La Audiencia Provincial ha declarado en rebeldía a los dos ciudadanos argelinos que iban a ser enjuiciados este jueves acusados de patronear una patera con 26 personas a bordo, entre ellas 15 menores.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que uno de los procesados estaba en busca y captura por orden del juzgado instructor mientras que el segundo estaba citado a la vista oral pero no ha comparecido, por lo que se le ha declarado en rebeldía, mismo estatus dado a su compañero.
M.B., de 23 años, y M.H., de 21, se enfrentan a una petición fiscal de seis años de prisión como presuntos autores de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Según indica el escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, ambos se habrían puesto de acuerdo para organizar la travesía "con pleno conocimiento" de estar obrando contra la ley y con "intención de enriquecerse de forma ilícita".
El Ministerio Público atribuye a uno de ellos la función de dar "órdenes e instrucciones" a los ocupantes de la embarcación y de conducirla, en alternancia con el segundo, y les reprocha que se hicieran a la mar "sin las más mínimas medidas de seguridad".
Así, señala que la patera era de "muy pequeñas dimensiones y totalmente inadecuada para el transporte de personas" ya que tenía seis metros de eslora y dos metros de manga con un motor de 40 cv.
Partió a las 02,00 horas del 7 de septiembre de 2016 desde la costa de Argelia "sin iluminación alguna ni tampoco ningún elemento que sirviera para comunicarse con el exterior en caso necesario", detalla.
El fiscal añade que "no había ningún chaleco salvavidas, ni cualquier otro elemento que pudiera servir para prevenir cualquier contingencia que se pudiera presentar", por lo que, según remarca, "las vidas y la integridad física de los ocupantes se pusieron en concreto peligro".
La embarcación fue interceptada por la Guardia Civil a las 17,00 horas del 8 de septiembre de 2016 a unas tres millas náuticas de Punta Polacra, en Níjar. A bordo viajaban 26 personas, 15 de ellas menores, que habían pagado por su "introducción en España al margen de la ley".
--EUROPA PRESS--
