miércoles. 12.06.2024

Salvador Hernández a su salida de la vista oral

TELEPRENSA.- Salvador Hernández no se ha salvado.. El alcalde de Carboneras ha sido condenado a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito contra los derechos cívicos, por negar información de forma sistemática al concejal socialista José Luis Amérigo. Es más, el magistrado Luis Miguel Columna Herrera cree que el secretario municipal, F.J.R.R., ha mentido durante la causa y acuerda que se deduzca testimonio contra él ante el Juzgado Decano de Almería por un presunto delito de falso testimonio.


Así, Columna Herrera considera probado que el regidor impidió “constantemente la labor de oposición del concejal” y que al menos desde el 5 de septiembre de 2011 hasta el 10 de junio de 2014, actuó de esta manera de forma “deliberada”, de forma que al edil socialista le eran notificadas e las actas de las Juntas de Gobierno de forma habitual en plazo superior a dos meses, en lugar del plazo legal de diez días, “impidiendo real y efectivamente de forma sistemática el acceso a la información solicitada en multitud de ocasiones por el mismo acusado”.


“Dichas peticiones de información versaban sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales, impidiendo así con la actuación del acusado la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición”, dice el juez, quien apunta que José Luis Amérigo presentó 26 peticiones de información de las que “no consta que hubiera recibido los expedientes en el momento de interponer la denuncia” entre el 13 de diciembre de 2012 y el 7 de julio de 2014.
“En conclusión, si el alcalde de la localidad de Carboneras no entregó la documentación solicitada en las innumerables peticiones de información formuladas, en bastantes ocasiones, hasta al menos en 26, por el concejal, ni entregó a éste los documentos reiteradamente solicitados por escrito, conociendo el alcalde dichas solicitudes y peticioens y con dicha actitud pasiva se entorpeció la transparencia de la gestión pública del Ayuntamiento que presidía, es evidente que el mismo ha incurrido en un delito de atentado contra los derechos cívicos de la persona”, añade.


Columna Herrera sostiene que “en un sistema democrático la oposición puede ser -y de hecho debe ser- molesta para quien ejerce el poder, al realizar sus labores de control, pero ello no legitima en absoluto la utilización abusiva de las facultades de gobierno para entorpecer y obstaculizar su función, impidiendo el ejercicio de derechos que las leyes expresamente reconocen y que son inherentes al ejercicio del fundamental derecho a la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos”.


Respecto actas, afirma Columna Herrera que es “cierto es que es bastante mejorable el tiempo que se tardaban en redactar, no siendo de recibo que un acta se entregue como media dos meses después de celebrado el acto al que se hace referencia”, aunque apostilla que “es de reseñar que la redacción de la misma corresponde al secretario, debiendo ser a éste a quién se le exijan responsabilidades al respecto, no al alcalde, que se limita a darles el visto bueno una vez confeccionadas”, así como que “no consta una vez las tuvo en su disposición retrasare de forma deliberada su entrega al denunciante”.


No opina lo mismo sobre los “ muchos, muchísimos expedientes” que no se le entregaron al denunciante, “dándose la paradoja que algunos de ellos aún no los ha recibido”, afirmando que Amérigo siempre recibía como respuesta: "No se lo damos sin autorización del alcalde", "sin orden del alcalde no se lo damos", de parte de los funcionarios.


“Tenemos el dato objetivo de que los expedientes no fueron entregados y que cuando se dejó rastro documental en la comparecencia que se hizo ante el secretario , todo fueron prisas para dárselos", añade el magistrado, quien apunta que no se puede consentir que se tarde “tanto tiempo en entregar un expediente y, mucho menos, que no se llegue a entregar... pues eso sí que es atentar contra los derechos cívicos del reclamante”.


“No podemos considerar que esos retrasos se deban a un "formulismo" en la forma de trabajar del Ayuntamiento. Señala que funcionarios preguntados dicen que si el alcalde solicita un expediente "a lo sumo en dos o tres días se le da". Lo mismo se debe hacer con el resto de concejales”, concluye.

Condenan a tres años de inhabilitación al alcalde de Carboneras por negar información...
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