Hotel de El Algarrobico
El Defensor del Pueblo Andaluz va a llevar al Parlamento una queja ante la falta reiterada de respuesta de la Junta de Andalucía desde 2017 a sus requerimientos para que informe sobre cómo y cuándo va a formalizar el derecho de retracto sobre el Algarrobico, en Carboneras (Almería), para hacerse con la posesión de las fincas en las que está construido el hotel de Azata del Sol.
La institución considera que debe haber "consecuencias legales" a la citada falta de respuesta por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y acuerda, al amparo del artículo 29.2 de la ley que lo regula, incluir la queja en el informe anual que eleva al Parlamento de Andalucía.
La resolución, consultada por Europa Press, indica que la petición de información acerca del derecho de retracto que la Junta andaluza ejerció en 2006 por 2,3 millones de euros, se formuló por primera vez el 9 de julio de 2018 y que, transcurrido "ampliamente el plazo" para contestar, se instó otra vez en dos ocasiones respuesta.
En concreto, se hizo mediante escritos de 30 de agosto de 2018 y 25 de febrero de 2019, y, en ellos, "se le informaba" a la consejería competente "de las consecuencias legales de la falta de respuesta a nuestra resolución".
La citada resolución, dictada a instancias de una queja presentada por el colectivo 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar" recordaba a la administración cual es su "deber legal" y le recomendaba "dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos presentados" por la citada asociación conservacionista "informando de ello" al Defensor del Pueblo andaluz.
La institución, que archiva el procedimiento, resuelve, tras todo esto, llevar la queja en el informe anual al Parlamento andaluz, "destacándola en la sección correspondiente del mismo, dando cuenta de la falta de respuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a la resolución".
En su queja, la asociación ecologista informaba al Defensor del Pueblo andaluz de no había tenido acceso a esta información pese a que la solicitó oficialmente y pedía que el órgano que dirige Jesús Maeztu abriese una investigación para determinar cuándo se piensan adoptar las pertinentes acciones legales y administrativas por parte del Gobierno andaluz para ejercer ese retracto, "necesario", según remarcaba, para que se ejecuten los compromisos firmados con el Ministerio de Medio Ambiente para la demolición del hotel y la restauración paisajística de este tramo de litoral protegido.
Cabe recordar en el seno de la última comisión mixta entre Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y la Junta de Andalucía se abordaron las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obligaba a la Junta a iniciar un pleito por vía civil para conseguir la inscripción registral a su nombre de las fincas que componen el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.
El Supremo acordó desestimar recurso del Gobierno andaluz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en 2015, denegó al Gobierno andaluz de Susana Díaz la autorización para entrar y tomar posesión de El Algarrobico en cumplimiento del derecho de retracto que ejerció en 2006 por 2,3 millones de euros.
La ejecución efectiva del retracto resulta clave para determinar los pasos que ha de dar la Administración para dar cumplimiento al protocolo conjunto firmado en 2011 con el Ministerio de Medio Ambiente para la demolición del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones, así como para la restauración paisajística de la playa.
'Amigos del Parque natural Cabo de Gata-Níjar' pedía en concreto a la Junta andaluza copia del informe elaborado por los servicios jurídicos y que se abordó en esa reunión para decidir cómo se iba a tomar posesión de los terrenos.
En la actualidad están pendiente de sustanciar dos procedimientos judiciales encaminados a acelerar la demolición del establecimiento de Azata del Sol. Uno, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería en el que se alega que el hotel no dispone de licencia municipal de obras ya que la que se le concedió en el año 2003 ha incurrido en causa de "caducidad insubsanable", por lo que el Ayuntamiento estaría obligado a abrir expediente de demolición para que se proceda a su derribo.
El otro procedimiento, en la misma línea, se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a instancias de Greenpeace, que añade que las obras del inmueble, ejecutado a más del 90 por ciento, "no se pueden reanudar" y que, por tanto, procede la "demolición para restablecer la legalidad al ser manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística".
--EUROPA PRESS--
