Internet es un océano repleto de pirañas. Reflejo de la sociedad, el ciberespacio reúne a lo mejor y a lo peor de la misma. Puedes hacer todo lo que se te ocurra desde un ordenador, un teléfono móvil o una tablet: realizar la compra semanal, consultar la cartilla bancaria, conectarte a una reunión del trabajo o planear un viaje con todo lujo de detalles… Eso es el lado positivo, pero es que la lista no termina ahí. También hay cabida para lo malo y sin comerlo ni beberlo, el día menos pensado puedes picar en el anzuelo de un ciberdelincuente y terminar siendo víctima de una estafa.
Ofertas estrambóticas que invitan a clicar, coches de ocasión que parecen un chollo, paquetes de SEUR o Correos que están bloqueados y hay que pagar para poder recibir, páginas que se hacen pasar por ONGs para captar donaciones… Las artimañas de los delincuentes son de lo más variopintas y lo más grave es que este tipo de actividades se han disparado desde el inicio de la pandemia.
Y es que el tiempo en casa durante los meses de cuarentena no ha pasado en balde para los estafadores, que se las han arreglado para seguir cometiendo sus engaños. Es más, según datos aportados por la Guardia Civil los delitos de estafa en Internet aumentaron al menos un 70% durante el confinamiento. Todo ello, aprovechando que “era un momento en el que la gente estaba más conectada y sensible que nunca”.
Impera la impunidad
A pesar de este incremento en el número de delitos, los métodos para atajarlos y combatirlos no terminan de evolucionar y según declaraciones de Juan Sotomayor para el diario ABC “la impunidad del cibercrimen es casi absoluta y los que cometen delitos lo saben”, reconoce el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO).
Es más, él mismo reconoce que “ningún ámbito delictivo está creciendo en torno al 40% anual como es este caso”; además, según el VII Informe sobre Cibercriminalidad del MInisterio del Interior, de los 220.000 hechos delictivos que se registraron en 2019 tan solo 31.000 se esclarecieron y 9.000 finalizaron con investigaciones o detenciones. Esto quiere decir que tan solo un 5% de los delitos registrados en Internet terminan en juicio.
Posibles soluciones
Con el afán de otorgar una posible solución a aquellos internautas perjudicados, el abogado Guillermo Pérez Gómez, socio director de Larson & Co., recomienda en primer lugar “contactar rápidamente con la entidad bancaria del afectado para bloquear las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias para evitar futuros robos” y acto seguido “denunciar a la policía y dejarse asesorar por especialistas en la materia”. Mientras que también será interesante “cambiar todas las contraseñas de las cuentas que se hayan podido ver afectadas”.
Bajo su punto de vista “la ciberdelincuencia es una materia muy especializada que merece de unos conocimientos muy específicos por lo que lo mejor es ponerse en manos de profesionales altamente cualificados”. Ellos serán los encargados de guiar al afectado en el proceso desde una correcta recogida de pruebas hasta hacer visible el delito que se ha cometido.
No obstante, el letrado no ignora la realidad y si bien reconoce “el alto grado de impunidad que existe en los delitos en la red”, también asegura que “poco a poco se va ganando terreno y no podemos dejar de trabajar para tratar de dar caza a todo aquel que realiza conductas ilícitas en internet”.
No picar el anzuelo
Por ello insta a dedicar especial atención a nuestras conductas a la hora de navegar por internet y tener especial cuidado a la hora de compartir datos personales o bancarios en cualquier tipo de portal web. Fruto de la concienciación social y del trabajo preventivo enfocado en no picar en las trampas que tienden estos ciberdelincuentes se logrará que estos delitos disminuyan.
Pero no bastará con eso. Guillermo Pérez considera interesante contemplar la posibilidad de fijar “una normativa específica para Internet, que sea común para todos los actores y se ajuste a un mundo tan globalizado como el online”. Y es que en ocasiones es bastante frecuente toparse con que los delincuentes operan desde un país ajeno a España y muchas de las denuncias o investigaciones se pierden a raíz de “las estructuras judiciales y legislaciones ancladas en el terreno, que además no permiten acceder a información de forma transfronteriza sin requerimientos que demoren excesivamente el proceso”.
