viernes. 29.03.2024

Seis entidades se querellan contra la manifestación neonazi de Chueca (Madrid) por un delito de odio

Las entidades Apoyo Positivo, CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/Sida) COGAM, Imagina Más, Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado, en compañía de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid han interpuesto este martes una querella criminal contra los integrantes de la manifestación neonazi celebrada el pasado sábado en Chueca.
Seis entidades se querellan contra la manifestación neonazi de Chueca por un delito de odio

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Las entidades Apoyo Positivo, CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/Sida) COGAM, Imagina Más, Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado, en compañía de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid han interpuesto este martes una querella criminal contra los integrantes de la manifestación neonazi celebrada el pasado sábado en Chueca.

Representantes de estos colectivos han acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla, respaldados por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, el diputado de Más Madrid en la Asamblea Eduardo Fernández Rubiño, el diputado socialista Santiago Rivero y la diputada de Podemos Paloma García Romero.

La presentación de la querella supone el cierre de las diligencias abiertas ayer por la Fiscalía de Madrid por la comisión de un delito de odio, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas. La incoación de oficio se hizo en coordinación con el Fiscal de Sala Delegado de Odio y Discriminación.

Desde la Coordinadora Estatal de VIH-Sida CESIDA han manifestado su rotunda condena a "las proclamas violentas de carácter serófobas, homófobas y racistas vertidas por los organizadores y participantes en la manifestación ultraderechista".

Toni Poveda, director de CESIDA, ha señalado que "este tipo de discursos de odio, que en el caso de las personas con el VIH creín ya desterrados de la escena pública", pone de manifiesto "la reactivación de grupos ultras".

"La irrupción de formaciones de extrema derecha están normalizando en el discurso político público la discriminación y la violencia hacia sectores de la sociedad española especialmente vulnerables. Por ello, nos hemos unido para presentar una querella criminal para que se depuren responsabilidades por estos hechos inaceptables", ha declarado Ramón Espacio, presidente de CESIDA.

A su llegada, Maestre ha destacado que Más Madrid ha querido estar arropando a estas entidades en lo que entienden que es una batalla "cultural, democrática y de primera orden como es la batalla por defender ciudades libres y seguras como Madrid, una ciudad donde no haya espacio para los discursos de odio".

Tras ello, ha recordado que el odio no surge de manera espontánea, sino que surge "cuando alguien señala y cuando alguien estigmatiza". "Y eso se hizo por las calles de Chueca pero también se hace desde tribunas y escaños en los que de forma diaria se criminaliza, se señala a colectivos, a las personas LGTBI y a las personas migrantes en Madrid", ha censurado.

Por ello, ha exigido a la Delegación de Gobierno en Madrid y a la Comunidad de Madrid que no permitan que "haya ni un sólo centímetro de compadreo con los discursos de odio" porque hay que combatirlos y abordar un problema estructural que es la violenta LGTBfóbica". "Hay que prevenir y aislar a los que difunden discursos de odio", ha aseverado.

Por su parte, Rubiño ha señalado que es muy "positivo" que la Fiscalía investigue pero cree que es "aún mejor" que los colectivos y los principales afectados de esos delitos de odio se personen para que "la Justicia ponga en su sitio a quienes han cometido esta clase de tropelías".

Además, ha considerado que "hay una responsabilidad política cuando todos los días se ve cómo desde las instituciones se vierte discursos de odio que después valen para "envalentonar a los matones". "Las cosas no caen del cielo", ha dicho criticando al PP por amparar y blanquear discursos de Vox.

Asimismo, ha criticado que la Delegación de Gobierno en Madrid ponga una sanción de 600 euros a los convocantes, lo que consideran que "no soluciona el problema" porque no entienden por qué se avaló ese recorrido que podría causar problemas.

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