ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)/MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Más de una veintena de activistas de Greenpeace han irrumpido este martes, sobre las 7.00 horas, en la sede central que la empresa El Pozo tiene en Alhama de Murcia para exigir que la empresa apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial, según han informado fuentes de la organización ecologista.
Con mensajes como '#MacrogranjasNO, moratoria ¡YA!', activistas y escaladores de la organización han 'tomado' distintas zonas de las instalaciones y han solicitado una reunión para pedir a esta empresa que no abra nuevas macrogranjas, ni amplíe las existentes.
Asimismo, demandan que se desarrolle un plan de reducción del número de animales, como única forma eficaz de reducir "el impacto ambiental de la marca".
El responsable de la campaña de agricultura y ganadería de Greenpeace España, Luís Ferreirim, ha reconocido que "esta instalación da trabajo, y respetamos a la plantilla", pero "la única verdad es que cada vez hay menos ganaderos en el país, porque todo queda en manos de menos familias".
El número de cerdos en el país no para de crecer. En 2020 ya sobrepasaban los 32 millones, con un crecimiento del 21,5 por ciento en sólo cinco años.
Por todo ello, Greenpeace reclama establecer una moratoria a la ganadería industrial de, al menos, cinco años en la que no haya ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes; desarrollar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50 por ciento menos en 2030; y fomentar y adoptar la 'dieta de salud planetaria' que lleve a una reducción del consumo de carne hasta alcanzar un máximo semanal de 300 gramos a la semana por persona, así como de los demás alimentos de origen animal.
De acuerdo con los datos de las evaluaciones ambientales registradas, Cefu, la rama productiva de Grupo Fuertes (El Pozo) cuenta con 29 explotaciones propias, tres de ellas en Andalucía, 12 en Murcia y 14 en Castilla-La Mancha, además de cerca de otras 700 empresas integradas.
La ONG denuncia con esta acción la "connivencia entre empresas y adminsitraciones" que deja a la población en situación de "total indefensión" por la falta de controles. La protesta se suma a la presentación la semana pasada de un informe realizado a partir de mediciones de agua por parte de ciudadanos voluntarios que asegura que más de la mitad de las aguas subterráneas de España analizadas por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos.
