almería o en Aguadulce, donde también se han dado a conocer principalmente por parte de los progenitores de los afectados agresiones físicas y verbales a alumnos.
--EUROPA PRESS--

Junta defiende sus protocolos ante la sentencia que le condena tras la agresión a un...
Comentarios
Entrando en la página solicitada Saltar publicidad