Imagen de la operación de la Guardia Civil
ESPAÑA.- La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a setenta y cinco personas e investigado a otras veintinueve como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE. La Guardia Civil trata ahora de determinar la responsabilidad de otras personas en estos hechos.
Las investigaciones fueron iniciadas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas en diciembre de 2015, al denunciar un vecino de Villanueva de los Infantes que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos ubicado en localidad ciudadrealeña de La Solana.
La Guardia Civil descubrió la existencia de anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de esta transferencia sin que el denunciante prestara consentimiento alguno y realizó una inspección al establecimiento
En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva, sospechando que con todos ellos se hubieran realizado actuaciones similares a las descritas.
Después de un primer análisis de la documentación incautada se pudo determinar que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas por la compra de vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente del Plan PIVE, destinado a la renovación del parque automovilístico nacional para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba con arreglo a las bases de cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con una determinada antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado hasta marzo de 2015, fecha a partir de la cual el Plan PIVE- 7 exigió ya que aquella hubiera sido de, al menos, un año.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas tomó manifestación individualizada a todos y cada uno de los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en las 350 documentaciones incautadas en el desguace, quienes pensaban que habían sido dados de baja al entregarlos en él.
También cotejó las documentaciones intervenidas con los obrantes en las distintas jefaturas provinciales de Tráfico que las habían tramitado, descubriendo que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar la transferencia, sellados por distintas gestorías, habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. En el transcurso de la investigación se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida
